Piden 19 años de prisión para un sexagenario por abusos a menores en Andorra

La Fiscalía pidió una pena de 19 años de prisión para un sexagenario jubilado por dos delitos de abusos sexuales a menores y otro contra la salud pública. Las víctimas fueron dos adolescentes de 13 y 14 años y los hechos ocurrieron en Andorra, en la vivienda del acusado, que frecuentaban también otros menores de edad a los que ofrecía el consumo de marihuana, según declararon varios de los testigos.

El caso quedó el martes visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Teruel, hasta donde el acusado fue conducido desde la cárcel de Zuera, ya que se encuentra en prisión preventiva por estos hechos desde febrero de este año cuando fue detenido. Aunque inicialmente estaba en la prisión de Teruel, fue llevado a Zaragoza por un incidente que protagonizó en el centro penitenciario turolense.

El ministerio público elevó a definitivas su informe inicial y mantuvo las penas de 19 años en total al entender que durante la vista había quedado demostrado que abusó sexualmente de las menores, además de haber incurrido en un delito contra la salud pública al proporcionar marihuana a los adolescentes que frecuentaban su casa, en la que vivía solo.

La defensa mostró su disconformidad y pidió la libre absolución de su representado, al entender que las declaraciones de los menores habían sido “contradictorias” en unos casos e “inciertas” en otros, además de estar “falseando la realidad”.

El acusado, de 66 años en el momento en que ocurrieron los hechos y cuyo nombre responde a las iniciales J. E. A. G., negó todos los extremos y en el turno final de palabra que le dio el presidente del tribunal dijo que juraba “ante Dios y ante esta sala que yo no he tocado absolutamente a ninguna de estas chicas, al revés, las he protegido”, argumentando que tenían la manía de autolesionarse y que en un caso le engañaba su pareja. 

Aseguró que lo dicho en el juicio eran mentiras y contradicciones, y reprochó a la fiscal por su interpretación de los hechos, “que no sé cómo lo ha entendido”, lamentándose además de que durante su estancia en prisión le hubiesen pegado, habiendo intentado suicidarse y siendo enviado a la prisión de Zuera “por nada”.

“Yo soy inocente”, reiteró en su intervención final el acusado, cuando se quejó de su situación actual en un momento en el que pensaba tener una jubilación tranquila y en lugar de eso está encarcelado. Sobre su relación con los adolescentes que frecuentaban su casa dijo que “lo único que quería era un poco de compañía”, y que quienes le visitaban no solo eran menores sino vecinos y amigos. “¡Que me vengan con estas barbaridades!”, se quejó.

Por el delito continuado de abusos sexuales a una de las menores el ministerio público pidió 5 años de prisión, y otros 10 años por el cometido contra otra de las víctimas, además de la prohibición de aproximación y comunicación por el periodo de 10 años, y en concepto de responsabilidad civil 3.000 euros para cada una de ellas. Los otros 4 años que solicitó la Fiscalía son por el delito contra la salud pública.

Tras las testificales del juicio, la fiscal argumentó en su informe final que “sí que hubo una serie de tocamientos de naturaleza sexual respecto a las niñas”, y aunque pudo haber un supuesto consentimiento, observó que al ser menores de 16 años no tenían capacidad de consentir relaciones sexuales.

El ministerio público incidió en la diferencia de edad entre las víctimas y el acusado, 53 años en uno de los casos y 52 en el otro. Señaló a este respecto que atendiendo al grado de desarrollo y madurez de las partes, el autor no estaría exonerado de responsabilidad criminal.

Aunque el grado de abuso hacia las dos menores fue distinto, en uno de los casos con tocamientos más íntimos, según la acusación, la fiscal observó que la conducta del acusado tenía un “inequívoco contenido sexual”.

En cuanto al delito contra la salud pública, argumentó que los menores habían reconocido que que él les proporcionaba marihuana, que unos aceptaban y otros no, y que un testigo también reconoció que en una ocasión llevó marihuana a un tercero por indicación del acusado. La fiscal recalcó la gravedad de los hechos al tratarse de menores.

El abogado de la defensa argumentó que en el registro de la casa solo se encontró un gramo de hachís y 16 colillas de porros, y que los 6,5 gramos de marihuana hallados en la cochera podían ser de los chicos porque estaba abierta y entraban y salían a su voluntad, cuando el acusado niega que fueran suyos. El letrado argumentó que tráfico de drogas no había existido, y sobre los supuestos abusos a las menores dijo que “las pruebas no avalan que realmente estos hechos ocurrieran”, achacándolo a cierto resentimiento.

En la vista se vio que era habitual que varios adolescentes frecuentaran la vivienda del jubilado, bebían alcohol y fumaban, tanto cuando faltaban de clase como en otras ocasiones. El acusado negó que hubiera vendido droga y que hubiera cometido abusos por su parte, solo que una vez a una de las menores le hizo un “masaje y nada más” porque le dolía la espalda por el peso de la mochila con los libros, que los acabó echando de su garaje y que una de las adolescentes le amenazó que se iba a acordar de ella.

Los hechos se remontan a octubre del año pasado aunque la denuncia se presentó en febrero de este año después de que la hermana de una de las chicas se lo contara a su madre.

Reprochan a la prensa no tener vergüenza por realizar su trabajo

Una persona que no se identificó, probablemente un familiar del acusado de abusos sexuales a menores, reprochó a los periodistas que tirasen fotografías del mismo cuando era conducido esposado por agentes de la Policía Nacional a la sala de vistas, amenazándoles para que no publicasen las fotos e increpándoles con las siguientes palabras: “¿No se os cae la cara de vergüenza?”. El propio acusado se paró y se giró desafiante.