La central de Andorra dejará de generar en un mes, sin tiempo para que llegue la Transición Justa

El temido año 2020 ya está aquí. Aunque el desenchufe de la central térmica de Andorra no se efectuará oficialmente hasta el 30 de junio porque tiene que quedar disponible por razones de fuerza mayor, el gran descenso en el empleo llegará a partir de febrero, cuando todas las previsiones apuntan que al ritmo actual de generación se quedará sin carbón que suministrar a las calderas. Para entonces aún no habrá abierto ninguna de las industrias con las que el Gobierno de Aragón calcula generar en el mejor de los casos 300 empleos, por lo que se teme un éxodo de población que, en este momento y sin la certeza de que el proyecto de Endesa para la creación de un gran parque solar vaya a fructificar, tan solo Samca es capaz de frenar con la inminente apertura de sus plantas de fertilizantes y cerámica en Ariño y Alcorisa. El nuevo Gobierno de España deberá tomar la transición justa de las comarcas minero-eléctricas como una prioridad y agilizar unos Convenios de Transición Justa cuyo primer borrador podría llegar a finales de febrero. 

La cuenca minera se debate entre la resignación y el optimismo; entre la realidad palpable que ya está invitando a emigrar y los proyectos empresariales que el Ejecutivo autonómico y empresas solventes como Samca, Endesa o Forestalia han anunciado en los últimos meses. Lo cierto es que en el último año Andorra ha perdido 161 habitantes, bajando de 7.633 a 7.472.

“Mucha gente ya está en el paro y muchos negocios están cerrando”, subrayó el portavoz de la Plataforma de trabajadores de las subcontratas y por el futuro de Andorra, José Alberto López, quien explicó que empieza a cundir el “desánimo” y “la gente ya está invirtiendo en negocios y pisos por Zaragoza”. 

De los 153 trabajadores que tenía Endesa en la central en diciembre de 2018, está previsto que solo queden alrededor de 70 a 30 de junio de 2020. El resto serán recolocados o prejubilados, en virtud del convenio que salga de la mesa de arbitraje antes del 24 de enero. Las contratas aglutinan cerca de 200 trabajadores más que, en la mayor parte de los casos, serán despedidos. 

De “traición” y no de “transición” habla el secretario general de la Unión Comarcal de CCOO en Andorra, Antonio Jiménez, quien denuncia que no se ve ninguna realidad empresarial ni de infraestructuras “palpable” más allá de las plantas de Samca, que enjugarán el empleo perdido en sus minas de carbón hace un año. Para él, mientras no haya máquinas trabajando en los polígonos, todas las empresas anunciadas son “fantasma”. 

Más optimista se mostró el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, quien puso de manifiesto que la industria que convertirá en su localidad el polvo de carbón –leonardita– en fertilizante para la tierra “es una realidad” que abrirá la próxima primavera para crear 85 empleos, así como la fábrica que Gres Aragón –también del Grupo Samca– reabrirá en Alcorisa en marzo para crear medio centenar de puestos de trabajo.

Urge el Contrato

Aunque “las cosas van más lentas de lo que nos gustaría”, Noé da por buenos los plazos desde que el 23 de enero de 2019 la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, conociera la planta de fertilizantes sobre plano y hablara por primera vez del ansiado Contrato de Transición Justa que tiene que firmar el Gobierno central con el resto de administraciones con competencias en la zona y actores sociales y económicos. 

En aquel momento, la ministra –que en el gobierno PSOE-Unidas Podemos repetirá cartera– situó el documento para julio de 2019, por lo que llegará con un año de retraso. 

Noé pidió la “firma inmediata” de este convenio que “estamos trabajando” con una marcha más desde que Ribera visitara Zaragoza el pasado 21 de octubre. “Hubo una reunión multidisciplinar con administraciones, sindicatos y todos los agentes implicados”, entre ellos empresas, sindicatos, la Universidad de Zaragoza, centros educativos, asociaciones y ecologistas. En total, cerca de 60 organizaciones que tienen “algo que decir”, dijo Noé, a las que “se ha mandado un documento de trabajo” que marca las pautas y el calendario de este contrato que determinará el futuro socioeconómico de la zona. 

El proceso lo lidera Tragsatec, una filial de la empresa pública Tragsa de desarrollo rural y agrario especializada en ingeniería, consultoría y asistencia técnica. A finales de enero tiene previsto congregar a todos los agentes implicados en unas jornadas técnicas en Andorra de las que saldrá un informe final del proceso de participación pública que se viene desarrollando desde noviembre. El objetivo es que el 21 de febrero sea presentado este texto, base sobre la que se firmará el Contrato de Transición Justa.

Buscar fortalezas

Este proceso trata de buscar “fortalezas y debilidades” para dar con un diagnóstico certero que contribuya a la diversificación económica, explicó el alcalde de Ariño. 

Se antoja clave el aprovechamiento de los recursos endógenos, junto a unos polígonos industriales que han de estar bien dotados de servicios, telecomunicaciones y con buena salida a través de comunicaciones como la futura A-68. La Elevación de Aguas del Ebro, el aprovechamiento de la concesión de Endesa para la refrigeración de la térmica o el cargadero ferroviario también figurarán.

La ministra dijo en Zaragoza que el texto estaría listo definitivamente entre mayo y septiembre de 2020. Para entonces, el Ministerio ya habrá autorizado el cierre de la central y adjudicado la capacidad de evacuación a la red eléctrica de los 1.050 megavatios (MW) de la térmica al mejor postor. El 23 de noviembre, el Gobierno publicaba en el Boletín Oficial del Estado un real decreto por el que establece que en la concesión de acceso de evacuación en los nudos donde se acometan cierres de centrales térmicas se tengan en cuenta los criterios sociales –incluyendo la generación de empleo– y medioambientales. Las mismas premisas, así como el abastecimiento a la población, figurarán en el aprovechamiento de la actual concesión de agua del Guadalope.

Se trata de “medidas transversales” –en las que intervienen otros ministerios, como el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; de Industria, Comercio y Turismo; y de Hacienda– que tienen como objetivo prioritario “el mantenimiento y la creación de actividad y de empleo en la comarca a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, fijación de población en los territorios, y la promoción de una diversificación y especialización adaptada al contexto socioeconómico de la zona”, señaló en octubre el Ministerio en una nota. 

600 millones

Mediante este instrumento, se movilizarán 600 millones de euros a repartir entre las cuencas mineras aragonesas, asturianas y de Castilla y León. El Gobierno central destinará, en concreto, los “fondos clásicos” del Miner y “otras partidas que procederán de los fondos destinados a la reindustrialización, incentivos regionales, fondos específicos del IDAE (Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía) reconcebidos para las zonas en transición o recursos procedentes de los ingresos de subastas de derechos de emisiones”, explicó Ribera. En este punto, la ministra confió en que la Plataforma europea de Regiones Carboníferas consiga los 5.000 millones de euros que, según se baraja, podría repartir la Unión Europea entre las regiones en transición entre 2021 y 2027. 

“Han sido meses intensos en un contexto en el que, estando en funciones” y con presupuestos prorrogados, “no hemos podido ir todo lo deprisa que nos gustaría para activar algunos de los ámbitos”, reconoció la ministra.

“Un esfuerzo brutal”

En su visita a Andorra el pasado 30 de noviembre, el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, aseguraba que a esta concurrencia competitiva por los MW que liberará la térmica se iban a presentar “no dos, no tres, sino más proyectos” y se mostraba convencido de que ello enriquecería “la capacidad de atraer inversiones a la zona”. 

Aliaga se comprometió con los trabajadores de la térmica a hacer “un esfuerzo brutal por volver a atraer inversiones” a Andorra. 

El alcalde de Andorra, Antonio Amador, destacó el trabajo conjunto que realiza el Ayuntamiento con el Gobierno de Aragón de cara a la “elaboración de proyectos tanto de infraestructuras como empresariales”, y subrayó los esfuerzos de cara a la captación de empresas y la priorización de la zona para inversiones empresariales. 

Los municipios mineros exigen el desbloqueo del Miner

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, urgió al gobierno PSOE-Unidas Podemos “que firme cuanto antes” con las Comunidades Autónomas los convenios específicos de infraestructuras que aún colean del antiguo Plan del Carbón 2013-2018 para que ayuntamientos y comarcas puedan licitar proyectos como la ampliación del balneario de la localidad minera, que asegura 25 puestos de trabajo. 

El anterior gobierno del PP firmó el convenio general con el Gobierno de Aragón en marzo de 2018, pero no ejecutó los 250 millones de euros consignados en el anterior plan para este capítulo de infraestructuras y redujo la dotación a 133 millones. Posteriormente, la situación de interinidad del gobierno de Pedro Sánchez impidió firmar los convenios específicos. 

En Aragón, el bloqueo afecta a 27 proyectos para los que el Ejecutivo estatal y el autonómico aprobaron en diciembre de 2018 un total de 16,8 millones de euros (el 25% corre a cargo de la DGA), algunos tan urgentes como la ampliación del balneario de Ariño –generará 25 empleos con una inversión de 3,8 millones de euros– o la urbanización del polígono de Cuencas Mineras –1,1 millones de euros– para la instalación de Politer Reciclaje SL, una nueva planta de reciclado de plásticos del grupo Genepol que lleva asociados 35 nuevos empleos.

También están pendientes el nuevo centro de trabajo y economía social de Atadi en Alcorisa, las mejoras en el polígono de Calanda, la creación de un centro de día en Montalbán y un campin complementario al proyecto de Estercuel para hacer una galería de tiro y un parque de aventura.

Se actuará en los polígonos de Albalate para facilitar el asentamiento de industrias transformadoras de alabastro, se agilizará la adecuación del centro de interpretación íbero de Andorra, se ampliará la residencia de Albalate y se implantarán infraestructuras para la promoción de explotaciones ganaderas.

La mayor parte de estas iniciativas se ubicarán en la provincia de Teruel, salvo la residencia de Mequinenza (Zaragoza) que absorbe prácticamente un tercio de los 16,8 millones de euros presupuestados para crear 40 empleos.

En los convenios específicos figurará el coste global del proyecto, el plazo de ejecución y los compromisos de financiación por cada una de las partes. 

El plazo para la ejecución de todos ellos expira en 2023.