Parece ser que el Congreso de los Diputados se está planteando mejorar su accesibilidad ahora que tienen un portavoz con diversidad funcional física. Como siempre, se actuará a salto de mata.
En 2006 se aprobó por la ONU la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Unión Europea y España. Catorce años más tarde las cosas, en algunos aspectos, no han cambiado nada. También existen numerosas, a mi juicio demasiadas, legislaciones en nuestro país sobre la obligatoriedad de promover la accesibilidad universal por parte de las Administraciones Públicas. Todas ellas marcaron plazos de ejecución que nunca se cumplieron.
Es por eso que siempre que tengo ocasión recuerdo a los que nos gobiernan que la accesibilidad no es un capricho. Cuando se va a hacer alguna obra de envergadura en Teruel, procuro informarme como ciudadana para dar toques de atención si es necesario. A veces me escuchan, otras no tanto. La excusa que más oigo es que los proyectos están presupuestados y no pueden ser modificados.
Y mientras tanto, seguimos teniendo que pedir que se supriman las barreras arquitectónicas allá por donde vamos. Las buenas intenciones marcan nuestro camino, todavía no hay conciencia de que es nuestro derecho. De este modo, cuando se termina actuando, todo es urgencia y precipitación, y las soluciones suelen ser cutres y chapuceras. Rampas de madera, itinerarios laberínticos, elevadores que no funcionan, rebajes con pendientes imposibles… al final, la mayoría de nosotros termina dependiendo de personas amables que se prestan a ayudarnos siempre que haga falta.
Los poderes públicos no se percatan del desgaste emocional que nos generan estas situaciones. Es agotador pedir a cada paso que se cumplan las condiciones necesarias para tener libertad de movimientos.
Me emociona ver a un diputado con silla de ruedas eléctrica en el Parlamento, pero mejor me habría sentido si hubiera podido verlo ocupar desde el principio el escaño que le corresponde.