Recuerdo una batalla política épica que tuvo durante años enfrentado al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat de Cataluña por culpa de un simple semáforo. Más concretamente, el primero que uno se encontraba cuando accedía a la ciudad a través de la avenida Meridiana. Resulta que éste estaba a más de un kilómetro de distancia del límite municipal, con lo que el consistorio consideraba que esos mil metros de una calzada de ocho carriles dependían del Gobierno autonómico y no del municipal.
"¡Vaya tontería!", pensarán ustedes. Si les digo que todo se resumía en saber quién pagaba la factura a la hora de asfaltar semejante tramo seguro que entienden que ambas administraciones se pasasen la pelota. Al final se impuso la cordura y el Ayuntamiento accedió a poner más semáforos más cerca de su límite municipal y, de paso, tuvo que asumir los consiguientes gastos.
Se olvidaban las administraciones de que, al final, no eran ellas sino los ciudadanos los que estaban pagando ese asfalto... Y, quizás lo más grave: que durante años habían dividido a miles de vecinos que se veían obligados a utilizar unas gigantescas pasarelas de hierro para cruzar de lado a lado.
Este ejemplo sigue siendo el denominador común en un país donde un ciudadano puede estar regido hasta por nueve administraciones de diferente calado: el barrio, el distrito, el municipio, la comarca, la mancomunidad, la provincia, la autonomía, el Estado y, en última instancia, la Unión Europea. Soy de los que cree que cuanto más cercana es la administración al ciudadano, mejor se pueden resolver sus problemas... pero hay que plantearse dónde se pone el límite.
Las nevadas de los últimos días han demostrado que un turolense cualquiera, que paga sus impuestos para mantener hasta seis administraciones diferentes, tiene que resignarse a ver cómo una quitanieves se queda a escasos metros de su pueblo porque invade competencias municipales. Muchos vecinos, indignados, imploraban por una cuchilla para sacar ellos mismos la nieve con sus tractores y la respuesta era la misma: "Pregunte usted en la ventanilla de al lado..."
Las Administraciones (sobre todo las locales) tienen la obligación primero de resolver y, una vez resuelto, preguntar entonces quién paga la factura. Desde la calefacción del despacho oficial, la frialdad de los números puede parecer prioritaria... pero sobre el terreno, a uno se le congela el alma viendo ese "quiero y no puedo" de los que trabajan para ayudar a sus vecinos y se encuentran con un "no" procedente de las siempre impersonales "instancias superiores".No se olviden ustedes, señores que deciden en función de cuánto les va a costar mover un semáforo o paralizar una quitanieves, que su despacho, su moqueta y su sueldo lo pagamos entre todos.
Y la factura final también.