Imagínense un lugar en el que los ancianos están protegidos por un Estado que presume de tratar a todos sus ciudadanos por igual, atendiendo a los más desfavorecidos gracias a la discriminación positiva. Que en ese lugar también existe una ley de atención a la dependencia, que proporciona los apoyos necesarios para que los ancianos tengan una vida digna. Y que uno de esos apoyos es el ingreso en residencias públicas, cuya aportación económica sea proporcional a las posibilidades de cada uno.
Pero, imagínense que, por culpa de decisiones políticas irreflexivas y laberintos burocráticos insondables, algunos de esos ancianos pagan en proporción a sus pensiones y otros no.
Efectivamente, ese lugar es Aragón. Aquí, los ancianos que han necesitado ingresar en una residencia geriátrica, casi siempre han pagado su manutención con el 80% de su pensión. Sin embargo, durante un breve periodo de tiempo (32 meses), debido a la crisis económica, los nuevos ingresos debían pagar su plaza residencial en virtud de su patrimonio. Esta decisión conllevó que muchos, propietarios de sus viviendas y quizá de alguna tierra poco o nada rentable, tuvieran que aportar cantidades superiores a su renta.
La crisis remitió, el gobierno cambió y se decidió que los abuelitos volvieran a pagar según sus recursos. Pero, en contra del principio de igualdad, se determinó que todos los que habían entrado en una residencia durante aquel periodo, siguieran pagando según su patrimonio y por encima de sus posibilidades.
Desde entonces son numerosas las familias que están recorriendo un largo periplo burocrático, político y judicial. Pero es como predicar en el desierto. Los ancianos, cuya esperanza de vida es cada vez más alta, están agotando sus ahorros y nadie quiere solucionar el problema.
Todo es cuestión de dinero, y la comunidad autónoma no va a renunciar fácilmente a un bocado tan jugoso. Pero recuerden, procuren no enfermar ni envejecer con achaques, no somos todos iguales ni merecemos la misma ayuda.