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Jueves, 2 de abril de 2020
TERUEL

12/2/2020

Detenido en Azuara un matrimonio por el reparto clandestino de pizzas en 22 provincias, entre ellas Teruel

Se les considera presuntos autores de un delito contra la salud pública
Redacción
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Registro realizado por efectivos del Seprona de la Guardia Civil
Registro realizado por efectivos del Seprona de la Guardia Civil

Efectivos del Seprona de la Guardia Civil ha detenido a un matrimonio, de nacionalidad argentina y residente en Azuara (Zaragoza), como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras descubrir que se dedicaba a elaborar y comercializar a través de internet pizzas clandestinas. Dicho producto ha sido repartido en un total de 22 provincias, entre ellas Teruel.

El pasado 14 de enero, el Seprona de Zaragoza recibió una comunicación de la Subdirección Provincial de Salud Pública que informaba de la detección, a través de los Servicios Veterinarios Oficiales de Zona, de pizzas elaboradas y comercializadas presuntamente de forma clandestina, ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

De la información recabada, la Guardia Civil pudo constatar que esta mercantil comercializaba, mediante publicidad y venta por Internet y a través de teléfono móvil, pizzas de diversas variedades y bases, logrando la plena identidad del director comercial.

Igualmente, se comprobó que el ámbito de comercialización abarcaría la totalidad del territorio nacional, sin disponer de documentación que acreditase el origen autorizado del producto, así como las condiciones higiénicas en las que se elaboraban estos alimentos, lo que podía suponer un riesgo para la salud pública. Así mismo se determinó que estas pizzas podían estar siendo elaboradas por una persona, de nacionalidad argentina, en la localidad de Azuara.

Tras gestiones realizadas con la Subdirección Provincial de Salud Pública de Zaragoza y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), se comprobó que en esta localidad no existía ninguna empresa inscrita en el correspondiente Registro Sanitario, lo que hacía sospechar de que se estuviese ejerciendo esta actividad de forma clandestina, desconociendo el estado higiénico y de seguridad tanto de los locales como de los alimentos utilizados.

Fruto de esta investigación, los agentes lograron la identificación de la persona titular de la vivienda y comprobaron, además, que ésta era la esposa de la persona que constaba como director comercial.

VEHÍCULOS NO REFRIGERADOS

Igualmente, se pudo determinar que para la distribución de algunos envíos se había podido utilizar el servicio de una empresa de transporte de paquetería, comprobando que entre los meses de enero de 2019 y febrero actual los productos elaborados habían sido distribuidos, a fecha de hoy, a 50 establecimientos de 22 provincias españolas. En total, repartieron más de 12.000 kilos, transporte que se realizaba en vehículos que no reunían las condiciones necesarias (frigorífico o isotermo).

Por estos hechos, en la mañana del día 6 de febrero se realizó un registro en el domicilio de Azuara, donde se encontraron un horno de grandes dimensiones, una máquina amasadora, dos mesas de trabajo dos envasadoras de vacío, dos congeladores, cuatro frigoríficos, numerosos rollos de etiquetado, bandejas de trabajo, útiles para la elaboración de pizzas, bolsas de envasado de pizzas, bolsas isotérmicas para transporte, materia prima, así como equipos electrónicos e informáticos.

Las provincias en las que hasta el momento se ha podido comprobar la recepción de este producto serían Alicante, Asturias, Almería, Barcelona, Burgos, Cádiz, Castellón, Girona, Guadalajara, Huesca, Jaén, Lleida, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Salamanca, Soria, Teruel, Valencia, Zamora y Zaragoza.

Los establecimientos afectados están dedicados a hostelería, caterings, hoteles, pizzerías, campings, piscinas, organización de eventos y particulares.

Por estos hechos, el pasado día 10 de febrero fueron detenidos G.P.S., varón de 46 años, y su mujer, C.E.C, de 45, ambos de nacionalidad argentina y vecinos de la localidad de Azuara, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Posteriormente, fueron puestos a disposición judicial ese mismo día. La investigación sigue abierta para el total esclarecimiento de los hechos.

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