Lambán afirma que el Gobierno central sigue trabajando en la transición justa, pero que no hay novedades

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, afirmó que la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, sigue trabajando en la transición justa y también para tomar una decisión sobre la fecha de cierre de la central térmica de Andorra, pero de momento no hay ninguna novedad al respecto. 

En rueda de prensa tras las videoconferencia mantenida junto a sus homólogos de otras Comunidades Autónomas con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, Lambán recordó que el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, está en contacto con Ribera, como responsable de la materia. Y aseguró que "dentro del gran programa de reconstrucción económica que tiene que acometer la comunidad aragonesa, la de las cuencas mineras tiene que jugar un papel fundamental, por lo que ya pasaba antes del coronavirus y por lo que va a pasar después". 

Estas declaraciones se producen en plena oleada de despidos en las contratas de la central, que llegan sin alternativa clara para los trabajadores afectados, pues los cursos de formación para el desmantelamiento de la térmica y para la construcción de los parques de energías renovables todavía no se han podido iniciar. 

Hace tres semanas Maessa, la contrata de mantenimiento industrial, anunció 47 despidos, 25 de ellos antes de junio, mientras que Nervión, contrata de limpieza industrial, anunció 22 la semana pasada.

El coordinador y portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, criticó y lamentó el viernes en el pleno de las Cortes de Aragón el anuncio del “nuevo despido colectivo” iniciado por Nervión, lo que para la formación de izquierdas supone un “nuevo incumplimiento por parte de la compañía eléctrica” del Acuerdo por una transición energética justa para centrales térmicas en cierre: el empleo, la industria y los territorios suscrito por el Gobierno central, los sindicatos y las empresas propietarias de centrales de carbón en proceso de cierre. El texto contempla que los subcontratados tengan una continuidad laboral en el desmantelamiento y en la construcción de los parques renovables.

“Este despido, que se suma al de Maessa, es un nuevo mazazo para la cuenca minera y, en concreto, para las 22 familias afectadas por este expediente de extinción de empleo”, lamentó Sanz en una nota de prensa. 

“Endesa y el Ministerio para la Transición Ecológica deben hacer valer el documento firmado, no sólo para los empleos directos sino también para los trabajadores de las subcontratas”, insistió.

Desde IU señalaron la importancia de poner en marcha el “plan de formación transitoria para prepararse para el desmontaje de la central y garantizar ingresos a las familias de la comarca, así como el plan de reindustrialización para el mantenimiento del empleo”. Sanz hizo un llamamiento al Gobierno de Aragón a implicarse en una solución para la zona, así como al Ministerio para la Transición Ecológica, pero, sobre todo, recalcó “la responsabilidad de Endesa en garantizar un futuro para la zona”.

Por su parte, el Partido Comunista de España en Aragón mostró en otro comunicado de prensa su “apoyo y solidaridad con la plantilla de Nervión”, pues “son otras 22 familias a las que se deja en la calle”.

“Si bien tenían como objetivo apuntalar el empleo en los territorios a corto y medio plazo”, los acuerdos recientes “no han frenado la destrucción del empleo de forma inmediata”, protestó el PCE. “Estas empresas, sin ningún tipo de fiscalización, se alejan de asegurar el futuro de la población de un territorio, explotado y saqueado, y con el silencio cómplice de la empresa principal, Endesa”, dice la formación, que aboga por recuperar la soberanía energética nacional.