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Martes, 26 de mayo de 2020
TERUEL

22/5/2020

El abogado de Fasamet incide en el juicio por los EPIs en los avisos que hizo la OMS

La Fiscalía se posiciona del lado del demandante, aunque no aprecia una derivación penal
Francisco Javier Millán
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Imagen de archivo del Palacio de Justicia de Teruel, donde se celebró el juicio a través de una sala de vistas virtual
Imagen de archivo del Palacio de Justicia de Teruel, donde se celebró el juicio a través de una sala de vistas virtual

El abogado de la Federación Aragonesa de Médicos Titulares (Fasamet), José Manuel Aspas, incidió el jueves durante el juicio de los EPIs en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevaba tiempo recomendando el acopio de materiales sanitarios para hacer frente al Covid-19, frente al argumento del Gobierno de Aragón de que la pandemia y la incidencia que ha tenido no era previsible y que han hecho todo lo posible. Así se pronunció Aspas durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Social de Teruel contra la Administración autonómica por la presunta vulneración del derecho a la integridad física de los profesionales sanitarios aragoneses al no haberles dotado de Equipos de Protección Individual (EPIs). La Fiscalía se posicionó del lado del demandante, aunque no apreció que se haya podido incurrir en algún tipo penal al presentar sus conclusiones.

El representante de Fasamet pidió en sus conclusiones que se condene al Gobierno de Aragón, y a los organismos autónomos del Servicio Aragonés de la Salud  (SAS) y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), por haber vulnerado la legislación en prevención de riesgos laborales inculcando el derecho fundamental a la integridad física, y que se le obligue a cumplirlo entregando a los profesionales los EPIs adecuados, según sus puestos y riesgos, además de hacer acopio suficiente para garantizar esa protección en el futuro.

El juicio celebrado ayer en Teruel, a través las salas virtuales habilitadas por la Administración de Justicia, de manera que las partes pudieron intervenir por videoconferencia, es el primero que se celebra en Aragón por la polémica de los EPIs al no haber facilitado la Comunidad Autónoma estos equipos de protección a los profesionales sanitarios en las primeras semanas de la pandemia.

El próximo lunes se celebrará otra vista en el Juzgado de lo Social de Huesca, mientras que el 8 de junio hay señalada una tercera en la jurisdicción de Zaragoza. Tanto la de jueves como la del lunes son por el presunto incumplimiento del derecho fundamental a la integridad física, vinculado a la salud de los profesionales sanitarios, que recoge el artículo 15 de la Constitución. 

En cambio, el Juzgado de lo Social de Zaragoza no juzgará la demanda presentada por Fasamet por vulneración de un derecho fundamental, sino por un conflicto colectivo. Ese matiz fue esgrimido al principio del juicio en Teruel por el letrado del Gobierno de Aragón, que argumentó que la demanda debería haberse planteado como un conflicto colectivo (cuando se busca la interpretación de una norma para un conjunto de trabajadores), no como vulneración de un derecho fundamental. Además consideró que debería haberse planteado a nivel autonómico ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).  

El letrado del Gobierno de Aragón argumentó lo que viene diciendo desde el inicio de la pandemia la Administración autonómica, que fue un supuesto de fuerza mayor, que no era previsible y que además se había cumplido después en la medida de lo posible.

El abogado de Fasamet mantuvo sus argumentos de que se estaba ante un supuesto de vulneración de un derecho fundamental recogido en la Constitución, el de la integridad física asociado a su vez al incumplimiento de la prevención de riesgos y el derecho a la salud que establece como principio rector el artículo 43 de la Carta Magna. La Fiscalía por su parte se posicionó del lado del demandante en sus conclusiones finales, según explicó el representante legal de los médicos, José Manuel Aspas, al concluir el juicio.

Derecho fundamental

En estas demandas por la presunta conculcación de un derecho fundamental tiene que estar personada también la Fiscalía, que en sus conclusiones finales comentó que pese a estar de acuerdo con los planteamientos de los sindicatos médicos, no se apreciaba una derivación penal , según indicó Aspas, quien precisó que ellos como demandantes tampoco habían planteado eso, sino que se declare que la Administración no ha cumplido con su deber y se le condene obligándola a proporcionarlos tanto ahora como en el futuro.

El letrado de Fasamet recalcó que el objetivo de la demanda no era otro sino proteger a los profesionales sanitarios y que se cumpla la normativa de riesgos laborales, porque no se cumplió, y se garanticen los EPIs. “Ha faltado material y aún sigue faltando, no a los niveles de febrero y marzo, pero siguen faltando cosas”, dijo.

Frente a los argumentos esgrimidos por el letrado de la DGA, en el sentido de que se hizo todo lo que se pudo y fue una situación sobrevenida e imprevista, el abogado de los demandantes recalcó que la OMS llevaba tiempo advirtiendo y haciendo recomendaciones, pero no se le hizo caso.

Aspas explicó al término de la vista que “había tanto avisos de la OMS como recomendaciones” ya desde finales de enero, y que en febrero hubo varias llamadas  específicas del organismo internacional a los estados miembros para que hicieran “acopios de materiales para sanitarios”. “No es un supuesto de fuerza mayor”, dijo el letrado, quien recalcó que “podría haber dificultades en el abastecimiento de equipos, pero era previsible”.

La polémica de los EPIs estalló en marzo cuando los profesionales sanitarios de Aragón no pudieron protegerse frente a la pandemia en sus centros de trabajo, al no existir los recursos necesarios que debería haber facilitado la DGA, y que tardaron en llegar, lo mismo que en el resto del país, por las dificultades que hubo para su abastecimiento, al carecer de ellos por no haberse previsto una situación así.

La falta de EPIs dejó desprotegidos a los sanitarios, que en el caso de la provincia de Teruel suponen hoy día una quinta parte de los casos confirmados de coronavirus, una afección al colectivo a la que aludió también el ministerio público durante la celebración de la vista.

Los sindicatos médicos plantearon inicialmente la adopción de medidas cautelarísimas, y a continuación presentaron una demanda por entender que se vulneraba el derecho fundamental a la integridad física, a lo que se sumó la polémica por algunas manifestaciones de miembros del Ejecutivo aragonés que culminaron con la dimisión de la consejera de Sanidad.

El del jueves es uno de los primeros procedimientos judiciales que se celebran en la provincia de Teruel a través de las salas virtuales habilitadas por la Administración de Justicia, y en principio sería el primer juicio que se hace de esta forma. La juez estuvo presente en la sala, pero tanto los letrados de las partes como la Fiscalía lo hicieron por videoconferencia desde sus despachos para garantizar el distanciamiento social establecido por el decreto del estado de alarma.

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