No he escrito sobre los macroproyectos eólicos en esta columna antes porque creo que mi labor no es opinar aquí sobre el tema, sino ofrecer en otras páginas del periódico información de las diferentes partes para que los que realmente tienen que posicionarse lo hagan con todas las herramientas posibles. Sin embargo, hay algo a lo que no puedo evitar dar vueltas. Una duda que me surge no solo con estos proyectos, sino con muchos más de los que escribimos líneas y líneas, y es que se avecina un cambio de legislatura. Ya sé que faltan diez meses, pero la crispación política existente hace que cada vez las campañas empiecen antes. Con la de 2023 llevamos casi desde 2019. Y no va en broma. Un cambio de gobierno en un pequeño ayuntamiento puede suponer poner puentes de plata o palos en las ruedas a los proyectos eólicos. En algún pueblo de esta provincia el que no haya aerogeneradores en sus montes (si finalmente se obedece a la voluntad popular) hay que agradecérselo o reprochárselo –según quién lo haga- a una sola persona, que se salió de las directrices marcadas por su partido y votó lo que consideraba, a título particular, que era mejor para su localidad. ¿Creen que el futuro, sea eólico o no, puede estar en manos de cinco o, en el mejor de los casos, nueve personas? ¿O incluso de una, que es la que puede inclinar la balanza en un pleno? Desde luego yo no dejaría que lo que pueda ocurrir en mi territorio recayera sobre mis espaldas y, sobre todo, mi conciencia. La democracia es en estos casos la mejor de las aliadas y los referéndums que se han hecho en el Matarraña demuestran que son una fórmula válida para respaldar las decisiones que pueda tomar un ayuntamiento. ¿Qué problema hay en preguntar al pueblo soberano? Cada uno tienes sus opiniones e intereses, faltaría más, pero la decisión general, aunque tal vez no sea la más acertada, sí será la que un mayor número de personas consideran que podría serlo.