Hace ya mucho tiempo que la vida política en Teruel, al igual que en el resto de Aragón, discurre muy condicionada por los argumentarios que se lanzan desde los aparatos del PSOE y el PP en Madrid. Salvo excepciones que siempre tienen que ver con la carencia de prestaciones o servicios, ya sean sanitarios, educativos, de comunicaciones o vinculados al mantra de la despoblación, los políticos turolenses se suman a los debates, estériles los más, que se proponen desde fuera. Y lo repican en sus redes sociales a la búsqueda del refrendo del que piensa como ellos. Y la vida, va. Y la legislatura, también.
Entre tanta disquisición que, a efectos prácticos locales, es equivalente a debatir sobre el olor de las nubes, se cuela algún asunto que, curiosamente, parece que no acaba de activar a algunos de nuestros electos representantes, prolijos otrora en posicionarse a favor del amor universal y la solidaridad humana como ejes de nuestra civilización. La semana pasada se conoció que el Ministerio de Hacienda ha puesto sus ojos en el Centro de Competencias Digitales (CCD) de Renfe en Teruel y considera que los complementos salariales de algunos de sus empleados, con alta cualificación, no son viables y lo que hace unos años nació como un ejemplo de descentralización administrativa para favorecer a territorios despoblados, va camino de ser experiencia fallida. Si así fuera, habríamos regresado a la casilla de salida, esa que marca que los empleos de alta cualificación tienen que buscarse en las grandes urbes y que, como ya ocurre con la clase médica, el personal especialista no es apto para ciudades pequeñas. Desde la Subdelegación del Gobierno se ha comunicado que se buscarán soluciones, y ojalá se consigan. Para ello estaría bien que aquellos que desde aquí ensalzan la gestión de Sánchez y que la defienden desde las instituciones pusieran su granito de arena del que, por ahora y a fecha de 23 de octubre, nada se sabe.
El CCD parece que no existe a efectos de repercusión social, no es una gran superficie ni una gran factoría, pero tiene el valor de la pica en Flandes en la batalla por el futuro local.
Entre tanta disquisición que, a efectos prácticos locales, es equivalente a debatir sobre el olor de las nubes, se cuela algún asunto que, curiosamente, parece que no acaba de activar a algunos de nuestros electos representantes, prolijos otrora en posicionarse a favor del amor universal y la solidaridad humana como ejes de nuestra civilización. La semana pasada se conoció que el Ministerio de Hacienda ha puesto sus ojos en el Centro de Competencias Digitales (CCD) de Renfe en Teruel y considera que los complementos salariales de algunos de sus empleados, con alta cualificación, no son viables y lo que hace unos años nació como un ejemplo de descentralización administrativa para favorecer a territorios despoblados, va camino de ser experiencia fallida. Si así fuera, habríamos regresado a la casilla de salida, esa que marca que los empleos de alta cualificación tienen que buscarse en las grandes urbes y que, como ya ocurre con la clase médica, el personal especialista no es apto para ciudades pequeñas. Desde la Subdelegación del Gobierno se ha comunicado que se buscarán soluciones, y ojalá se consigan. Para ello estaría bien que aquellos que desde aquí ensalzan la gestión de Sánchez y que la defienden desde las instituciones pusieran su granito de arena del que, por ahora y a fecha de 23 de octubre, nada se sabe.
El CCD parece que no existe a efectos de repercusión social, no es una gran superficie ni una gran factoría, pero tiene el valor de la pica en Flandes en la batalla por el futuro local.
