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Entre el miedo y la obligación Entre el miedo y la obligación

Entre el miedo y la obligación

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Beatriz Izquierdo

Querido lector: cuando tenemos conocimiento de noticias sobre terribles sucesos, muchos con fatales desenlaces, en los que las víctimas son menores, un dolor punzante nos atraviesa el alma. Pero más allá de ese sentimiento humano, nos corresponde, como adultos responsables, analizar si podríamos haberlo evitado.

Los menores, que son víctimas especialmente vulnerables, necesitan de toda nuestra protección como sociedad. En España, desde el año 2021, contamos con la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, porque, como bien señala su preámbulo, “la lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos”. Y éste es un imperativo que, como ciudadanos, no debemos desconocer, ni ignorar, porque la propia ley nos impone una serie de obligaciones para poder protegerles.  No hablamos, por tanto, solamente de un deber moral, sino de un deber legal.

Así, el artículo 15 impone a todos los ciudadanos que adviertan una situación de violencia ejercida sobre un menor de edad, la obligación de “comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, sin perjuicio de prestar la atención inmediata que la víctima precise”.

Es cierto que, en ocasiones, el miedo puede hacernos plantear si tenemos que actuar. Sin embargo, debemos estar tranquilos, porque la propia Ley, en su artículo 20, lo ha contemplado, al señalar que las administraciones públicas deben implantar “los mecanismos oportunos para garantizar la confidencialidad, protección y seguridad” de quienes hayan comunicado situaciones de violencia sobre niños y adolescentes; pudiendo, incluso, la autoridad judicial acordar las medidas previstas en la normativa específica aplicable en materia de protección a testigos si estima que hay riesgo o peligro derivado de la denuncia.

Recordad: sólo entre todos podemos protegerles.

¡Hasta la próxima columna, querido adulto responsable!