Publicaba el pasado 27 de febrero una columna titulada “En la boca del lobo” donde intentaba analizar la noticia de la detención del ex concejal de Ciudadanos Carlos Aranda, denunciado por haber agredido sexualmente a un chaval de 20 años. Ahora, la Audiencia Provincial de Teruel ha sobreseído el caso. Es decir, ha dicho que no hubo agresión sexual por parte del acusado. Y considero de Justicia que esta columna se haga eco ahora de la inocencia del edil.
Me planteaba ya hace más de dos meses “lo desprotegidos que podemos estar ante una acusación similar” y “lo fácil que sería que, por algo así, alguien pudiera destrozarnos la vida (profesional y socialmente)”. Y no me equivocaba. Ahora, las magistradas que han dado carpetazo a este caso, argumentan sin un ápice de duda que allí no hubo agresión sexual alguna.
Es más, las juezas encuentran “notables diferencias” entre la declaración que hace la presunta víctima en sede policial, justo después de ocurrir los hechos, y las que hizo luego en sede judicial. Y remarcan las magistradas que “ni durante el trayecto ni luego en el domicilio, el perjudicado manifestó con gestos o con palabras que no consentía tales actos o que le incomodaban ese tipo de contactos”.
Tampoco el joven “afirmó que no hubo agresividad, ni le empujó contra la cama” y concluyen que “la afectación etílica, en la que el perjudicado afirmó que se encontraba, fuera de intensidad suficiente como para anular su voluntad”. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo reponemos a Carlos Aranda lo que esta denuncia le arrebató de un plumazo? Me parece que será imposible, por mucho que una sentencia concluya que no hay “indicios de criminalidad” en el investigado.
Lo que no acabo de entender es cómo el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel, Jerónimo Cano, procesó al edil asgurando que "queda acreditado que el investigado, con su conducta, pudo haber perpetrado un delito de agresión sexual" y manifiestó además que “el material probatorio” del que disponía “es suficiente como para procesar al investigado". ¿Qué vio este magistrado que no han visto ahora sus colegas de la Audiencia Provincial? ¿Cómo puede haber semejante disparidad de criterios entre unos jueces y otros ante unas mismas pruebas?
Cuando saltó la noticia de la detención de Aranda no hubo presunción de inocencia que sirviese. Renunció a su acta como concejal en el Ayuntamiento después de que se lo exigiera la alcaldesa, fue suspendido de militancia en Ciudadanos y la Real Federación Aragonesa de Fútbol lo apartó como árbitro. Además, su detención y acusación salió en absolutamente todos los medios de comunicación nacionales, donde se utilizó como arma arrojadiza contra su formación política.
Insisto… ¿Y ahora qué? ¿Quién le devuelve a Carlos Aranda su vida antes de esta denuncia a manos de un joven que cambió su versión hasta en dos ocasiones pero que no sirvió para que, en primera instancia, se diese credibilidad a la versión del edil? Escribía yo ese 27 de febrero que “la línea que define el consentimiento ante un escarceo amoroso es tan delgada que la ley difícilmente puede protegernos”. Y a la vista están las consecuencias.
No sé cómo la Justicia puede compensar a Carlos Aranda ahora, aunque supongo que el sobreseimiento habrá sido todo un regalo para él, que siempre ha insistido en su inocencia. Quiero pensar que el denunciante será más cauto en un futuro antes de destrozarle la vida a un inocente. Denunciar una agresión sexual no es un juego y tiene consecuencias muy serias. Y sólo puedo transmitirle todo mi apoyo a Carlos Aranda mientras me imagino estando en su situación preguntándome, una y otra vez… ¿Y ahora qué?