La creación y puesta en marcha de la administración comarcal en Aragón está empezando ya a quedar lejos en el tiempo y, de hecho, la ciudadanía que tenga ahora mismo menos de 25 años podría pensar que ese modelo de gestión territorial ha estado ahí desde tiempos inmemoriales y no es así. La Comarca ya venía definida en el Estatuto de Autonomía de Aragón desde 1982, si bien la confección final del mapa tardó unos cuantos años más.
Desde que existen las comarcas todo han sido por lo general parabienes y su desarrollo ha permitido que los aragoneses dispusieran de una administración más cercana y con mayores competencias que los ayuntamientos que, todo cuenta, no disponían tampoco de un sistema de subvenciones para ciertas actividades sociales, económicas y culturales que ahora se ofrecen. No se puede obviar, sin embargo, que también han generado controversia social por su capítulo uno, fundamentalmente. El gasto en personal siempre está en el ojo de huracán, como debe ser.
No quiero cuestionar el modelo comarcal porque, en líneas generales, comparto sus bondades y las antepongo a sus hipotéticos perjuicios, pero sí estoy convencido de que es necesario darle una vuelta a los fundamentos normativos que sustentan estas administraciones porque en algunos casos la rotura de costuras es evidente. Un caso palmario es el que se está dando en el Jiloca con el servicio de recogida de residuos urbanos que es un desastre, sin que se vea la salida del túnel. El conflicto con la concesionaria de la prestación ha llevado este agosto a vivir situaciones esperpénticas en los pueblos, cuyos moradores han convivido con malos olores y suciedad desprendidos de las montañas de bolsas de basura acumuladas. Y el problema sigue vivo.
Independientemente de la voluntad y capacidad de maniobra que tengan los responsables de esta comarca, no estaría mal que desde de la DGA alguien analizara cómo se puede desbloquear esta situación que amenaza con un enquistamiento que, aunque ahora haya disminuido la presión poblacional, no deja de suponer una notable carencia en la prestación de servicios esenciales.
Desde que existen las comarcas todo han sido por lo general parabienes y su desarrollo ha permitido que los aragoneses dispusieran de una administración más cercana y con mayores competencias que los ayuntamientos que, todo cuenta, no disponían tampoco de un sistema de subvenciones para ciertas actividades sociales, económicas y culturales que ahora se ofrecen. No se puede obviar, sin embargo, que también han generado controversia social por su capítulo uno, fundamentalmente. El gasto en personal siempre está en el ojo de huracán, como debe ser.
No quiero cuestionar el modelo comarcal porque, en líneas generales, comparto sus bondades y las antepongo a sus hipotéticos perjuicios, pero sí estoy convencido de que es necesario darle una vuelta a los fundamentos normativos que sustentan estas administraciones porque en algunos casos la rotura de costuras es evidente. Un caso palmario es el que se está dando en el Jiloca con el servicio de recogida de residuos urbanos que es un desastre, sin que se vea la salida del túnel. El conflicto con la concesionaria de la prestación ha llevado este agosto a vivir situaciones esperpénticas en los pueblos, cuyos moradores han convivido con malos olores y suciedad desprendidos de las montañas de bolsas de basura acumuladas. Y el problema sigue vivo.
Independientemente de la voluntad y capacidad de maniobra que tengan los responsables de esta comarca, no estaría mal que desde de la DGA alguien analizara cómo se puede desbloquear esta situación que amenaza con un enquistamiento que, aunque ahora haya disminuido la presión poblacional, no deja de suponer una notable carencia en la prestación de servicios esenciales.
