Recientemente, un buen amigo manifestó en redes sociales su inquietud sobre por qué, aunque opinamos acerca de casi todo, resulta mal visto poner en duda una sentencia judicial. Voy a intentar explicar lo que está pasando desde una perspectiva legal.
Debemos tener en cuenta que las democracias actuales se sustentan sobre un pilar fundamental: la separación de poderes. Este principio no es un lujo doctrinal, es un mandato constitucional que evita que un solo poder se crea dueño del país. Así pues, el poder legislativo legisla, el ejecutivo aplica las leyes y el judicial vigila su cumplimiento. Eso debe ser inamovible y, por ello, un cruce de líneas entre políticos y jueces es una grieta que, si se agranda, se traga la democracia entera.
Sin embargo, los ciudadanos sí podemos criticar una sentencia. Es nuestro derecho y, a veces, nuestro deber. La justicia es un servicio público, y se puede discutir, denunciar e, incluso, celebrar.
Pero un político no habla como ciudadano. Habla con la fuerza simbólica de un poder del Estado. Cuando se lanza a desacreditar resoluciones judiciales, no está opinando, está marcando territorio sobre otro poder. Y esa actitud es veneno institucional. Se intimida a quien debe ser independiente y se siembra la idea tóxica de que la justicia es un accesorio del gobierno de turno.
Ahora bien, el riesgo también se da a la inversa. Un juez que se dedica a juzgar políticas públicas olvida que no fue elegido para gobernar, sino para garantizar que el gobierno respete la ley. Una democracia en la que los jueces juegan a ministros y los ministros juegan a jueces termina siendo un caos donde nadie sabe quién controla a quién.
Así pues, todos podemos opinar, pero no todos podemos opinar desde el mismo lugar. La ciudadanía critica sin comprometer la estructura del Estado. Un poder público que critica a otro, en cambio, dinamita la arquitectura que lo sostiene. La democracia puede morir con estas pequeñas invasiones, y convertirse en un sistema donde ya nadie distingue autoridad de propaganda.
