La reciente propuesta del Gobierno de España de establecer un modelo de financiación singular para Cataluña ha encendido las alarmas en muchas comunidades autónomas, especialmente en las de menor tamaño y capacidad fiscal. La medida, impulsada por el contexto político y los acuerdos con fuerzas independentistas, plantea una reconfiguración del sistema de reparto de recursos que podría alterar profundamente el equilibrio territorial.
Actualmente, el sistema de financiación autonómica —vigente desde 2009— se basa en principios de equidad, solidaridad y suficiencia financiera. Sin embargo, Cataluña, al igual que otras comunidades como Madrid o Baleares, ha manifestado reiteradamente sentirse perjudicadas por un modelo que no refleja adecuadamente su aportación fiscal ni sus necesidades específicas.
El presidente autonómico, Jorge Azcón, ha sido uno de los más contundentes en rechazar esta posibilidad, alertando de que “no se puede hacer caja con la unidad de España ni con la igualdad entre los españoles”.
La propuesta, que ha cobrado fuerza en el marco de las negociaciones entre el Gobierno central y los partidos independentistas catalanes, plantea un modelo específico para Cataluña que rompa con el sistema común de financiación autonómica. Para Aragón, esto supondría una amenaza directa a la equidad territorial y al principio de solidaridad que sostiene el actual reparto de recursos.
Azcón calificó la financiación singular como “una traición al modelo autonómico” y ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez “transparencia y consenso” antes de tomar cualquier decisión que pueda comprometer el equilibrio entre regiones. “Lo que hoy se quiere conceder a una comunidad puede convertirse en una fractura irreparable en el sistema”, advirtió el presidente aragonés.
En la misma línea, su consejero, Bermúdez de Castro, ha señalado que un acuerdo exclusivo con Cataluña supondría “premiar a quien más presiona” y dejar en desventaja a comunidades que, como Aragón, cumplen con sus obligaciones dentro del marco constitucional. Según Bermúdez de Castro, la financiación autonómica debe reformarse “de manera conjunta y justa”, teniendo en cuenta criterios como la dispersión geográfica, el envejecimiento poblacional y los costes reales de prestación de servicios en zonas rurales.
Y así es. Aragón, con una amplia extensión territorial y numerosos núcleos de población dispersos, se enfrenta a gastos estructurales superiores a los de otras comunidades más densamente pobladas. Porcentualmente hablando, más centros educativos y más centros de salud por cada habitante, por poner un ejemplo. Una financiación ajustada exclusivamente a criterios poblacionales o políticos dejaría a la región en una situación de clara desventaja.
El Gobierno aragonés ya ha anunciado que defenderá sus intereses ante cualquier intento de trato bilateral que rompa la igualdad entre comunidades. Mientras tanto, la incertidumbre está encima de la mesa y sigue creciendo entre los gobiernos autonómicos que, como el aragonés, exigen una reforma del sistema que sea solidaria, transparente y pactada entre todos. La amenaza de un modelo a medida para Cataluña no solo desafía el modelo de financiación, sino que pone a prueba la cohesión del Estado autonómico.
Si el Gobierno opta por satisfacer las demandas catalanas de forma unilateral, podría desencadenar un efecto dominó con otras regiones reclamando tratos preferentes, lo que debilitaría el actual sistema de financiación compartido.
En un contexto político marcado por la necesidad de alianzas parlamentarias, el reto del Ejecutivo debe ser encontrar el equilibrio y el mantenimiento de un modelo solidario que garantice servicios públicos homogéneos para todos los ciudadanos, sin importar el color, el tamaño o la riqueza de cada territorio.
