En estos meses que llevamos de 2022, las instituciones oficiales aragonesas están celebrando por todo lo alto con diversos actos conmemorativos de los 40 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón, tras haberse conseguido en España un sistema democrático después de la muerte del dictador.
Sin ir más lejos, estos días se ha inaugurado y se puede visitar la exposición bajo el nombre 40 años creciendo en el Banco de España de Teruel, excesivamente triunfalista a nuestro entender, en la que hemos colaborado con nuestra aportación sobre memoria democrática.
Ahora bien, podemos hablar de la existencia de un precedente de esta ley autonómica como fue el denominado Estatuto de Caspe que se redactó en esta ciudad en el mes de mayo de 1936 y que estuvo a punto de ser aprobado por las Cortes españolas de no haber sido por el golpe de Estado del 18 de julio que condujo a la Guerra Civil.
En Teruel ya se hablaba de autonomía en los años veinte del siglo pasado y eso se reflejó en varios artículos aparecidos en el periódico La Provincia (diciembre de 1923) pero las propuestas sobre las bases para un Estatuto para Aragón que provenían de la Unión Regionalista de Aragón (URA) eran rechazadas por las élites conservadoras y liberales representadas por Pedro Feced y Jesús Marina.
Tuvo que venir la II República a partir de abril de 1931, para que el autonomismo tomase algo más de fuerza entre l@s vecin@s de la provincia de tal manera que varios representantes de la política turolense se unieron a las propuestas autonomistas.
Hay que subrayar que la Constitución de la II República establecía en varios de sus artículos la posibilidad de que las diferentes regiones del Estado español pudieran aprobar un Estatuto de Autonomía aunque, eso sí, fijaba claramente cuáles eran las competencias específicas del Estado para que no existieran dudas.
Siguiendo esta línea, tres regiones (Cataluña, País Vasco y Galicia) presentaron sus estatutos ante las Cortes unicamerales de la República y fueron aprobados lo que sirvió para que con la recuperación de la democracia en 1975, fueran consideradas como comunidades “históricas” y presentar un estatuto con mayores competencias que el resto.
El Estatuto de Aragón fue aprobado en mayo de 1936 en la ciudad de Caspe en Zaragoza y presentado ante las Cortes españolas el 15 de julio, tres días antes de la sublevación militar contra el Gobierno de la República y, por lo tanto, no pudo ser aprobado.
Según Vicente Pinilla, catedrático de la Universidad de Zaragoza, era más ambicioso que el actual. Presentaba 21 artículos con competencias en materias como la Policía, el Orden Público, un sistema de financiación con Hacienda propia…” o como señalaba Antoni Peiró: “Fue el primer proyecto autonomista viable con encaje en la Constitución”.
Desde la capital, el Ayuntamiento de Teruel en un pleno desarrollado el 27 de abril de 1936, acordó “adherirse a los actos a celebrar en la ciudad de Caspe” delegando la representación en el alcalde “sin compromiso alguno y contribuyendo para los gastos que se ocasionen en el Congreso pro del Estatuto Aragonés con la cantidad de 100 pesetas que se cargarán al capítulo de imprevistos...”
Y es que en el Ayuntamiento, desde las elecciones generales de febrero de 1936, estaba controlado por el Frente Popular (FP, socialistas y republicanos) y más concretamente, por Izquierda Republicana (IR), un partido político que se había definido claramente a favor de la autonomía de la región y de la elaboración de las bases para un Estatuto aragonés.
Es así como el alcalde Pedro Fabre Vicente de IR era comisionado para asistir al Congreso de Caspe, pero según nuestras pesquisas, debió de delegar en algún concejal. El que sí estuvo en Caspe fue el Gobernador civil de Teruel, Domingo Martínez Moreno, abogado, natural de Logroño y militante de IR. En esos momentos no llevaba en el cargo ni tres meses pues había sido nombrado el 11 de marzo de 1936.
En cuanto a la Diputación provincial de Teruel (DPT), controlada también por el FP, acordó su adhesión, según escribe Antonio Peiró Arroyo (Autonomía y República, edición Cortes de Aragón 2007), a los actos de Caspe pero no disponemos de constancia documental porque las actas de estos años desaparecieron durante la Batalla de Teruel.
Lo cierto es que el presidente, Ramón Segura Ferrer, alcalde de Valderrobres, estuvo presente y participó en los debates de las bases del anteproyecto aprobado en Caspe. Como información adicional, diremos que los tres cargos políticos (presidente de la DPT, Gobernador y alcalde) fueron ejecutados al iniciarse la sublevación franquista contra la II República,
Aparte de los municipios adheridos (Griegos, La Fresneda, Montalbán…), también asistieron y tuvieron su protagonismo en Caspe militantes y cargos públicos de IR (la mayoría concejales) de diferentes municipios del Bajo Aragón como Albalate del Arzobispo, Alcañiz, La Puebla de Híjar, Los Olmos…
Los que no participaron prácticamente en Caspe pese a estar integrados en la coalición electoral y gobernante del FP, fueron cargos y militantes de UGT y del PSOE, seguramente debido a su estado de “debilidad” política ya que desde la revolución de 1934 hasta enero de 1936 habían tenido clausuradas la sedes.