Las tarjetas de crédito revolving fueron muy populares hace unos años. Hoy en día lo siguen siendo pero por motivos totalmente contrarios a los de sus inicios. En origen este producto financiero se presentaba como una solución diferente a las tarjetas de crédito, con más ventajas, pero con costes ocultos.
Su funcionamiento incluía la posibilidad de aplazar el pago de las compras realizadas pero a cambio del cobro de intereses abusivos. Los productos y servicios adquiridos no se abonaban a mes vencido, sino que operaba una fórmula de crédito al consumo, con cuotas aplazadas.
Esto permitía algunas ventajas para el usuario, que no se veía tan atado de pies y manos en sus compras, pero quien realmente obtenía beneficio eran las entidades financieras que las ponían en circulación.
Desde 2020, incluso un tiempo antes, las tarjetas revolving están bajo la lupa de la Justicia, pues se ha comprobado que en muchos casos los intereses alcanzaban cifras usurarias, con cobros del 25% TAE y hasta del 40%.
El Tribunal Supremo señaló como un tipo de interés usuario el alcanzado con el 26,82% TAE. La decisión motivó el creciente inicio de recursos y reclamaciones por parte de los clientes, que se han puesto en manos de abogados y plataformas legales para solicitar la devolución de su dinero, como la del despacho Piqueras, abogados especializados en usura.
Muchos despachos de abogados expertos en usura están ayudando a recuperar miles de euros pagados en estos intereses excesivos a las compañías bancarias. Abogados Piqueras, ofrece un sistema de riesgo nulo para el cliente, que le permite iniciar la reclamación sin coste económico.
En la mayoría de casos, los consumidores están recibiendo esos intereses abonados de más por la contratación del producto financiero, así como los gastos asociados tramitados sin transparencia. Pero no están siendo liberados de cumplir con el contrato de formalización de la propia tarjeta.
No obstante, y a pesar de que los tribunales de Justicia están dictando un alto número de sentencias condenatorias con las entidades financieras, el acuerdo extrajudicial pasa por ser el mejor mecanismo para agilizar el proceso y que no se dilate tanto en el tiempo, si bien, requiere importantes sacrificios para el cliente.
Las propias entidades prefieren este sistema, pues con él pueden acordar con el consumidor la parte que le reclama e incluso llegar a un trato más ventajoso. Las entidades disponen de un periodo máximo de dos meses para responder al cliente.
En caso de que el acuerdo no satisfaga al consumidor, lo que suele ser habitual, es cuando se puede iniciar la vía judicial. El aspecto a contemplar en esa situación es que el proceso en el juzgado tardará algo más de tiempo.
Estas facturas, que debía asumir el banco al firmar el préstamo, fueron durante mucho tiempo dirigidas hacia el cliente, que pagó de manera abusiva un concepto que no le correspondía, sino que corría a cargo de las entidades.
Por suerte, ya es doctrina consolidada en todos los juzgados que todo lo pagado en exceso y de manera indebida por los clientes sea devuelto a estos, en concreto forman parte de este grupo los gastos de notaría, registro, gestoría y tasación. Por otra parte, muchos juzgados declaran también nula la comisión de apertura y obligan a que ésta sea devuelta.
Los consumidores tienen cada vez más herramientas para iniciar procesos de reclamación frente a entidades financieras que aprovechan su desconocimiento en materia normativa y su peor condición económica para enfrentarse a estos procesos.
Para que el resultado de estas reclamaciones sea positivo, la mejor recomendación es acudir a un bufete de abogados experto en derecho bancario, hipotecario y de consumo, pues su asesoría es bienvenida para ejecutar las acciones necesarias: acuerdo extrajudicial o acudir directamente a los tribunales.
Su funcionamiento incluía la posibilidad de aplazar el pago de las compras realizadas pero a cambio del cobro de intereses abusivos. Los productos y servicios adquiridos no se abonaban a mes vencido, sino que operaba una fórmula de crédito al consumo, con cuotas aplazadas.
Esto permitía algunas ventajas para el usuario, que no se veía tan atado de pies y manos en sus compras, pero quien realmente obtenía beneficio eran las entidades financieras que las ponían en circulación.
Desde 2020, incluso un tiempo antes, las tarjetas revolving están bajo la lupa de la Justicia, pues se ha comprobado que en muchos casos los intereses alcanzaban cifras usurarias, con cobros del 25% TAE y hasta del 40%.
El Tribunal Supremo señaló como un tipo de interés usuario el alcanzado con el 26,82% TAE. La decisión motivó el creciente inicio de recursos y reclamaciones por parte de los clientes, que se han puesto en manos de abogados y plataformas legales para solicitar la devolución de su dinero, como la del despacho Piqueras, abogados especializados en usura.
¿Cómo reclamar los intereses cobrados de más con estas tarjetas revolving?
Los constantes abusos en la contratación de productos financieros, en especial los que dan “dinero fácil”, está llevando a miles de usuarios a reclamar tarjetas de crédito revolving, dado que las mismas aplican intereses abusivos, cobran comisiones sin justificación e incluyen seguros totalmente desconocidos para los consumidores.Muchos despachos de abogados expertos en usura están ayudando a recuperar miles de euros pagados en estos intereses excesivos a las compañías bancarias. Abogados Piqueras, ofrece un sistema de riesgo nulo para el cliente, que le permite iniciar la reclamación sin coste económico.
En la mayoría de casos, los consumidores están recibiendo esos intereses abonados de más por la contratación del producto financiero, así como los gastos asociados tramitados sin transparencia. Pero no están siendo liberados de cumplir con el contrato de formalización de la propia tarjeta.
La vía extrajudicial, la más aconsejable para resolver los procesos de reclamación
Entidades financieras como Wizink, Bankinter, Bankintercard, también BBVA y otras muchas, han protagonizado episodios de este tipo. La justicia se ha mostrado inflexible con ellas y se han visto obligadas a indemnizar a los consumidores.No obstante, y a pesar de que los tribunales de Justicia están dictando un alto número de sentencias condenatorias con las entidades financieras, el acuerdo extrajudicial pasa por ser el mejor mecanismo para agilizar el proceso y que no se dilate tanto en el tiempo, si bien, requiere importantes sacrificios para el cliente.
Las propias entidades prefieren este sistema, pues con él pueden acordar con el consumidor la parte que le reclama e incluso llegar a un trato más ventajoso. Las entidades disponen de un periodo máximo de dos meses para responder al cliente.
En caso de que el acuerdo no satisfaga al consumidor, lo que suele ser habitual, es cuando se puede iniciar la vía judicial. El aspecto a contemplar en esa situación es que el proceso en el juzgado tardará algo más de tiempo.
Reclamar los gastos de hipoteca
En los últimos años se han ido ejecutando sentencias en los juzgados muy favorables para los consumidores. A las tarjetas revolving se suma otra oportunidad para que el cliente bancario recupere una parte del dinero pagado indebidamente,desde hace años puede reclamar los gastos de hipoteca.Estas facturas, que debía asumir el banco al firmar el préstamo, fueron durante mucho tiempo dirigidas hacia el cliente, que pagó de manera abusiva un concepto que no le correspondía, sino que corría a cargo de las entidades.
Por suerte, ya es doctrina consolidada en todos los juzgados que todo lo pagado en exceso y de manera indebida por los clientes sea devuelto a estos, en concreto forman parte de este grupo los gastos de notaría, registro, gestoría y tasación. Por otra parte, muchos juzgados declaran también nula la comisión de apertura y obligan a que ésta sea devuelta.
Los consumidores tienen cada vez más herramientas para iniciar procesos de reclamación frente a entidades financieras que aprovechan su desconocimiento en materia normativa y su peor condición económica para enfrentarse a estos procesos.
Para que el resultado de estas reclamaciones sea positivo, la mejor recomendación es acudir a un bufete de abogados experto en derecho bancario, hipotecario y de consumo, pues su asesoría es bienvenida para ejecutar las acciones necesarias: acuerdo extrajudicial o acudir directamente a los tribunales.
