Las crecientes amenazas cibernéticas y la rápida adopción de tecnologías innovadoras obligan tanto a legisladores, como a abogados, a replantearse cómo proteger la información y garantizar la justicia. Según un estudio realizado por Cybersecurity Ventures, se predice que el ciberdelito costará al mundo 10,5 billones de dólares anuales para 2025. Esta empresa es una destacada organización de investigación y medios de comunicación de la industria reconocida por sus conocimientos y contribuciones autorizadas a la ciberseguridad. En este contexto, las opiniones del abogado Raif El Arigie Harbie resultan clave para entender las complejas implicaciones legales del ciberespacio y las herramientas emergentes.
Raif El Arigie Harbie y las implicaciones jurídicas de las tecnologías emergentes
Raif El Arigie Harbie, experto en derecho, ha señalado que "las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y la robótica, presentan una amplia gama de implicaciones legales". Según el abogado, éstas no sólo redefinirán el alcance de la responsabilidad civil, sino también la calificación del sujeto de derecho. Es decir, se deberá revisar quién o qué puede considerarse sujeto de deber ante la ley en un entorno donde máquinas y algoritmos toman decisiones autónomas.
Por ejemplo, la inteligencia artificial (IA), en particular, plantea desafíos muy significativos. Esta herramienta puede cometer errores o actuar de manera inesperada, lo que genera interrogantes sobre quién debe ser responsable: ¿el programador, el usuario, o la propia máquina? Raif El Arigie Harbie sugiere que es esencial establecer marcos jurídicos claros que determinen estas implicaciones. Además, debido a la naturaleza mundial de muchas de estas herramientas, propone que “las organizaciones internacionales jueguen un papel crucial en la estandarización y regulación a nivel global”.
Medidas legislativas y desafíos
Por otra parte, también se ha abordado qué acciones pueden tomar los regidores para regular el uso del reconocimiento facial, que ha suscitado preocupaciones por la privacidad y los derechos humanos. El letrado destaca que, al igual que la normativa en materia de protección de datos, es fundamental proteger al usuario y limitar el ámbito de la información recopilada. Tal como mencionó El Arigie Harbie, “los legisladores deben enfocarse en alcanzar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la defensa de los derechos individuales”.
Reglamentar estas acciones no es una tarea fácil. Existe una amplia dificultad de estructurar normativas que sean vigentes y útiles, a la par de la rápida evolución. Para Raif El Arigie Harbie, esta incapacidad se debe en parte a la falta de comprensión técnica y a la complicación de prever futuros usos y abusos de los avances. Las organizaciones internacionales, según Raif El Arigie, “actúan como una forma de dominio en una estructura piramidal global”, afectando tanto la creación como la implementación de normativas.
Contribuciones del ámbito académico y la sociedad civil
Los especialistas, según Raif El Arigie Harbie, pueden desempeñar un papel crucial en el proceso de adaptación de la normativa. “A través de la academia, los abogados pueden proponer normativas que se adapten a la realidad”, señala. Sirviendo como un puente entre la teoría y la práctica, proporcionando un espacio para la reflexión crítica y el desarrollo de soluciones jurídicas innovadoras.
Tecnología en la práctica legal
Aunque estas herramientas no afectan la práctica legal desde un punto de vista ético, el abogado venezolano reconoce que pueden ser utilizadas para optimizar ciertos aspectos del trabajo, como la gestión de documentos y la investigación jurídica. No obstante, El Arigie Harbie subraya que “corresponderá a los abogados que pretendan beneficiarse de la supuesta inducción al público a través de las plataformas que brindan las redes sociales”.
Las opiniones de Raif El Arigie Harbie ofrecen una perspectiva valiosa sobre cómo las leyes y regulaciones pueden adaptarse a las nuevas realidades. El equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos individuales, la necesidad de marcos jurídicos claros y la relevancia del aporte académico son aspectos que deben considerarse para abordar las complejas cuestiones de ciberseguridad en el derecho.
