Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo para dejar atrás la bancarrota en tiempos difíciles
La crisis económica provocada por la pandemia obliga a particulares, empresarios y autónomos a buscar soluciones para salir a flote
La vida va de equivocarse una y otra vez y de ir aprendiendo de los errores. Si se cierra una puerta, ya habrá tiempo de abrir una ventana y si hay que poner final a algún capítulo traumático, que se trate de un punto y final y nunca de un punto y seguido que impida seguir hacia adelante. Porque se puede pasar página. Se puede mirar más allá y aunque hayan venido mal dadas durante los últimos meses, siempre sale el sol tras la tormenta.
Para muchas familias las deudas, la pérdida de un puesto de trabajo, el descenso notorio de ingresos en su empresa o el parón en la actividad económica fruto de la Covid-19 y sus restricciones han protagonizado todas y cada una de las gotas de agua de esa fuerte tormenta. En los casos más graves, estas precipitaciones han empujado a distintos particulares a la insolvencia y estos buscan ahora la fórmula de poder coger una bocanada de aire fresco que les permita pasar este mal trago.
Y esa fórmula pasa por acudir a la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo legal llegado al sistema jurídico español en 2015, que permite a aquellos deudores que hayan alcanzado una situación de bancarrota volver a empezar de cero. Un recurso sumamente útil en los tiempos que corren y que a raíz de la pandemia cada vez está captando la atención de más personas que se ven con el agua al cuello económicamente.
Una losa de deuda que nunca podrán satisfacer
Concretamente lo que esta ley persigue, la 25/2015 de 28 de julio, es “permitir lo que tan expresivamente describe su denominación”, que no es otra cosa que lograr que “una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas”. Para lograrlo posibilitan que el susodicho “no tenga que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”.
En el propio preámbulo de la ley se argumenta que “la experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se producen desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la economía” y ya no es solo eso, sino que además se añade que estos mecanismos en otras culturas han sido “desincentivadores de la economía sumergida y favorecedores de una cultura empresarial que siempre redundará en beneficio del empleo”.
Hasta cinco millones de euros
Uno de los ejemplos que mejor representa la utilidad de este mecanismo es la cantidad máxima de deuda que permite cancelar, que asciende hasta los cinco millones de euros. Imagínense lo que le puede cambiar la vida a una persona que en cuestión de unos meses ha pasado de deber uno o dos millones de euros, a contar con una deuda inexistente, aunque esto suponga tener que empezar desde la casilla de salida sin ningún tipo de capital. ¿Qué liberación, verdad?
Si algo bueno ha provocado la pandemia es que ha aupado este mecanismo a lo más alto y que está ganando mucha visibilidad a raíz de su utilidad. De hecho, cada vez son más los ciudadanos aragoneses que reparan en este mecanismo. Tal es así, que según cifras del Instituto Nacional de Estadística, el último trimestre de 2020 supuso todo un récord en Aragón en lo que a cifras de procedimientos se refiere y se registró la cifra más alta de juicios relacionados con la Ley de Segunda Oportunidad (47) desde que entrara en vigor esta ley en el año 2015.
