Dedicamos la entrega de hoy al cierre definitivo de las obras del ferrocarril Teruel-Alcañiz que se produjo a mediados de 1935 cuando el ministro de Hacienda Manuel Marraco, natural de Zaragoza y militante del Partido Radical, detectó “irregularidades” en el desarrollo de las obras y decidió no continuarlas hasta que no se aclarasen las cuentas porque el problema al final parece que fue una cuestión de dinero, tal como veremos. En otras informaciones se habla de que las obras continuaron en los meses siguientes a junio pero creemos que no son ciertas.
Para conseguir este propósito de averiguar el asunto, se nombró una Comisión de diputados de las Cortes que se desplazaron hasta los lugares de las obras del ferrocarril empezando por las Cuencas Mineras, pero los empresarios de DELMOR SA, la empresa adjudicataria de la construcción, intentaron engañarles en su visita.
Los problemas de liquidez económica de la empresa se acentuaron, cuando a la altura del mes de julio de 1935, los obreros llevaban dos meses –en algunos documentos se habla de tres- sin cobrar los jornales antes de la suspensión de las obras. Los trabajadores intentaron llegar a Teruel para manifestarse en la calle junto a un ingeniero y a su ayudante, siendo detenidos los dos cargos por la policía que abortó la manifestación.
La situación de los trabajadores se hizo crítica y la prensa relataba así la situación: “Debido a la precaria situación de los obreros, los patronos se niegan a facilitarles el hospedaje y el Gobernador ha tenido que dirigirse a todos alcaldes de los pueblos que comprenden la zona de las obras para que por todos los medios que sea posible, faciliten alimentos hasta que el Gobierno envíe fondos con que pagarles·”. Parece ser que el ministro decidió, en un intento de solucionar el conflicto, pagar las 225.000 pesetas que importaban los jornales a cargo de la fianza que había depositado los empresarios.
El 20 de julio el Gobernador, junto al ingeniero del Estado y el delegado de Trabajo y un representante de la empresa, delante de los alcaldes de la zona, abonaron los jornales que se debían a los obreros con lo que el conflicto quedó resuelto pero en esos instantes, con las obras paradas, parte de los trabajadores forasteros ya se habían marchado a sus localidades de origen.
El resto, los que se quedaron con expectativas de que se reiniciarán las obras, pasado un tiempo, empezaron a pasar hambre y encontraron dificultades para su subsistencia. Gracias a los vecinos de los pueblos de la línea férrea que acudieron en su auxilio con ropas, alimentación… pudieron aguantar el tipo.
En cuanto a las cuentas, en todo momento se hablaba de una estafa de 10 a12 millones de pesetas por parte de los empresarios que sería la diferencia entre el dinero aportado por el Gobierno con las subvenciones y el coste real y efectivo de las obras realizadas en la línea por la empresa que era mucho menor.
Acusaciones
Estas acusaciones salpicaron también al ingeniero del proyecto Bartolomé Estevan porque desde El Socialista, en un suelto con el título de “Contratistas en busca de actas”, se señalaba a Delgado Benítez de DELMOR y a Estevan, de ser los mayores responsables de las irregularidades del T-A, entre otras razones porque en esos momentos smbos eran candidatos derechistas por la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) que encabezaba Gil Robles, a las elecciones generales de febrero de 1936 por Córdoba y Teruel, respectivamente. con lo que, una vez elegidos diputados, podrían esquivar la hipotética acción de la justicia..
El periódico en cuestión afirmaba que la “avaricia” del uno y el “descuido” del otro habían ocasionado al Estado una pérdida de “¡12 millones! de pesetas”. En un nuevo suelto del día 23 de febrero recogía la “visita” a El Socialista del ya diputado Rafael Delgado y en ella negaba absolutamente las acusaciones pero lo cierto era que en el Ministerio de Fomento tenía abierto un expediente personal de investigación. En ningún momento se hablaba del otro socio de DELMOR, Fernando Morán.
El nuevo Gobierno del Frente Popular salido de las urnas mediante un decreto de 22 de marzo de 1936 publicado en la Gaceta de Madrid, disponía que ante las “numerosas incidencias constructivas y administrativas producidas en la construcción del T-A” el Gobierno decide “suspender la construcción y el abono de las obras” además de “incoar un expediente para averiguar las responsabilidades de todo orden que de la contrata puedan derivarse…”.
Se hablaba también de que “la magnitud y complicación técnica y administrativa de dichas obras aconsejan encomendar el estudio y depuración de responsabilidades a una Comisión especial que garantice en todos los aspectos los varios intereses relacionados con ellas…” En la Comisión “ad hoc” figuraban un inspector, un abogado del Estado y un funcionario del Cuerpo Pericial de Contabilidad. Esta nueva Comisión apenas empezó a andar porque el 18 de julio de 1936 empezó la sublevación de los militares contra la II República y consecuentemente, el inicio de la Guerra Civil. La investigación por parte de los juzgados y los intentos de reinicio de las obras, se iniciarán después de la guerra. Todo ello lo expondremos en nuestro artículo próximo.