Son calles estrechas con algunos edificios de hace 80 años pero no por ello tienen que ser fríos o de difícil acceso. El Ayuntamiento de Teruel ha impulsado un área comprendida entre las calles Abadía, San Esteban, La Parra, San Andrés y Tomás Nougués para que se tenga en cuenta como un Entorno de Rehabilitación Residencial Programada y poder optar a fondos europeos que para este fin ha recibido el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. Acaba de finalizar el plazo de consulta previa y Teruel ha hecho una foto fija de este ámbito que se ha denominado La Parra.
Un total de 340 viviendas distribuidas en 79 edificios construidos entre los años 40 y 80 del pasado siglo conforman este área. Más de la mitad, 199, son viviendas usadas como domicilio habitual. En este entorno están empadronadas 461 personas.
Además de los inmuebles dedicados a viviendas, en el área se encuentra otros edificios con diferentes fines que no son el residencial. A parte de la iglesia de San Andrés, se encuentran dos edificios de oficinas, uno dedicado a aparcamiento y dos utilizados como almacenes. Según los datos recabados por la Oficina del PGOU de Teruel, en esta área de 1,68 hectáreas, hay cuatro edificios en situación de ruina ya declarada o susceptible de declaración y diez solares vacíos. Plano de la zona de actuación
Uno de los objetivos de este programa es mejorar la eficiencia energética y se considera que la inmensa mayoría, 77 de las 79 edificios, son susceptibles de rehabilitación energética y 336 de las 340 viviendas contabilizadas, lo que beneficiaría a prácticamente todos los empadronados en este entorno. Además, 91 viviendas están vacías, lo que supone más de un tercio de todas las de este área a rehabilitar.
Las principales carencias detectadas en estos inmuebles son el estado de conservación, la accesibilidad, la eficiencia energética, los servicios de salubridad y de comunicaciones.Además, aparecen humedades en cubiertas y fachadas, canalones y bajantes en mal estado, falta de aislamiento térmico y acústico, carpintería exterior deficiente, instalaciones de calefacción obsoletas o inexistentes y deficiencias en la accesibilidad.
La memoria presentada para optar al programa estima que en una veintena de los hogares de esta área hay una situación de vulnerabilidad que no permitiría hacer frente a una rehabilitación integral de sus viviendas. Y aunque no se considera que haya situaciones de infravivienda sí que se han desarrollado intervenciones de tipo social con algunos residentes: un total de 23 unidades familiares son beneficiarias en la actualidad de ayudas de los Servicios Sociales.
De los 33,3 millones de euros que ha recibido Aragón para las acciones relacionadas con la rehabilitación de viviendas, Teruel podría recibir un máximo de 7 millones de euros para actuar en este área con el fin último de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
Con esta línea de ayudas como mínimo los propietarios podrán recibir 8.100 euros y habrá un máximo 21.000 euros por vivienda. Se repartirán por concurrencia competitiva. En cuanto a los tiempos, la concesión de ayudas deberán estar comprometidas y concedidas antes de diciembre del próximo año y las obras deberán estar terminadas en junio de 2026 y justificarse en los seis meses posteriores.
A diferencia de otras convocatorias de ayudas a la rehabilitación y a la mejora a la eficiencia, que concede directamente el Gobierno de Aragón, en esta nueva línea de ayudas los Ayuntamientos tienen un papel destacado en la gestión. El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Carlos Cruzado, explicó que en caso de Teruel se podrá hacer mediante la futura Oficina de Vivienda o la del PGOU y que además habrá una aportación económica del 10% de la subvención y una serie de ventajas como una bonificación del 50% del ICIO y de la tasa por tramitación de la licencia urbanística.
El Ayuntamiento se compromete además a desarrollar un programa de acompañamiento para las personas más vulnerables, que pueden alcanzar el 100% de la subvención para hacer frente al coste de las actuaciones y a impulsar convenios con colegios profesionales o empresas para que actúen como gestores de rehabilitación.
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