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Sergio Calvo (d), director general de CEOE Teruel, con su homólogo de Cuenca, Ángel Mayordomo, en videoconferencia

Abierta la batalla en Europa por las ayudas al funcionamiento por la escasa población

Las alegaciones presentadas son consecuencia del informe encargado por la DGA hace más de un año

La batalla por conseguir ayudas al funcionamiento de las empresas más allá de las de inversión para combatir la despoblación está abierta en Europa. La han planteado los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha, así como las organizaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria, y abre la posibilidad de poder conseguir incentivos fiscales para el periodo 2021-2027. Las alegaciones presentadas el pasado día 30 en Bruselas ante la Comisión Europea para que esta demanda sea tenida en cuenta para estas tres provincias en las próximas directrices comunitarias, es consecuencia del informe que encargó hace más de un año el Ejecutivo aragonés al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón.

Aquel informe ha marcado un antes y un después en la estrategia a seguir para intentar conseguir algo que no va a ser fácil, porque argumentos hay, pero hay que pelearlos bien en Europa y el primero que deberá estar al frente será el Estado español.

De momento han sido las Comunidades Autónomas a las que pertenecen estas provincias las que han tomado la iniciativa, a propuesta de Aragón que es la que se puso en contacto con las otras dos para animarlas a dar ese paso, y sus organizaciones empresariales, que aunque su tejido sea frágil por los territorios en los que tiene que abrirse camino desde la iniciativa privada, llevan años peleando en primera línea para revertir la situación demográfica.

Eso llevó a las organizaciones empresariales a crear la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), que han sacado adelante con sus limitados medios consciente de que era la vía para poder estar en Europa y hacer presión, además de comprender cómo hay que moverse en la Unión Europea para beneficiarse de la cohesión social y económica, única razón de ser del proyecto europeo tan denostado y cuestionado hoy día.

 

Ventajas fiscales

Las alegaciones presentadas la semana pasada por la DGA y las organizaciones empresariales de las tres provincias con mayores problemas de despoblación buscan que las directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional no atiendan solo a la inversión, sino también al funcionamiento de las empresas, es decir, a su fiscalidad. Se trata de que las empresas que se asienten en Teruel, Cuenca y Soria, o las que ya existen, se beneficien de ventajas fiscales que podrían ser de hasta un 20% de sus costes laborales; eso sí, a través de diferentes fórmulas.

Es una ventaja de la que ya gozan los territorios despoblados del norte de Europa, Noruega, Suecia y Finlandia, cuya situación no es tan diferente de las tres provincias españolas, algo que se han encargado de fundamentar bien en las alegaciones que las organizaciones empresariales han presentado dentro de la consulta pública hecha por la Comisión Europea para fijar sus próximas directrices de ayudas estatales de finalidad regional.

El documento de posición de las confederaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria, al igual que la propuesta de los gobiernos autonómicos, en este caso a raíz del informe del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, se sostiene en que una fiscalidad especial es posible a través de las ayudas al funcionamiento empresarial, de las que ya gozan los países nórdicos.

Se trata en definitiva de equiparar a Europa a estos países, puesto que cuando se abrió esta vía años atrás, la negociación fue exclusiva de los países nórdicos y los reglamentos comunitarios se modificaron para que ellos pudieran acceder a esas ayudas, creando otra categoría para dejar fuera a las tres provincias españolas y a otros territorios europeos que están en la SSPA como el condado de Lika-Senj (Croacia) y la región de Euritania (Grecia).

Para ello hay que modificar el Reglamento General de Exención por Categoría (RGEC), que permite a los países nórdicos con zonas despobladas acceder a ayudas de funcionamiento, aparte de las de inversión, en aquellas NUTS 2 (regiones) con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, que desde 2017 considera como zonas muy escasamente pobladas. En cambio, excluye de las mismas a los NUTS 3 (provincias) con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que solo considera como zonas escasamente pobladas. 

Ese matiz es el que hay que cambiar en las directrices de la Comisión Europea para el próximo periodo 2021-2027. La negociación se va a desarrollar a lo largo del próximo año y las nuevas normas entrarán en vigor a partir de 2022.

En 2014 el RGEC reconoció como zonas poco pobladas de la UE las regiones NUTS 2 con menos de 8 hab/km2 y las NUTS 3 con menos de 12,5. En el informe encargado por el Gobierno de Aragón se recuerda que la provincia de Teruel tiene 9,2.

Reglamento

Dicho reglamento reconocía a estas zonas poco pobladas la posibilidad de acceder a ayudas a la inversión empresarial -las que se conceden en función del porcentaje establecido en cada territorio-, así como ayudas al funcionamiento para compensar solamente los costes adicionales de transporte al que se enfrentan las empresas allí radicadas.

La situación cambió cuando en 2017 Suecia y Finlandia pidieron equiparse al régimen especial del que gozaba Noruega. Este último país no es miembro de la UE, pero sí pertenece al Espacio Económico Europeo que vincula a la Unión con la Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA). Por ello está sometido a una disciplina en cuestión de ayudas similar al resto de los países comunitarios.

Noruega planteó en 2014, debido al problema de despoblación que sufre buena parte de su territorio, un régimen especial de ayudas al funcionamiento empresarial consistente básicamente en eximir de cotizaciones sociales, o reducirlas de forma sensible, a aquellas empresas asentadas en zonas despobladas.

La Autoridad de Vigilancia de la EFTA (ESA por sus siglas en inglés) lo autorizó y eso llevó a que Suecia y Finlandia pidieran  también poder dar ayudas a sus zonas despobladas. Todo ese proceso provocó la modificación de la normativa de la RGEC, y eso es lo que hizo que la denominación de zonas poco pobladas se dividiera en dos categorías: los NUTS 2 con menos de 8 hab/km2, que pasaron a ser muy poco poblados, y los NUTS 3 con menos de 12,5 hab/km2, que se quedaron como poco poblados.

Nunca se explicó el motivo de este cambio ni se fundamentó,  a pesar de excluir a las zonas más despobladas del sur de Europa, cuando la Unión Europea las equiparaba hasta ese momento, pero a partir de esa modificación el RGEC permitió a los países nórdicos recibir ayudas de funcionamiento empresariales, estableciendo un máximo no superior al 20% de los costes laborales anuales en que incurra el beneficiario.

Según el informe que elaboró el Tribunal de la Competencia de Aragón, esas ayudas “pueden consistir en una exoneración total o parcial de los costes de seguridad social, como en el modelo noruego, lo que permitiría un control más fácil del límite del 20% de los costes laborales”. Añade que el RGEC no excluye, sin embargo, “que puedan utilizarse otro tipo de instrumentos, como subvenciones o exenciones fiscales”, siempre que se respete ese límite porcentual.

Además, el reglamento no exige que este tipo de ayudas sean degresivas, es decir, que vayan descendiendo, sino que pueden ser permanentes. La única condición que exigen, a raíz de un problema surgido con Noruega, es que la actividad que desarrollen se lleve a cabo verdaderamente en la zona despoblada.

Las organizaciones empresariales consideran en su escrito de alegaciones que ese tipo de ayudas pueden ser más eficaces que las de inversión, que también se podrían seguir recibiendo, puesto que se trata en cierta manera de un tratamiento fiscal diferenciador que convierte en muy atractivos estos territorios para el asentamiento de empresas.

En su documento de posición, las organizaciones empresariales consideran que ayudas de este tipo contribuirían de manera determinante a “impulsar las condiciones que aumenten la competitividad económica de nuestros territorios, incentivando con medidas concretas el mantenimiento y atracción de aquellas actividades económicas que atesoren el suficiente dinamismo como para generar valor añadido y crear empleo de calidad”.

Añaden que se trata de “abordar la cuestión de la despoblación como un factor determinante que resulta urgente revertir si lo que se persigue es alcanzar una cohesión social y económica real a escala nacional y europea”.

En su documento de alegaciones, las organizaciones empresariales inciden en que en el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, suscrito entre el Estado español y la UE, las provincias de Teruel, Cuenca y Soria fueron reconocidas ya como áreas escasamente pobladas del territorio español, y seguidamente expone cómo la situación no ha mejorado sino que la tendencia es al empeoramiento.

Proyección negativa

Argumentan en este sentido las confederaciones empresariales que el éxodo rural no ha cesado, sino que sigue su curso, y que la crisis de 2008 dio al traste con un posible cambio de tendencia. A eso se suma la nueva crisis económica provocada por el Covid-19, que empeora más la situación, y las proyecciones de población hechas por el INE, que aventuran para estas provincias una pérdida de 30.000 habitantes en el horizonte del año 2033 (12.198 en el caso de la provincia de Teruel).

De no adelantarse a las previsiones e intervenir ya, Soria y Teruel se quedarían para esas fechas en umbrales de densidad de población cercanos a los 8 habitantes por kilómetro cuadrado. De ahí el momento vital que se presenta ahora para poder revertir esa situación a través de medidas como las ayudas al funcionamiento de las empresas, una suerte de política fiscal de discriminación positiva que haría atractivos territorios como el turolense para el asentamiento empresarial, y más en una situación como la actual tras el cierre de la térmica de Andorra. Si hay empresas habrá empleo, que generará riqueza y permitirá afrontar el reto demográfico de forma realista y eficaz. 

La batalla que se abre ahora en Europa podría ser la definitiva para pasar a la práctica en la lucha contra la despoblación entre tanta teoría que ha primado hasta ahora en los planteamientos que se han hecho.

Los empresarios sostienen que la medida no afectaría a la competencia

Las organizaciones empresariales sostienen que permitir a las provincias de Teruel, Cuenca y Soria acceder a ayudas de funcionamiento, que en la práctica son exenciones fiscales, no afectaría a la competencia porque el peso que las mismas tienen en el conjunto del país es escaso. Días atrás, la directora general de FOES Soria, María Ángeles Fernández, manifestó al presentar a la prensa las alegaciones enviadas a Europa, que las economías provinciales de estos territorios tienen un peso muy pequeño para el conjunto del Estado, ya que apenas representan el 0,83% del PIB nacional (en el caso de Teruel es del 0,28%). En cambio, convertiría en atractivo su territorio, primero para que no se vayan los que están y después para atraer nuevas iniciativas empresariales, que es lo que hace falta para que haya empleo; y si hay empleo habrá población, única solución posible al problema demográfico que, además, en estos territorios se ve agravado por el elevado envejecimiento de sus habitantes.

En el informe se habla de que a la escasez de efectivos demográficos hay que sumar su “calidad”, en el sentido del alto grado de envejecimiento de su población. Esto lo único que hace es desalentar el emprendimiento y la innovación, de ahí la trascendencia de captar recursos humanos haciendo atractivo el territorio para invertir.