Aprobada su primera la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España

El Congreso de los Diputados aprobó la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, que pretende abordar “retos complejos en un momento difícil para nuestra sociedad”, según destacó la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Una ley en cuyo trabajo en comisión ha contado con la participación intensa del diputado de la agrupación de electores de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que en el pleno de la Cámara Baja insistió en que hay que corregir los impactos de las energías renovables para evitar que acaben hipotecando el medio rural.  

La nueva ley, que fue aprobada sin el apoyo del Partido Popular, Vox y Más País, será efectiva al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, establece la hoja de ruta para acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, recortar la emisiones de gases contaminantes y alcanzar la plena descarbonización.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, indicó durante su intervención en la cámara baja que se trata de “una ley que el país necesitaba” y que es “imprescindible”.
“Abordamos retos complejos en un momento difícil para nuestra sociedad y, sin embargo, es en esta misma coyuntura donde se muestra con total evidencia la urgencia de transformar nuestro modelo de desarrollo y nuestra forma de vida integrando en ella los criterios de sostenibilidad y resilicencia”, dijo Ribera.
El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, manifestó durante su intervención en el pleno que la ley supone “un avance radical en la economía del país, aunque llega tarde para su propia finalidad; llega tarde y descuida una mínima ordenación territorial del despliegue de renovables que impulsa”.
El parlamentario turolense destacó el trabajo que desde Teruel Existe han hecho en el Congreso y en el Senado para adaptar esta ley “a las realidades de los territorios que producirán la mayor parte de la electricidad”. “Solo lo hemos conseguido parcialmente, pero apoyaremos la ley”, se lamentó. 
La ley impulsa la electrificación del sector energético y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fija en 157 gigavatios la potencia instalada para 2030, lo que supone 60 Gigavatios de nueva instalación. Para este despliegue, Guitarte recordó que el artículo 25, después de que la Ponencia asumiera la enmienda de Teruel Existe, dice en su título: “Desarrollo rural: política agraria, política forestal y energías renovables”, y detalló que en su segundo párrafo incide en que “el despliegue de las energías renovables debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial. Para ello, perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio donde se realice el referido despliegue, para activar su economía y combatir el declive demográfico”.
El diputado de Teruel Existe destacó que “no hay más regulación para la implantación de las macro instalaciones de renovables”, y advirtió de que la correción de un problema global puede implicar impactos locales muy graves en provincias como la turolense, puesto que se trata de una plantas “cuyos efectos y dimensiones desbordan claramente los límites territoriales municipales” y “ven regulada su instalación por competencias autonómicas o locales en pequeños municipios”.

Control ambiental
En su intervención Guitarte aseguró que en los proyectos que se conocen en Teruel, como han señalado sus propios habitantes, “no hay suficiente control ambiental, de manera que la realidad es que las plantas se permiten instalar en las zonas protegidas o en zonas de alto valor paisajístico, y sin atención a la ordenación territorial ni al turismo sostenible”.
Por el Grupo Parlamentario Popular, Guillermo Mariscal apuntó que se trata de un “proyecto pequeño y limitativo que llega tarde porque en septiembre de 2018 presentamos la primera proposición de ley de cambio climático y ustedes la rechazaron”.
Desde las filas del Partido Socialista, la diputada Helena Caballero Gutiérrez defendió en el pleno que es una norma que ha escuchado las demandas de los jóvenes, ecologistas, empresas y otros muchos actores, por lo que demuestra que es una “ley muy participada” por diversos actores de la sociedad y que no deja a nadie atrás.  
La ministra Ribera hizo énfasis en el intenso trabajo que todos los grupos parlamentarios han realizado y que da muestras del grado de implicación e interés que la ley ha suscitado. 
Tras haber pasado por el Congreso y el Senado, las enmiendas realizadas han enriquecido y reforzado el texto. La ley de Cambio Climático y Transición Energética contempla una primera revisión al alza de sus objetivos en 2023. 
En este sentido, Ribera emplazó a los grupos a “apoyar la ambición climática que persigue el Gobierno y a seguir trabajando en la suma de consensos”.

Punto débil advertido por la agrupación de electores

En su intervención en el pleno de la Cámara Baja, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, desgranó una serie de puntos que sintetizan la forma en que se está produciendo el despliegue de renovables.  Subrayó en este sentido que las propuestas, con autorización, para instalar nuevas plantas fotovoltaicas y parques eólicos duplican las necesidades que fija el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima”, con un ritmo acelerado de manera que cada año se instalan en España más de 6 gigavatios. 
También recordó que “la implantación se realiza exclusivamente mediante proyectos de grandes compañías eléctricas o de nuevos actores que son grupos de inversión”, y que esta modalidad de desarrollo contrasta con la “ausencia de impulso y apoyo a la generación distribuida”. 
En referencia a la necesidad de una participación más equitativa de la nueva riqueza que va a generar este despliegue energético, el Diputado turolense subrayó que no se ha regulado la equidistribución de beneficios para que las comunidades locales puedan beneficiarse de esta expansión que se produce en sus terrenos y parcelas agrarias o en sus montes.
Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica,Teresa Ribera, dijo que el Gobierno no quiere “continuar con un modelo de crecimiento insostenible, abocado al desastre”.
Ribera expresó en su intervención que esta ley es “de todos y para todos”, y quisoo dirigirse especialmente a los jóvenes que son al mismo tiempo “cómplices y voz de la conciencia en cuanto a los avances en la lucha contra el cambio climático”. 
La vicepresidenta recordó que “cada generación tiene la obligación de resolver o mitigar los problemas que encontró para evitar trasladarlos como herencia a la siguiente generación”. 
El compromiso de España con la descarbonización queda reflejado en los objetivos de reducción de emisiones en sectores difusos.