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Aragón blindará mediante la colaboración público privada el acceso a todos los servicios Aragón blindará mediante la colaboración público privada el acceso a todos los servicios
Un cartel reivindicativo alerta en un pueblo de las carencias de los servicios bancarios en las zonas rurales

Aragón blindará mediante la colaboración público privada el acceso a todos los servicios

Establecerá medidas compensatorias cuando no se pueda optar a ellos en menos de 30 minutos
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Aragón blindará a través de la Ley de Dinamización del Medio Rural el acceso a todos los servicios básicos a través de la colaboración público privada, de manera que ningún ciudadano quede excluido de ellos por muy remoto que se encuente el asentamiento en el que viva. Para ello se hará cumplir lo que ya establece la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón, que garantiza un tiempo de acceso mínimo de 30 minutos, mientras que en aquellos casos que no sea posible se establecerán medidas compensatorias. En los servicios prestados por el sector privado se tomarán medidas como planes de dinamización del comercio rural o alternativas para la accesibilidad a los servicios bancarios.

La igualdad de acceso a todo tipo de servicios es uno de los principios que recoge este proyecto de ley, cuyo debate de totalidad tendrá lugar el próximo jueves en el pleno de las Cortes de Aragón. Así lo establece en su artículo 16, que señala que “los poderes públicos aragoneses en ejercicio de sus competencias orientarán sus políticas sectoriales a dotar al medio rural de las infraestructuras, equipamientos públicos y servicios básicos y esenciales necesarios para su desarrollo y progreso en condiciones de igualdad y a evitar exclusiones en la prestación de los servicios públicos y privados, teniendo en cuenta el sistema de indicadores de desarrollo territorial y las estrategias de planificación sectorial del Gobierno de Aragón”.

La norma desarrolla este principio en el título V relativo a las políticas públicas en el medio rural, que dedica tres capítulos a desglosar las distintas acciones para garantizar los equipamientos y servicios, la movilidad y la conectividad.

Precisa el texto legal que se encuentra en proceso de tramitación parlamentaria en las Cortes de Aragón que desde el Ejecutivo aragonés deberán impulsarse medidas “para evitar que se produzcan exclusiones en la prestación de servicios básicos y esenciales”, tanto desde las administraciones públicas como desde el sector privado, para lo cual se apunta la colaboración entre ambas.

Junto al impulso de sistemas específicos de prestación asistencial en el medio rural a través de las nuevas tecnologías en servicios muy básicos como los sanitarios y de asistencia social, que a su vez sean un nicho de empleo vinculado a las zonas rurales, en especial para mujeres y jóvenes, la ley se refiere a la educación, los servicios comerciales y bancarios y los culturales y deportivos, además de la seguridad ciudadana y el transporte.

Señala en este sentido el proyecto de ley que los equipamientos de carácter supramunicipal se instalarán de forma preferente en los municipios pertenecientes al “grupo de centralidades de la estructura del sistema de asentamientos de Aragón”, al igual que los servicios considerados básicos. “El ámbito comarcal al que pertenezcan los asentamientos de población se considera como la principal referencia para la prestación de los servicios públicos con excepción de aquellos que tengan un carácter supracomarcal, provincial o regional”, señala el texto.

Añade la norma que la distribución de equipamientos y servicios básicos como los educativos, sanitarios y de servicios sociales, además de culturales, deportivos y de protección civil supramunicipales, “se realizará conforme lo dispuesto en la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón”, garantizando para ello “un tiempo mínimo de acceso de 30 minutos a los mismos a los equipamientos de ámbito comarcal”. Precisa seguidamente que “aquellos asentamientos que por sus condiciones geográficas no puedan alcanzar este tiempo de acceso serán objeto de medidas compensatorias”.

En cuanto a aquellos servicios de carácter no básico como los culturales, deportivos, comerciales, financieros, administrativos y recreativos, entre otros, el proyecto de ley señala que “una directriz especial de ordenación territorial, o en su caso, las directrices zonales podrán
establecer determinaciones estratégicas sobre el equipamiento mínimo de ámbito local para aquellos asentamientos que no figuran en el grupo de las centralidades, en función de las características de su población”.

Más allá de los servicios públicos que prestan las administraciones, la norma aborda también los que son de carácter privado, para lo cual plantea que desde las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma se promoverán diferentes medidas, como el impulso al comercio de proximidad “como motor de la economía rural” mediante la consolidación de su estructura a través de la “creación de economías de escala” y la generación de sinergias con otros sectores de la actividad.

Se impulsarán por otra parte, con los ayuntamientos, las asociaciones empresariales y las Cámaras de Comercio, planes comarcales de dinamización del comercio rural en zonas con riesgo demográfico, promoviendo los servicios de proximidad, los multiservicios rurales, el
comercio no sedentario y los canales cortos de comercialización. Se reforzarán especialmente los multiservicios con servicios agrupados y apoyo a proyectos de digitalización y logística.  

Por otra parte, se impulsará la colaboración con las entidades financieras para garantizar el acceso a los servicios bancarios, con alternativas para que las zonas rurales puedan disponer de cajeros, agentes financieros, oficinas móviles u otros medios.

Conectividad rural


Son numerosos los servicios que detalla el proyecto de ley que deben quedar cubiertos en las zonas rurales, empezando por los sanitarios, que deberán ir acompañados también de la promoción de una oferta farmacéutica específica para estos territorios.

De igual forma se extiende en materia educativa, para lo que establece políticas que garanticen la red de centros públicos, la innovación en las aulas del medio rural y la oferta formativa de calidad en Formación Profesional y a lo largo de la vida adulta. La digitalización de los centros, completar la apertura de escuelas infantiles y adecuar la oferta educativa a la realidad del medio rural, son otras medidas que obliga la ley a impulsar junto a otras para dar estabilidad a los centros o garantizar sus servicios complementarios.

En la misma línea se pronuncia en relación a los servicios sociales, para lo cual se elaborará un Plan de Establecimiento de Servicios Sociales.

En materia de movilidad se apuesta por seguir con el impulso a de lo que se está haciendo ahora a través de un servicio de transporte público adecuado por carretera, a la vez que se fomentarán las tecnologías digitales de comunicación. En este sentido, el articulado de la ley establece que el departamento competente en materia de agenda electrónica y sociedad de la información fomentará la conectividad rural y promoverá las acciones para completar la extensión de las redes.

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