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Aragón encabeza la ‘rebelión’ para que se pase a la acción contra la despoblación Aragón encabeza la ‘rebelión’ para que se pase a la acción contra la despoblación
Los presidentes de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León con consejeros y comisionados de la lucha contra la despoblación el pasado viernes en Albarracín

Aragón encabeza la ‘rebelión’ para que se pase a la acción contra la despoblación

El ‘Pacto de Albarracín’ incide en actuar ya y en ir más allá de lo que es el reto demográfico

Aragón encabeza una pequeña rebelión, desde la lealtad institucional, para que el Gobierno central pase de una vez a la acción en la lucha contra la despoblación, porque las herramientas existen y la multitud de estudios que se han hecho han dejado bien claro lo que hay que hacer: garantizar unos servicios públicos de calidad, y generar oportunidades en los territorios mediante la creación de empleo, además de otras medidas que han sido ya muy estudiadas. En la Comunidad Autónoma, y en el caso específico de Teruel, la solución inmediata está en incentivar fiscalmente a esta provincia, lo mismo que a las de Soria y Cuenca, para bonificar a las empresas con el 20% de los costes laborales, de manera que eso ayude a dinamizar su economía y a captar la implantación de nuevas iniciativas empresariales. Europa, que parecía la Administración más lejana, lo ha autorizado, pero ahora debe ser el Gobierno de España quien lo haga efectivo.

El espíritu del Pacto de Albarracín firmado el pasado jueves por los presidentes autonómicos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León es ese, aunque un día después la Conferencia Sectorial del Reto Demográfico celebrada de forma telemática y presidida por la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, volvió a sembrar dudas sobre la política estatal en esta materia.
Por de pronto, la Estrategia estatal frente a la despoblación y el reto demográfico duerme el sueño de los justos después de que en el año electoral de 2019 se aprobasen sus directrices y dos años después siga sin aprobarse. En la Sectorial del viernes se volvió a incidir en las 130 Medidas para hacer frente al Reto Demográfico que forman parte del Plan de Recuperación, y cuya financiación se llevará a cabo con los fondos europeos Next Generation destinados a la recuperación de la crisis provocada por la pandemia de la covid; pero nada se dijo de la estrategia estatal que es la política gubernamental que debe impulsar a largo plazo el reequilibrio territorial, más allá de esta legislatura y del periodo 2021-2027, y que requiere de un Pacto de Estado como reclaman Teruel Existe en las Cortes Generales y las movilizaciones de la España Vaciada.
Aunque la despoblación -cuyo discurso se está mezclando  con el del reto demográfico que  se refiere al envejecimiento global de la población en pueblos y ciudades por igual- ha entrado de lleno en la agenda política, y se han definido las medidas que hay que aplicar tras decenas de informes, estudios, comisiones, foros y debates a lo largo de los últimos años, lo que no llega a materializarse es el compromiso adquirido en enero de 2017 por la Conferencia de Presidentes.
En aquella conferencia fue Aragón la que arrancó el compromiso de elaborar una Estrategia estatal y modificar la financiación autonómica para que se atendiese al coste real de los servicios. La Comunidad Autónoma aragonesa ha liderado desde entonces un movimiento autonómico que ha buscado la sintonía de las regiones con mayores problemas en materia de despoblación para hacer un frente común y exigir soluciones. 
Fue el anterior consejero de Presidencia, Vicente Guillén, quien impulsó esa búsqueda de consensos y que retomó su sucesora, Mayte Pérez, ambos de Teruel, la provincia más afectada por la despoblación aunque este problema es común a otras comarcas aragonesas.
Aquello se materializó en el Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos (FREDD), integrado por ocho comunidades autónomas: Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja, que se creó hace ya tiempo, en 2013, y cuya hoja de ruta quedó recogida en la Declaración de Zaragoza de septiembre de 2018.
Desde entonces las políticas estatales, tanto con el PP como con el PSOE, han estado orientadas a fijar una estrategia frente al reto demográfico por el envejecimiento de la población, incluyendo dentro de la misma el problema de la despoblación, cuando esta última requiere de un tratamiento específico.
Más allá de esa alianza, cuyo objetivo irrenunciable es reformar el modelo de financiación autonómica para que se atienda el coste real de los servicios, el Gobierno de Aragón encargó un informe al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón para conocer qué posibilidades había en Europa para que la provincia de Teruel por su baja densidad de población pudiese beneficiarse de algún tipo de ayuda por su problema de la despoblación.
Era en esa línea en la que se movían también las organizaciones empresariales turolenses dentro de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) junto con las CEOEs de Cuenca y Soria, por ser las provincias que presentan una densidad demográfica por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
El informe del Tribunal de Defensa de la Compentencia de Aragón resolvió que una posible solución era conseguir el tipo de ayudas de las que disponen los países nórdicos por su baja densidad, pero que para eso era necesario que Europa modificase los mapas de ayudas regionales y autorizar al Estado español su concesión. En la línea seguida con el Foro de Regiones Españolas con problemas de población, Aragón buscó la alianza con los gobiernos de las dos Castillas, donde se encuentran las provincias de Cuenca y Soria que, como Teruel, tienen una densidad por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
Juntas trabajaron en la presentación de alegaciones ante la Comisión Europea para que se equiparasen estas provincias a las del norte de Europa que perciben ayudas al funcionamiento empresarial, de la misma forma que hicieron las organizaciones empresariales también de forma coordinada a través de la SSPA.
Ahora, Aragón y las dos Castillas quieren poner en pie de nuevo el Foro de las 8 comunidades con problemas de densidad de población, para hacer ver al Gobierno central que el reto demográfico es una cosa que afecta globalmente al país, pero la despoblación es otra cosa que incide particularmente en estos territorios que requiere de políticas específicas para dinamizarlos.
El Pacto de Albarracín incidió en esa reforma de la financiación autonómica para poder hacer frente al coste de los servicios públicos, que es mayor en las zonas rurales que en las urbanas, así como en la aplicación de las ayudas al funcionamiento empresarial que ha autorizado ahora Bruselas y que afecta específicamente a Teruel, Soria y Cuenca. 

Comisión Europea
Lo que ha hecho la Comisión Europea ha sido aprobar las nuevas directrices de los mapas de ayudas regionales, que en el caso español autoriza al Estado a dar ayudas al funcionamiento empresarial en estas tres provincias al estar por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y que pueden suponer bonificaciones en los costes laborales de hasta el 20%. Europa lo aprueba, pero es el Estado quien lo debe aplicar y asumir su coste puesto que supondrá menos ingresos para las arcas públicas, pero en cambio dinamizará la economía en estos territorios y consecuentemente permitirá su impulso.
Aragón y las dos Castillas han pedido que se apliquen cuanto antes y han anunciado que solicitará una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para plantearlo. El Ejecutivo aragonés es crítico con el Gobierno central y así se lo transmitió la representación aragonesa en la sectorial del Reto Demográfico del pasado viernes, porque quieren concreción y que se apliquen ya medidas específicas para la despoblación, diferenciando esto del reto demográfico más global por el envejecimiento de la población.
El presidente aragonés y sus homólogos de Castilla y León y de Castilla-La Mancha fueron contundentes el jueves pasado en Albarracín al afirmar que ha costado abrir la puerta de Europa y ahora que se ha conseguido el Estado español debe ser consecuente. El Gobierno central se ha mostrado reacio desde la Secretaría General del Reto Demográfico a la fiscalidad especial, aunque todos recuerdan el “rotundamente sí” de la ministra Montero en el Senado a una pregunta de Teruel Existe en un momento en que se negociaban los Presupuestos Generales del Estado. Ha llegado el momento de que esa contundencia vaya más allá de las palabras y el juego político.