Arrecian las críticas por la eliminación de paradas de autobús tras aprobarse la ley que lo contempla

Las críticas por la posible supresión de 151 paradas de autobús en la Comunidad Autónoma, de ellas 54 en pueblos turolenses, arreciaron este miércoles a raíz de que el Consejo de Ministros del pasado martes aprobara el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que deberá tramitarse ahora en las Cortes Generales y que contempla un nuevo mapa concesional que perjudica a las zonas rurales.

PP, CHA y PAR rechazaron esa pretensión de eliminar paradas, puesto que va en contra de la política de lucha contra la despoblación, mientras que el presidente aragonés, Javier Lambán, aseguró que el Gobierno central todavía tiene que debatir con las comunidades autónomas el nuevo diseño de las líneas de concesión estatal.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) dio a conocer una primera propuesta del nuevo mapa concesional de las líneas estatales de transporte de viajeros por autobús a mediados de este año, en el que se primaba la comunicación entre los grandes municipios y se eliminaban las paradas en los pueblos que apenas aportaban viajeros (151 en todo Aragón, de ellos 54 en Teruel), con la finalidad de reducir los tiempos de viaje y mejorar la calidad del servicio. Lo que no tuvo en cuenta el Ministerio es que de esta manera se castigaba a la España rural, puesto la deja sin un medio de transporte con el que cuentan ahora.

Nuevo modelo

Con ese nuevo modelo, los habitantes de estos territorios deberán desplazarse a los municipios en los que sí paren las líneas estatales de autobús, lo que supondrá un mayor tiempo y coste de desplazamiento, así como un esfuerzo inversor de la Administración autonómica para garantizar esas conexiones. De hecho, desde el Departamento de Vertebración del Territorio se viene pidiendo al Ejecutivo central fondos para poder atender esta situación.

El nuevo mapa concesional  viene recogido en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible aprobada el martes por el Consejo de Ministros, en el que se establece que deberá reordenarse el transporte regular de viajeros por carretera de competencia estatal con un nuevo mapa concesional, “que ya está siendo trabajado con las Comunidades Autónomas, y que garantizará una mejora del servicio en todos los territorios”.

El Gobierno central pretende de esta forma que con el trabajo conjunto de las diferentes administraciones, “el autobús pueda atender a más personas, con mejores precios, servicios y tiempos de viajes más competitivos”.

Esas mejoras serán para las ciudades y los municipios más grandes, mientras que los pequeños se verán perjudicados al perder movilidad e incrementar su coste para hacerlo, lo que actuará como un elemento más que desincentivará el asentamiento de la población en las zonas rurales escasamente pobladas.

Aclaraciones

El presidente aragonés, Javier Lambán, dijo que el martes  había hablado con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y que le había aclarado que no se ha decidido la supresión de 151 paradas de autobús en Aragón, sino que se ha dado a conocer en el Consejo de Ministros un borrador para la modernización de esos servicios.

Lambán aseguró que el nuevo diseño, “en todo caso, como pronto, entrará en funcionamiento de manera definitiva y una vez logrado los acuerdos con las comunidades autónomas en el año 2024”. Quiso tranquilizar en este sentido a la opinión pública aragonesa e incidió en que es una cuestión que el Ejecutivo autonómico ha de debatir con el Ministerio, y que de las 151 paradas de las que se habló, “seguramente en torno a 110 vendrán a estar cubiertas por el nuevo mapa concesional que está poniendo en marcha el Gobierno de Aragón”.

El diputado autonómico del PP por Teruel, Joaquín Juste, dijo que la supresión de 151 paradas “es un fracaso del PSOE” en las políticas de lucha contra la despoblación, y reprochó al Ejecutivo central que “solo piense en rentabilidad económica y en reducir los tiempos de viaje entre ciudades, sin tener en cuenta a los municipios del interior, obligando a los viajeros a desplazarse a las capitales de provincia o cabeceras de comarca para poder acceder a estas líneas”.

El presidente de CHA, Joaquín Palacín, se mostró contrario a la eliminación de servicios y dijo que “una vez más, nos encontramos con una ley hecha desde Madrid, con una visión centralista y olvidando por completo las necesidades del medio rural, que deja sin servicio a 134.502 aragoneses, obligando a las Comunidades Autónomas a hacerse cargo del mismo sin aportar una financiación extra”.

El diputado autonómico del PAR, Jesús Guerrero, mostró también su rechazo “absoluto” a la supresión de esas 151 paradas porque para muchos son un auténtico “salvavidas”. Criticó que con medidas así el Gobierno central demuestra que por un lado habla de medidas contra la despoblación, pero por otro aprueba leyes que van “en sentido contrario”.