Caja Rural plantea en su asamblea de este jueves una ampliación de capital para reforzar su posición

Caja Rural de Teruel celebra esta tarde en el Palacio de Exposiciones y Congresos la asamblea general ordinaria que este año, sin embargo, adquiere un carácter extraordinario ya que incluye en el orden día la anunciada baja del director general, José Antonio Pérez Cebrián, después de 27 años en el cargo. También anunciará su salida el presidente, Jerónimo Carceller, y su sustituto tendrá que ser designado a posteriori entre los 12 miembros del consejo rector, de los que 6 van a ser relevados. Asimismo, se planteará a los socios una ampliación de capital por más de 40 millones de euros para hacer frente a las nuevas exigencias de los organismos supervisores debido a la alta morosidad que soporta la entidad.

El presidente de Caja Rural de Teruel, Jerónimo Carceller, indicó ayer que la empresa externa a la que el consejo rector encomendó la búsqueda de un nuevo director general, tanto dentro como fuera de la entidad, continúa con su tarea. 

“Es complicado sustituir a José Antonio Pérez Cebrián, que lleva al frente de Caja Rural de Teruel 27 años. Encontrar a alguien igual es imposible, pero intentaremos que al menos sea parecido”, puntualizó.

Por otro lado, aunque Jerónimo Carceller fue reelegido como presidente para otros cuatro años en la asamblea general ordinaria celebrada el pasado 29 de mayo de 2018, ayer comunicó que mañana también dejará su cargo, que asumió el 22 de julio de 2014 en sustitución de Leoncio Benedicto. Asimismo, se renovará la mitad del consejo rector –el órgano de gobierno encargado de la gestión y representación de la entidad–, del que forman parte 12 personas incluyendo al propio Carceller. 

Serán los nuevos consejeros los que tendrán que proponer a uno de ellos como nuevo presidente. No obstante, todos los cambios en el órgano de gobierno de la cooperativa de crédito turolense deberán someterse a la evaluación de idoneidad impuesta por el Banco de España.

Ampliación de capital

En el sexto punto del orden del día de la asamblea general ordinaria que se celebra esta tarde aparece la solicitud de una autorización para llevar a cabo una ampliación del capital social de la entidad de 40.000.079,28 euros, dejando sin efecto la parte  autorizada y no utilizada en 2017 y de la recompra de aportaciones.

De estos 40 millones, 25 serían aportados por el Mecanismo Institucional de Protección (MIP) y los 15 restantes, por la propia caja.

Esta ampliación de capital responde a un cambio en la normativa del Banco de España, que desde el 1 de enero amplía las exigencias para hacer frente a las dotaciones extraordinarias de activos peligrosos.

Pérez Cebrián ha repetido en numerosas ocasiones que adaptarse a la altísima regulación del sector es “muy complicado” dado que todavía persiste una morosidad muy alta que, para el caso de la provincia de Teruel, llegó a calificar en la última asamblea de “escandalosa”.

Caja Rural de Teruel –como miembro del grupo Caja Rural  que conforman las 29 entidades de crédito cooperativo que existen en España– aprobó el año pasado su participación en el MIP.

Se trata de un fondo de resolución para rescatarse a si mismas en caso necesario dotado con 300 millones, que serán aportados a lo largo de 8 años. 

Pérez Cebrián explicó en la última asamblea que este mecanismo “permite tener las ventajas de una fusión sin perder la autonomía de cada caja, resolviendo los posibles problemas de solvencia y de liquidez de las 29 cajas evitando la desaparición y fusión de las mismas”.

A este mecanismo concebido para la mutua autoprotección se suma la necesaria adaptación de sus estatutos sociales y el contrato que rige el funcionamiento del grupo cooperativista a los requerimientos del Mecanismo Único de Regulación (MUR). 

Se trata de uno de los pilares de la unión bancaria de la Unión Europea (UE), que fue constituido en 2016 y vendría a ser el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a nivel europeo, cuyo brazo ejecutor es el Banco Central Europeo (BCE).

Las entidades del grupo se están adaptado a los nuevos requerimientos del MUR a medida que van celebrando sus respectivas asambleas. 

El presidente de Caja Rural, Jerónimo Carceller, pidió “tranquilidad” a los socios ante todos estos cambios obligados por las exigentes normativas de los organismos supervisores y que les llevan a tener que ampliar el capital para cumplir con los ratios. “Los cambios en el sistema bancario se producen a una enorme velocidad y tenemos que adaptarnos para, entre otros asuntos, continuar como la principal entidad de crédito de la provincia”, dijo.