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CCOO denuncia la pobreza energética y la exclusión bancaria que sufren los pensionistas CCOO denuncia la pobreza energética y la exclusión bancaria que sufren los pensionistas
Benito Carrera, Antonio Herrero y Pilar Buj

CCOO denuncia la pobreza energética y la exclusión bancaria que sufren los pensionistas

La Federación de Teruel exige medidas al Gobierno central y se muestra dispuesta a movilizarse
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La Federación de Pensionistas y Jubilados de Teruel exige al Gobierno central medidas para garantizar el suministro de electricidad y gas a las 35.936 personas que cobran una pensión en la provincia, cuya cuantía media es de 1.045 euros, pero que en el caso de las 8.449 de viudedad es de tan solo 738. También piden para ellas atención presencial en las entidades bancarias, así como el mantenimiento de las sucursales en el medio rural.

Los secretarios generales de CCOO y de la Federación de Pensionistas y Jubilados en Teruel, Pilar Buj y Antonio Herrera, desgranaron este jueves sus propuestas en una rueda de prensa en la que también estuvo presente el responsable de Política Sectorial de la Federación de Pensionistas de CCOO Aragón, Benito Carrera.

Este último recordó que se han llevado a cabo concentraciones en Zaragoza y Huesca y que pretende extender las movilizaciones en el territorio y mantenerlas en el tiempo y aseguró que los cambios demográficos que provocan el envejecimiento de la población y las dificultades para la emancipación juvenil exige un amplio debate en todos los ámbitos de la sociedad.

Benito Carrera explicó que la campaña puesta en marcha por la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO denominada No a la pobreza energética exige al Gobierno la puesta en marcha de medidas frente al aumento disparado de las tarifas de electricidad y gas, “que benefician extraordinariamente a las empresas energéticas pero conducen al empobrecimiento de una parte importante de los pensionistas, jubilados y trabajadores”.

Criterios

Entre las mismas figura revisar los criterios de acceso al bono social, simplificar la carga burocrática para poder acogerse al mismo, crear oficinas municipales de asesoramiento energético, subvencionar la rehabilitación de viviendas, prolongar la prohibición de cortes de suministro por impago a los consumidores vulnerables y reformar el sistema de formación de precios del mercado de la electricidad para eliminar los sobrebeneficios de las compañías eléctricas.

El responsable de Política Sectorial de la Federación puntualizó que han repartido carteles informativos en más de un centenar de localidades de cada una de las provincias aragonesas y que mantendrán su protesta.

El secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados en Teruel dijo que están dispuestos a salir a la calle si es necesario para denunciar la pobreza energética y la exclusión bancaria.

Pilar Buj señaló que “la clase trabajadora empobrecida tiene que hacer frente a unos precios desorbitados” de los suministros y recordó que la energía es un derecho, además de una necesidad. Por eso, celebró cuantas medidas se tomen para revertir esta situación, como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.000 euros aprobada este miércoles.

Por su parte, Antonio Herrera señaló que la pobreza energética afecta a trabajadores y pensionistas y defendió la necesidad de que los consumidores “paguen un precio justo acorde al coste de la generación eléctrica”.

En su opinión, la reducción de impuestos por parte del Gobierno para rebajar la factura en lugar de controlar los beneficios de las eléctricas “repercute negativamente en toda la ciudadanía”, lo que achacó a “las puertas giratorias por las que los políticos acaban sentados en los consejos de administración” de estas compañías.

Atención presencial

Por otro lado, Herrera destacó que las entidades bancarias obtienen beneficios récord al tiempo que siguen sin devolver el dinero de su rescate, cierran oficinas y reducen plantillas. Puntualizó que el 46% de los recursos que manejan los bancos corresponde a personas mayores de 65 años, porcentaje que se eleva al 70% si se tiene en cuenta a las mayores de 55.

Por eso, consideró “injusto” que se limiten los días y horas de atención presencial y pidió que las medidas para revertir esta situación sean obligatorias y no solo recomendaciones.

Buj coincidió en advertir de la brecha generacional que genera la imposición de los trámites telemáticos por parte de la banca y denunció asimismo el cierre de sucursales en el medio rural.