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Cristina Maestre, eurodiputada y miembro del Comité de Desarrollo Regional: “Las ayudas fiscales son una cuestión esencial, no basta con mantener los servicios públicos” Cristina Maestre, eurodiputada y miembro del Comité de Desarrollo Regional: “Las ayudas fiscales son una cuestión esencial, no basta con mantener los servicios públicos”
Cristina Maestre, eurodiputada socialista en el Parlamento Europeo y portavoz en asuntos de despoblación. © European Union, 2020

Cristina Maestre, eurodiputada y miembro del Comité de Desarrollo Regional: “Las ayudas fiscales son una cuestión esencial, no basta con mantener los servicios públicos”

La europarlamentaria asegura que trabajan en ello para garantizar la supervivencia de las zonas despobladas
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La eurodiputada socialista Cristina Maestre ha defendido en la 18 Semana Europea de las Regiones y las Ciudades la necesidad de que la UE cuente también con una estrategia europea para abordar el reto de la despoblación. Maestre, que es la portavoz socialista para esta cuestión en el Comité de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, asegura que no basta con mantener los servicios públicos en las zonas rurales, sino que los incentivos fiscales “son una cuestión esencial” para generar oportunidades que ayuden al asentamiento de la población y la captación de empresas. Sostiene que así lo están defendiendo en Europa, en la línea de las alegaciones planteadas por las organizaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria, y de sus respectivos gobiernos autonómicos.

-¿Ha tardado Europa en reaccionar ante el fenómeno de la despoblación y el reto demográfico?

-Pues en buena parte sí. Para empezar es que en los propios tratados se hace mención solo a las zonas septentrionales cuando sabemos que el fenómeno del despoblamiento afecta a toda Europa, de norte a sur y de este a oeste. Pero en cualquier caso no solo se tiene que quedar en eso, sino que nosotros estamos pidiendo que haya más acciones específicas y medidas, una estrategia en definitiva. Podemos decir que Europa también se ha esmerado a través de los diferentes fondos con medidas para el fenómeno del despoblamiento a través del FEDER, del Fondo Social Europeo o del Feader, pero lo que es cierto y verdad es que a día de hoy no hay una estrategia específica en la Unión Europea para abordar el despoblamiento.

-Ahora la Comisión Europea sí que ha puesto en marcha una gran consulta sobre este fenómeno, ¿en qué está consistiendo ese trabajo?

-La propia Comisión Europea ha establecido una serie de enlaces en la página web de la Comisión para que todas aquellas personas que quieran participar en ese proceso lo puedan hacer. La idea es estudiar a fondo estas zonas despobladas escasamente habitadas, las zonas rurales, y darle un enfoque con todo lo que tiene que ver con el envejecimiento de la población, puesto que ambas cosas van estrechamente ligadas, y ver sus necesidades. La Comisión Europea nos ha dicho que durará en torno a seis meses y que fruto de ese gran estudio se hará una especie de Libro Blanco para plantear propuestas. Es como el punto de partida en el compromiso que adquirió la presidenta de la Comisión Europea sobre cómo afrontar el fenómeno del despoblamiento, y que se materializó en una comisaría específica sobre Demografía, pero que nosotros entendemos que tiene que llevar aparejado algo más, por lo menos la estrategia, y también un compromiso para mejorar el marco regulatorio de las políticas de despoblación.

-En España se ha advertido de esta situación desde hace tiempo y se han hecho multitud de informes. ¿Por qué no lo veían venir esto en Europa, o ha sido un problema a nivel sobre todo de España por las políticas aplicadas durante años que solo han favorecido el desequilibrio territorial?

-Bueno, de esto se lleva hablando desde hace mucho tiempo. No es un tema específico del sur, todos los países de la UE están viendo cómo existen movimientos de las zonas rurales a las urbanas, es un fenómeno complejo que tiene sus especificidades y se tiene que tratar desde lo local. No quiero decir que sea responsabilidad de los ayuntamientos ni mucho menos; las políticas se tienen que plantear escuchando a los agentes locales y definiendo medidas concretas en virtud de la realidad de cada uno de los territorios. 

Hay muchísimos países de la Unión Europea y del norte, como Finlandia, que también sufren este problema, es decir, que no es una cosa específica. Los fondos FEDER y Feader también, con el segundo pilar de la PAC, yo creo que han ayudado muchísimo a invertir en zonas rurales, por ejemplo para facilitar el acceso a los servicios básicos como la sanidad o de carácter social como residencias y centros específicos para personas mayores. Pero faltan políticas específicas bien estudiadas para frenar el éxodo de población. 

Debemos tener una sociedad rural bien atendida con recursos comarcales y de cabecera y mejorando las infraestructuras de carreteras, que para eso también se ha invertido muchísimo en la UE, pero lo que se está viendo es que no se está frenando el éxodo. Ahí yo creo que es donde tal vez estamos fallando. El ocio creo que juega un papel muy importante, y fundamental es garantizar la conectividad en las zonas rurales que hoy por hoy no está siendo eficaz al cien por cien.

-Hay políticas de discriminación positiva que se han aplicado en las regiones nórdicas pero que han dejado al margen provincias como Teruel, Cuenca y Soria con problemas similares. ¿Por qué esa exclusión injustificada, es que no se negoció bien? Me refiero a políticas fiscales como las ayudas al funcionamiento de las empresas.

-La verdad es que en aquel momento no sé qué medidas adoptó el Parlamento Europeo para facilitar que eso pudiera ser posible en unas zonas y en otras no. Lo que sí estamos diciendo hoy es que se tienen que introducir dentro de las propias políticas que emanan de la UE de una forma global para todos con políticas de discriminación y de estímulo fiscal, de estímulo empresarial y de estímulo social. Tiene que haber elementos que permitan, como está pasando en los países del norte, facilitar la implantación de empresas que promuevan una economía que sea productiva y que sea sostenida en el tiempo, y ante todo que sea autónoma y rentable.

-Los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, además de las organizaciones empresariales de estos territorios, han presentado alegaciones en ese sentido para que se les reconozca el derecho a las ayudas fiscales.

-Claro, y lo estamos pidiendo también desde el grupo socialista del Parlamento Europeo. Las ayudas fiscales son una cuestión que para nosotros es esencial porque al final la vida en los pueblos no se puede mantener solo con los servicios públicos. Al final estamos generando un modelo de sostenimiento de lo esencial, que es fundamental y que no podemos obviarlo, pero luego el talento, las oportunidades, las nuevas generaciones se van, y lo que estamos generando es un sistema envejecido sin apenas estímulos al crecimiento económico y a la empleabilidad; por lo tanto en eso vamos a estar trabajando en esta legislatura para poderlo garantizar. Por eso yo creo que es importante que hablemos de ese marco jurídico y legal que defina con justicia y con precisión qué entendemos y la categorización de las zonas escasamente pobladas que están sufriendo ese deterioro y son remotas.

-¿Me comentaba que de alguna manera los fondos se han ido adaptando para atender a los territorios despobladas, pero en el caso de las tres provincias que le estoy citando, Teruel, Cuenca y Soria, que son las más afectadas en España, con el nuevo marco financiero 2021-2027 a qué tipos de ayudas podrían acceder estas zonas?

-Primero a ayudas para garantizar el acceso a los servicios públicos de forma igualitaria, la comunicación y la conectividad. Y luego medidas de estímulo fiscal que sí que pueden venir a través del FEDER y de otros muchos fondos y más ahora con todo lo que se está poniendo sobre la mesa relacionado con los efectos de la pandemia del Covid y que también van a ir destinados al sector empresarial. Esos fondos que se están debatiendo y que se están trabajando en la UE, con las incorporaciones que hemos hecho a nivel de Parlamento Europeo, siempre hemos querido meter de forma transversal la mención a las zonas escasamente pobladas para que puedan estar incluidas y beneficiarse económicamente de ellas, tanto en los fondos de investigación, los fondos de estímulo y apoyo al sector empresarial, y las inversiones en el ámbito más sociosanitario que estén garantizadas sin ningún tipo de fisuras para las zonas despobladas.

En términos generales podemos decir que las alusiones están contenidas, y luego tendrán que ser los propios programas operativos y los estados miembros quienes las vayan materializando con medidas muy concretas más adaptadas a la realidad de cada uno de los territorios. Pero ciertamente podemos decir que aunque hayamos ido con los pies a rastras en el pasado, ahora mismo está incorporada la visión del despoblamiento y de la despoblación en prácticamente todas las medidas e iniciativas que se están apoyando de carácter económico en la Unión Europea; aunque voy a insistir en que hace falta una estrategia, y luego también estamos trabajando en que se garantice esa reserva mínima de al menos el 5% para zonas despobladas.

-Estamos hablando de Europa, pero en España todavía no hay una estrategia aprobada.

-Yo he visto la Estrategia que ha planteado el Gobierno y me parece que es muy ajustada a la realidad que tenemos en nuestro país y permite arrojar políticas muy centradas en esas necesidades y en lo que están planteando los propios agentes sociales. Me parece que es un buen documento de partida. En este sentido va mucho más avanzada España que la propia Unión Europea.

- En la 18 Semana Europea de las Regiones y las Ciudades ha reclamado una estrategia comunitaria contra la despoblación, ¿confía en que haya consenso?

-Pues fíjese, en Europa se ve bien. Yo confío en que seamos capaces de sacar adelante esto, porque nos estamos jugando mucho. La vida en los pueblos es la que tenemos que defender pero no desde la retórica o la teórica, sino efectivamente desde los hechos. Confío en que se pueda sacar adelante tanto a nivel nacional como europeo.

-En ese mismo foro europeo usted insistió mucho en los jóvenes y mujeres, ¿qué tipo de políticas hacen falta con estos colectivos para frenar la despoblación?

-Esto tiene que ver mucho con esos incentivos que se tienen que impulsar desde las instituciones públicas y que deben beneficiar al sector productivo, fiscales, empresariales, descuentos en las cuotas. Todo esto hace atractivo instalarse en las zonas rurales, y si además, como estamos comprobando con la pandemia del Covid, el teletrabajo está funcionando y tenemos la posibilidad de llevarlo a cabo desde estos sitios, interpretamos que puede haber muchas empresas que puedan estar interesadas gracias a esos incentivos a instalarse en las zonas rurales. Se está viendo que la vida en el campo está masculinizada, pero también sabemos que las mujeres en el ámbito rural sufren problemas graves de aislamiento y de discriminación y tienen menos posibilidades de crecer o de prosperar, por lo tanto hay que hacer una política activa de discriminación positiva no solo con los jóvenes sino con las mujeres. Y las medidas de conciliación son también importantes, así como aquellas para el retorno del talento. Pero en general es la confluencia de muchas medidas que tenemos que acometer.

-Culturalmente a la gente le atrae más vivir en núcleos grandes de población. ¿Cómo se puede hacer la vida atractiva en el medio rural frente a este condicionante?

-Lo que no podemos hacer es poner en todos los pueblos un cine, teatros con estrenos o musicales, porque es imposible, pero sí que  podemos hacer cosas para estimular la vida cultural en los pueblos. En algunos sitios se están haciendo experiencias muy interesantes, por ejemplo que desde lo público haya una política decidida de incentivar eso en los sitios donde no tienen esas posibilidades.  

-La digitalización es clave pero en territorios como Teruel sigue siendo muy difícil como se ha visto al quedarse fuera de la última convocatoria del Programa de Extensión de Banda Ancha (PEBA). ¿Debería intervenir directamente el Estado donde no llega la iniciativa privada?

-Por supuesto y se está haciendo. Es que en muchas ocasiones los operadores ni quieren, bueno, en algunos casos no quieren y en otros no pueden, porque también hay que tener en cuenta los factores como la orografía, pero donde no lleguen los operadores de telecomunicaciones tiene que llegar el Estado, tienen que llegar las instituciones, y eso estamos exigiéndolo también en Europa. Hubo un compromiso en la anterior legislatura de universalizarlo al cien por cien. En las zonas rurales las redes de alta capacidad no están llegando ni al 30 o 35% de cobertura, por lo tanto ahí estamos apretando mucho a la Unión Europea para que cumpla ese compromiso. 

La extensión de las redes de alta capacidad para que seamos más competitivos en los pueblos de momento no se está consiguiendo, y ciertamente cuestan dinero, pero no es una inversión estratosférica. Yo creo que ahí la Unión Europea, el Estado y por supuesto las Comunidades Autónomas tienen que materializar esa posibilidad; a mí es un tema que me obsesiona y creo que va a facilitar mucho la permanencia a nivel laboral y de ocio para los jóvenes. De todas las propuestas que se tienen que hacer a todos los niveles para hacer frente al despoblamiento, ha de ser uno de los primeros que tenemos que enarbolar.

-¿Se abre ahora una oportunidad con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con los fondos europeos?

-Va a ser fundamental con toda esa cantidad de dinero que va a llegar y teniendo en cuenta que uno de los pilares de la legislatura del Gobierno es la digitalización. Y además vuelvo a insistir, estamos haciendo especial hincapié, porque todavía estamos en proceso, para que en todos los reglamentos y mecanismos que se están arbitrando desde la UE se tenga en cuenta todo lo que tiene que ver con despoblamiento, los movimientos demográficos y la vida en las zonas más remotas, rurales y con dificultades. Es una oportunidad muy importante que tenemos.

-Eso deberá quedar reflejado en el Acuerdo de Asociación entre el Gobierno de España y la UE, puesto que al final son los Estados los que concretan cómo acometer las políticas europeas en sus respectivos países.

-Claro, pero nosotros en la reforma del reglamento de los fondos estructurales estamos pidiendo que en los acuerdos de asociación se contemple y se especifiquen explícitamente estas cuestiones, que esté contemplado todo lo que tiene que ver con la despoblación. Estamos muy pendientes para que eso sea posible. Faltan todavía trílogos y la negociación a nivel de Consejo Europeo, pero yo creo que es muy importante que en ese sentido el Parlamento está haciendo un trabajo muy reivindicativo.

-Nos queda este año y parte de 2021, no hay mucho tiempo ya.

-Sí, va a ser decisivo este tiempo y en alguno de los casos puede que se retrase un poco más, porque ciertamente las negociaciones están siendo muy complicadas en algunos reglamentos. También el marco financiero plurianual está llevando un retraso que bajo el punto de vista del Parlamento Europeo es ya insostenible, pero nosotros no queremos renunciar a la ambición y que de verdad se cumplan las reivindicaciones que hemos defendido en cuanto a los asuntos demográficos.

-A veces tampoco se terminan de gastar todas las ayudas, por desconocimiento o no saber cómo hacerse con ellas.

-Sí, ese es otro tema muy importante, la cantidad de fondos que se pierden, y que tiene mucho que ver con la rigidez que impone la UE a la hora de justificar y de acceder a los mismos, y en eso también estamos trabajando. Tenemos que garantizar que la reforma de los reglamentos estructurales garantice esa simplificación de los procedimientos, y no tiene por qué ir reñido con transparencia o con exigencia a la hora de hacerlo.