Dispersión y envejecimiento: ayuda y obstáculo para la desescalada en Aragón

Isabel Poncela (EFE)

Aragón aglutina a 1.320.000 habitantes en 731 municipios, aunque la mitad viven en la capital, una dispersión con bajísima densidad de población que podría ayudar al éxito de la desescalada, pero en la que el envejecimiento juega en contra, dado que el coronavirus se ha cebado especialmente con las personas de mayor edad.

El Gobierno de Aragón, liderado por el socialista Javier Lambán, ha discrepado públicamente del plan de desescalada planteado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ha pedido que se atienda la evidencia sanitaria y la realidad territorial y de densidad de población aragonesa.

Más del 80 por ciento de los 731 municipios aragoneses tienen menos de mil habitantes; en muchos de ellos no se han detectado contagios; su actividad prácticamente se centra en la agricultura y la ganadería, y en 132 de esas 731 localidades no hay un solo comercio.

Argumentos que sirven a Lambán para pedir una flexibilización de la desescalada, aunque en el Gobierno autonómico son conscientes de que la Comunidad todavía no ha vencido al virus y de que "no hay que bajar la guardia".

Este sábado, Aragón registraba 6.164 casos positivos, con un incremento del uno por ciento con respecto al día anterior, y 761 fallecimientos. El 41 % de las personas contagiadas ha necesitado hospitalización, pero el sistema sanitario aragonés, aunque al límite, no ha corrido riesgo de colapso.

De hecho, no ha sido necesario utilizar las 508 plazas en total que se habilitaron en dos hospitales de campaña, en la Feria de Zaragoza y en el Auditorio de la capital aragonesa. El Gobierno, no obstante, estudia si mantener el habilitado en la Feria como centro de referencia de la COVID-19, incluso para el apoyo a otras provincias, ante una "segunda oleada" de la epidemia.

Este sábado, Aragón tenía disponibles 282 camas de UCI con respirador y 4.172 de hospitalización convencional, lo que supone una disponibilidad del 60 % de camas UCI y del 55 % en las de hospitalización convencional.

Aunque la situación ha sido especialmente dura en las residencias de ancianos.

Según los últimos datos, 123 residencias -de mayores o de discapacitados- del total de 344 que hay en Aragón, y en las que viven o trabajan 21.968 personas, se han visto afectadas por un brote de coronavirus.

El pasado jueves, cuando Aragón contaba con 5.971 casos positivos, 2.292 pertenecían a estos centros (el 38,4% del total de contagiados).

Pero el porcentaje se dispara si se contabilizan los fallecidos, puesto que el 77,4% de los aragoneses que a esa fecha habían muerto con coronavirus vivían en uno de estos centros.

Y el 90% del total de fallecidos tenía en Aragón más de 70 años, algo a tener en cuenta en una comunidad en la que el 16,36% de la población tiene más de esa edad.

Vinculada a este envejecimiento de la población, y como otro factor que juega en contra de la Comunidad, está la tasa de letalidad de la enfermedad, que es del 12,3%, solo superada por Castilla-La Mancha (15,9%) y Extremadura (16,2%).

La magnitud económica de las consecuencias de la pandemia ha tomado cuerpo en Aragón con el cierre, el pasado 17 de marzo, de la factoría de PSA-Opel en Figueruelas (Zaragoza), que encadenará dos expedientes de regulación de empleo temporal para casi toda la plantilla, de 5.500 personas en total.

La planta sigue sin fecha para retomar la actividad y ha pospuesto su decisión al memos hasta el próximo miércoles, día 6, cuando informará de nuevo a sus empleados de cualquier novedad al respecto.

A la espera de conocer los datos del desempleo registrado de abril, el primer mes completo con el estado de alarma decretado, en marzo el número de parados en la Comunidad se incrementó un 8,23 por ciento.

Aunque aún no ha llegado el momento del análisis de la gestión de la pandemia, toda vez que esta sigue vigente, Lambán ya ha avanzado la necesidad de fortalecer los servicios públicos y corregir posibles flancos débiles en Sanidad, por si hay rebrotes, y dedicar más atención a las residencias.

Su intención es incrementar "al máximo" la interlocución con el Gobierno central para trabajar en medidas de "resistencia" con ayudas para los sectores más castigados y de reactivación para medianas y grandes empresas.

Además, exigirá un plan extraordinario de financiación para cubrir los "destrozos" provocados por la pandemia, porque el presupuesto de Aragón "ha saltado por los aires", con una flexibilización de la deuda y el déficit y dotaciones a fondo perdido, porque de los contrario no se podrán mantener los servicios ni reactivar la economía.