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Entre las propuestas hay aportaciones también con ideas para el uso turístico de los paisajes forestales de la provincia

Diversificación de la economía y disponibilidad de vivienda, algunas de las propuestas a la ley de dinamización rural

CEOE-Teruel, la SSPA y Apadrinaunolivo, entidades turolenses que se implican en el proceso participativo

Diversificar la economía en el medio rural, y no limitarse al sector primario sino ampliarlo con miras al asentamiento de emprendedores siempre que dispongan de conectividad, vivienda y movilidad, además de algún tipo de ventaja respecto a las ciudades como una fiscalidad diferenciada. Ese es el planteamiento de las tres entidades turolenses que han hecho aportaciones al proceso participativo abierto por el Gobierno de Aragón para elaborar la Ley de Dinamización del Medio Rural, cuyo objetivo es impulsar estos territorios para asentar la población y atraerla hacia un entorno natural que cada vez va a ser más deseado por la sociedad tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.
Esas son algunas de las aportaciones que han hecho CEOE Teruel, la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) y Apadrinaunolivo al proceso participativo que inició el Ejecutivo aragonés y cuyo plazo finalizó esta semana. En total se han recibido 30 aportaciones, tanto de instituciones como de entidades y particulares, y se han remitido 20 informes. La DGA ha valorado el “gran respaldo” que suponen estas propuestas, que serán tenidas en cuenta ahora en la fase de elaboración del proyecto de ley una vez analizadas.
Fuentes del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales indicaron que una vez decidido qué aportaciones se incorporan, deberán recabarse los preceptivos informes técnicos de la Secretaría General Técnica de esta consejería, así como de la de Hacienda y la Dirección General de Servicios Jurídicos. El texto resultante se enviará al resto de departamentos y una vez aprobado el anteproyecto por el Gobierno, se remitirá a las Cortes de Aragón para su tramitación.
Se trata de uno de los proyectos de legislatura más importantes anunciados en la sesión de investidura de Javier Lambán el año pasado, puesto que se pretende que esta norma se convierta en una herramienta clave para la lucha contra la despoblación a través de la incentivación y la promoción del medio rural.
Por ese motivo se abrió un proceso participativo en el que ha intervenido todo aquel que ha querido, tanto instituciones como entidades y particulares, que en el caso de Teruel también han hecho aportaciones, como una persona que plantea la la explotación del medio natural a través de grandes miradores repartidos por toda la geografía turolense.
Pero las mayores aportaciones de la provincia han emanado de la SSPA, con una larga experiencia en la lucha contra la despoblación en España y Europa, y que se ha convertido en un referente muy influyente ante las instituciones, puesto que intervino en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del país en el Congreso de los Diputados.
A ello se ha sumado también CEOE Teruel, a pesar de que forma parte de la SSPA, con otro informe amplio en la línea de lo que viene defendiendo desde hace tiempo, y por último una organización no gubernamental de éxito, la iniciativa Apadrinaunolivo asentada en Oliete, que se ha convertido en un referente de éxito del emprendimiento rural y el asentamiento de gente joven en el territorio y que impulsa los despertadores rurales inteligencias.
También hay consideraciones de diferentes entidades y organismos del Ejecutivo aragonés, desde el propio director general de Ordenación del Territorio, José Manuel Salvador, al Instituto Aragonés de Fomento y la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias.
La Universidad de Zaragoza también está presente de forma indirecta a través de la Cátedra de Despoblación y Creatividad, que recoge a su vez CEOE Aragón en el informe que presentó a finales del año pasado y en el que se señalan propuestas como la rebaja de 10 puntos en las cotizaciones sociales. Tampoco faltan las aportaciones de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural y de la Diputación Provincial de Zaragoza, entre otras.
Los informes que adjuntan la SSPA y CEOE Teruel son de los más amplios recogidos entre los veinte que se han presentado en el proceso consultivo, y lo primero que hacen es poner el énfasis en la necesidad de acotar con claridad qué se entiende por áreas rurales, así como los parámetros que deben regir para poder acometer actuaciones en los mismos. Advierten de que no se puede estar incurriendo continuamente en los mismos errores de siempre al fijar la renta como criterio básico.

Impacto rural
Desde la Red de Áreas Escasamente Pobladas aportan un amplio informe que recoge algunas medidas ya anunciadas anteriormente por esta entidad como los incentivos fiscales, y que incide en implantar mecanismos para hacer una evaluación del impacto rural que pueden tener las futuras normas que se vayan a aprobar, además de revisar las vigentes.
La diversificación con un nuevo modelo de desarrollo rural integral que garantice la justicia social en todo el territorio aragonés, con independencia del lugar en el que se viva, es otra de las cuestiones recogidas junto con la necesidad de crear una agencia pública especializada en territorios rurales, algo que también se demanda desde hace tiempo y del que se toma como ejemplo la experiencia de éxito de las Tierras Altas de Escocia. Un diagnóstico territorial graduado de cada territorio y la implantación de un nuevo paradigma de modelo de desarrollo rural que supere al actual son otras de sus propuestas.
CEOE Teruel recalca en sus propuestas, recogidas en otro informe que ha adjuntado en el proceso participativo, la urgencia de los incentivos fiscales. Insiste en este sentido en la necesidad de que se reduzcan hasta el 20% en las cotizaciones a la Seguridad Social, algo en lo que está trabajando ya el Ejecutivo aragonés con sus homólogos de las dos Castillas para exigirlo al Gobierno central. Además, recalca cuestiones como la descentralización y que se tenga en cuenta la perspectiva rural en la legislación.