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El campo aragonés se une contra una reforma de la PAC que amenaza su supervivencia El campo aragonés se une contra una reforma de la PAC que amenaza su supervivencia
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y los responsables de las organizaciones agrarias estrechan sus manos

El campo aragonés se une contra una reforma de la PAC que amenaza su supervivencia

Las organizaciones y cooperativas agrarias y el Gobierno de Aragón plasman una posición común
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La totalidad de las organizaciones y cooperativas agroganaderas de Aragón han suscrito un acuerdo con el Gobierno aragonés para expresar su rechazo a la reducción de las ayudas al campo previstas en la próxima Política Agrícola Común (PAC) y advertir de que su implementación no sólo pone en riesgo la continuidad del sector primario, sino también la supervivencia del medio rural.

El documento fue suscrito este miércoles por los responsables de los sindicatos agrarios de UAGA, Asaja, Araga y UPA y de la Asociación de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, así como por el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, quien destacó la importancia de una reivindicación que ha unido a organizaciones agrícolas de ideologías distintas para evidenciar “que la agricultura es tan importante que no se puede politizar”, subrayó.

Todos los participantes en la firma coincidieron en sus respectivas intervenciones en advertir de que el modelo agrario que se deriva de la reforma de la PAC prevista para el periodo 2028-2034 es contrario al actual de agricultura familiar y profesional en Aragón, y a la subsistencia de la vida en los pueblos.

El secretario general de UAGA, José María Alcubierre, señaló que la reducción de las ayudas anunciada, de más del 20 %, supondrá la desaparición de un modelo de agricultura “con personas y que se constituye en primera línea contra la despoblación”.

Alcubierre destacó la “frustración” que existe en el campo ante la propuesta de la Comisión Europea, que a su vez ha potenciado la reivindicación para que no se “desmantele” la PAC. “Los presupuestos se tienen que activar y no puede haber este grado de reducción porque dependemos muchas familias de la agricultura y la ganadería, no sólo aquí en Aragón, sino en toda la UE”, agregó Alcubierre, quien instó a seguir trabajando “unidos” para buscar alternativas para mantener un sector “fuerte” y “con personas”.

Por su parte, el responsable de Asaja, el turolense José Manuel Cebollada, advirtió de que en el actual contexto internacional de conflictos las exigencias para acceder a la PAC deberían desaparecer a fin de posibilitar la producción de alimentos. “No se pueden poner trabas al campo; nos tienen que dejar trabajar”, reclamó.

El portavoz de Araga, Federico Lorente, insistió en que el proyecto de nueva PAC se “lleva por delante” el modelo aragonés de agricultura familiar y profesional e ironizó con que el “único mérito” de la propuesta es haber unido a todo el campo en Aragón en su contra.

Por UPA, Enrique Arcéiz expresó la disposición del sector a manifestarse y a “pelear” para evitar una propuesta que, a su juicio, “no sólo hará morir al campo aragonés, sino también a sus pueblos”.

Reunión de trabajo previa a la firma de la declaración conjunta sobre la propuesta de la CE sobre la PACReunión de trabajo previa a la firma de la declaración conjunta sobre la propuesta de la CE sobre la PAC

El presidente de la Asociación de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, José Víctor Nogués, reivindicó el actual modelo de cooperación agraria en el campo aragonés, “un modelo muy claro que garantiza pueblos vivos con actividad y en el que se aúnan los esfuerzos de los productores”.

Azcón, tras señalar como “algo no habitual” el que organizaciones de ideología distinta se unan en defensa del sector, aseguró que tanto la agricultura como la ganadería constituyen un pilar de la forma de vida en la comunidad.

“Defender una PAC justa es defender la principal vía para luchar contra la despoblación”, comentó el presidente, para quien “sin que exista una política agraria comunitaria que apoye al principal soporte económico del campo aragonés, la política de despoblación cambiaría radicalmente”.

Resaltó que en el acuerdo suscrito no sólo se resalta la PAC como una política comunitaria y estratégica, sino que se defiende un modelo social, familiar y profesional agrario, un presupuesto propio y bien dimensionado, el umbral de las ayudas a la renta por superficie, la creación de instrumentos de gestión de riesgos, el refuerzo de la soberanía alimentaria y la participación “activa y vinculante” de las autonomías en el diseño de estas políticas.

En este sentido, Azcón se refirió a la necesidad de promover acciones para cambiar las políticas anunciadas desde la Unión Europea, a fin de favorecer un “cambio radical” en la PAC que respete las cuantías de las ayudas y valore a los agricultores y ganaderos como elementos garantes de la continuidad del medio rural en Aragón.

“Hablamos de que más de 55.000 aragoneses trabajan en el sector primario, que representa cerca del 15 % del Producto Interior Bruto de Aragón”, añadió el presidente de Aragón, quien dijo que la agricultura y ganadería son el principal motor de actividad en 23 de las 33 comarcas.

Destacó, además, que más de un millar de empresas agroalimentarias son responsables de un total de 20.000 empleos directos en Aragón y que cinco de las diez empresas más importantes de la comunidad pertenecen a este sector.

Punto de partida

La declaración conjunta del Gobierno de Aragón, las organizaciones profesionales agrarias y Cooperativas Agroalimentarias de Aragón suscrita este miércoles se presenta como “un punto de partida” para mejorar la propuesta de la Comisión Europea (CE) para el nuevo marco financiero plurianual y la Política Agraria Común 2028-2034.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, defendió que este pacto debe servir “para iniciar un camino que va a durar muchos años”, ya que todavía quedan años hasta la aprobación del presupuesto comunitario que incluya la nueva PAC. Y en el proceso van a tener que opinar las presidencias nacionales del Consejo de la UE, el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión, el Comité de las Regiones, el Consejo Económico y Social de la UE y, en definitiva, “muchísimos” organismos, lo que amplía el margen de mejora para la propuesta, sostuvo.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, subrayó que este pacto es “un manifiesto claro y firme” contra la nueva PAC porque “no responde ni a las necesidades reales de nuestros agricultores y ganaderos ni a la realidad de nuestro medio rural y pone en serio peligro el futuro inmediato del sector”.

Por ello, aseguró que el Gobierno de Aragón “siempre estará al lado del sector”, trabajando juntos “con firmeza y unidad” para reclamar a Bruselas “una PAC justa que garantice la continuidad de nuestras explotaciones y la vida de nuestros pueblos”.

Principales puntos

En el acuerdo suscrito se refrenda la PAC como una política comunitaria y estratégica; la defensa de un modelo social, familiar y profesional agrario; el mantenimiento de la estructura tradicional del fondo; un presupuesto propio y bien dimensionado, el umbral de las ayudas a la renta por superficie; la corrección de la marginación de la agricultura mediterránea y creación de instrumentos de gestión de riesgos; el refuerzo de la soberanía alimentaria; y la participación activa y vinculante de las comunidades autónomas.

Conocida y estudiada la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen las condiciones específicas para la ejecución de la política agrícola para el periodo 2028-2034, los firmantes del acuerdo valoran positivamente ciertos aspectos, como la simplificación administrativa, la flexibilidad y la capacidad de respuesta ante las crisis. Por el contrario, consideran que conllevará la extinción de algunas de las principales fortalezas que han garantizado el suministro estable de alimentos a precios razonables, el apoyo a los agricultores y ganaderos en el desarrollo de su actividad económica y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles.

El documento añade que la nueva estructura propuesta por la CE para la futura PAC elimina el sistema de cogobernanza que, hasta ahora, permitía la participación activa de las comunidades autónomas en el diseño y ejecución de la política agraria, “lo que supondría una recentralización de competencias que reduciría significativamente el papel que hasta ahora han desempeñado los gobiernos autonómicos en la adaptación de la PAC a las realidades territoriales específicas. Se estima que este cambio podría dificultar la implementación de medidas ajustadas a las necesidades locales y debilitar el principio de subsidiariedad.