El CCD de Teruel, de ser modelo de política estatal para el desarrollo de la provincia a cuestionarse su futuro

El Centro de Competencias Digitales (CCD) de Renfe que abrió sus puertas en Teruel a mediados de 2021 ha pasado de ser un modelo de éxito de la política estatal dirigida al desarrollo de los territorios despoblados como es la provincia de Teruel, a correr peligro de cierre por la incapacidad de la empresa pública que lo gestiona, Logirail, y del Ministerio de Hacienda de encontrar una solución al problema que ellos mismos han generado, ya que el proyecto funciona bien. La crisis que ha provocado la Administración central amenaza con echar por los suelos una iniciativa de reequilibrio territorial contra la despoblación, que es de las pocas que se han puesto en marcha de forma visible dentro de la tan cacareada estrategia nacional frente al reto demográfico.

Cuando en septiembre de 2020 el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, visitó la provincia para conocer las obras de mejora de la línea del tren, presentó también un proyecto innovador del que Teruel iba a ser pionero. Consistía en la descentralización de dependencias de la Administración central por las provincias de la España despoblada.

Respondía a la voluntad del Gobierno de facilitar el desarrollo de estos territorios, como es el caso de Teruel, y empezar a poner en práctica políticas de reequilibrio y de cohesión. Se concretaba así uno de los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, alcanzados en enero de ese mismo año entre el PSOE y la agrupación de electores de Teruel Existe, que había entrado a finales de 2019 en las Cortes Generales con un diputado y dos senadores.

La idea era buena y su materialización lo ha sido también hasta que hace dos semanas la empresa que gestiona el CCD de Teruel, Logirail, dependiente de Renfe, anunció a los trabajadores que a partir del 1 de enero de 2026 iba a quitar los complementos ad personam que reciben algunos de sus empleados. Se limitó a responsabilizar al Ministerio de Hacienda de esa decisión sin dar más explicaciones. Los trabajadores consideran también que la empresa no se ha mojado ni ha hecho nada para resolver esa situación, puesto que esos complementos se pueden dar siempre que se soliciten al Ministerio de Hacienda por tratarse de una empresa pública.

Ni Logirail, ni Renfe, ni el Ministerio de Hacienda han abierto la boca desde que la noticia saltó a la opinión pública. Guardan silencio y estos tres organismos y entidades públicas se llaman a andana como si la cosa no fuese con ellos, habiendo dejado en el aire no solo a los trabajadores que prestan algunos de los servicios esenciales para que Renfe pueda funcionar, sino el más eficaz, sin duda, de los programas que se pusieron en marcha para combatir la despoblación y favorecer el reequilibrio territorial.

En el CCD de Teruel hay afectadas más de diez personas por el anuncio de eliminación de los complementos ad personam, mientras que en el conjunto de centros de similares características de Logirail la medida afecta a más de 200 profesionales.

Estos complementos se dieron para atraer talento y a expertos a los centros que se fueron abriendo por toda la llamada España vaciada. Si el germen fue el acuerdo de investidura con Teruel Existe, la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) ya lo había sugerido en 2019 como antídoto para evitar la pérdida de población en las áreas desfavorecidas y, sobre todo, la fuga de talento.

Tal como han explicado algunos informáticos senior del CCD de Teruel, entre los cuales también hay extranjeros a los que se dieron visados especiales por tratarse de puestos de difícil cobertura, cuando les ofrecieron trasladarse a la capital turolense les atrajo el proyecto, pero perdían dinero. Es por eso que se aplicaron los complementos, para equiparar sus sueldos a los que percibían antes.

La garantía de un proyecto novedoso como estos centros de competencias digitales, desde los que se gestiona toda la infraestructura tecnológica de Renfe, y el hecho de ser públicos y ofrecer una estabilidad, animó a muchos de estos informáticos senior a dejar su proyecto de vida en grandes ciudades o en el extranjero para instalarse en Teruel pese a no tener arraigo alguno.

Ellos han sido el cerebro de este proyecto al que se han ido sumando jóvenes turolenses que han estudiado en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, y que según han reconocido estos días a este periódico, de no haber sido así hubiesen tenido que emigrar.

Talento local

Se trata de talento local formado en los excelentes centros de formación que tiene Teruel, que gracias a una política de Estado acertada se han podido quedar en su tierra, pero que ahora ven amenazada su continuidad porque si se van los informáticos senior puede peligrar el CCD. Y no solo eso, porque a la vista del conflicto desatado con los centros de Logirail en todo el país, lo que podría estar detrás es un intento de privatización de estos servicios a costa de desmontar uno de las principales medidas de la estrategia nacional del reto demográfico.

Lo denunciaba así esta semana UGT, y la anterior la CNT, en sendos comunicados que defendían este tipo de empresas públicas frente a la tendencia privatizadora y la precarización de los puestos de trabajo para el sector público.

UGT calificó de “disparate” lo que está pasando con la dirección de Logirail y la paralización del convenio colectivo por parte del Ministerio de Hacienda, así como la orden de eliminar de un plumazo los complementos a partir del próximo año. De forma implícita supone negar a los profesionales que ejercen su labor en las zonas despobladas, los mismos reconocimientos que tienen en las grandes ciudades. Es maltratar a la España despoblada y traicionar la estrategia nacional frente al reto demográfico y las 130 medidas de lucha contra la despoblación implementadas en el primer lustro de esta década por el Gobierno central. Y lo hacen los mismos que las implementaron.

Es algo similar a lo que está pasando con las ayudas al funcionamiento del 20%, que peleó en Europa el Gobierno central junto con los gobiernos autonómicos y las organizaciones empresariales, y que después de haberlas autorizado la Comisión Europea, el Estado las está aplicando pero en un ínfimo 1,4%. Se venden políticas y a la primera de cambio se anulan. Pasó con los autónomos de nueva incorporación, sin que casi nadie se acuerde ya de eso, y en el caso de los centros de competencias digitales habría pasado inadvertido de no protestar los trabajadores.

El conflicto está abierto y los delegados del CCD de Teruel han mantenido ya varias reuniones con representantes institucionales y de partidos políticos. Desde la Subdelegación del Gobierno también se han interesado por esta situación sin que de momento haya habido una respuesta. En el CCD de Teruel trabajan 44 personas, y en total son un centenar si se suman también los que lo hacen de forma remota. La perspectiva era seguir creciendo, pero las incógnitas sobre su futuro se ciernen en estos momentos.

Un repaso de las manifestación públicas hechas por los responsables políticos pone en evidencia la incongruencia y la falta de coherencia que está habiendo con este asunto, porque con independencia de quién tenga la culpa de la situación actual, si Logirail o Hacienda, es deber del Estado dar una solución a algo que pusieron en marcha ellos con una finalidad concreta, que funcionaba muy bien y que puede seguir yendo bien si se resuelve el problema creado por la propia administración.

La última muestra de apoyo por parte del Gobierno central al Centro de Competencias Digitales de Renfe es reciente. La ministra portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, se refirió a este centro como modelo de éxito y de compromiso con la provincia de Teruel en el programa La noche en 24 horas del Canal 24 horas emitido desde el museo de Teruel el pasado 4 de septiembre. Y lo reiteró, apenas una semana antes de que estallara la polémica por el riesgo de desmantelamiento, durante una visita a la Fundación Térvalis en la capital turolense.

Un vistazo a la hemeroteca y a los diarios de sesiones de las Cortes Generales evidencia también ese apoyo que este proyecto ha tenido, por lo que resulta incomprensible, incoherente, zafio y mezquino lo que está pasando ahora.

La anterior ministra de Transportes, Raquel Sánchez, dijo el 29 de septiembre de 2021 en el Congreso que había un “firme compromiso con el reto demográfico” y que un ejemplo de ello era el Centro de Competencias Digitales de Renfe en Teruel.

Cuando al año siguiente se reunió con el entonces presidente de Aragón, Javier Lambán, lo reiteró, y dijo que el CCD de Teruel pretendía “implantar medidas para frenar la migración a las grandes poblaciones con el fomento del desarrollo territorial”.

Dudas

No obstante, al actual titular de esta cartera ministerial, Óscar Puente, no se le conocen pronunciamientos en ese sentido, sino más bien todo lo contrario al haber afirmado que el tren no está para vertebrar el territorio y dar la espalda a proyectos en la España vaciada por no considerarlos rentables. El Gobierno central tendrá que dar explicaciones si detrás de lo que está pasando ahora están prevaleciendo esas tesis de rentabilidad económica frente a la social.

La anterior ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, también dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2021 que los centros de competencias digitales de Renfe iban a “crear oportunidades en la España interior”. Bien es cierto que la actual, Sara Aagesen, tampoco ha mostrado su apoyo explícito hacia esta iniciativa.

Las comparecencias en el Parlamento están llenas de ese apoyo en la anterior legislatura, cuando tenían que rendir cuentas a Teruel Existe, y no tanto en la actual.

“Los centros de competencias digitales suponen uno de los esfuerzos que hemos hecho no solo para digitalizar mejor la compañía, sino para descentralizar actividad en esos sitios”, respondía el 1 de diciembre de 2022 el entonces presidente de Renfe Operadora, Isaías Táboas Suárez, a la que era senadora de Teruel Existe y hoy vicepresidenta de la DPT, Beatriz Martín.

El presidente de Renfe añadía en aquella ocasión: “El de Teruel es un éxito, igual que lo son ya otros. En nuestra voluntad está abrir más en la medida en que sean necesarios”. Hoy, ante la crisis generada por ellos mismos, Renfe guarda silencio y el Gobierno central también sin la más mínima reacción de apoyo explícita a estas instalaciones después de que en las elecciones de 2023 ondeasen estos centros como uno de los grandes éxitos de la gestión en la lucha contra la despoblación y por el reequilibrio territorial. Atrás ha quedado también el papel mojado en que podría convertirse la Estrategia nacional frente al reto demográfico, donde estos centros eran prioritarios.

Medidas contra la despoblación

El objetivo de los centros de competencias digitales de Renfe está recogido en las 130 medidas contra la despoblación aprobadas en 2021 por el Gobierno central, el mismo que ahora. El plan indicaba que con estos centros se pretendía “desarrollar, en instalaciones ferroviarias que hoy están infrautilizadas y que suelen situarse en poblaciones con tendencia a la despoblación, una actividad de negocio que contribuya a la eficiencia del Grupo Renfe y añada valor”, así como la “creación en zonas sometidas a despoblación de un ecosistema de extensión de capacidades digitales que incluye a las universidades/centros de formación profesional, y el tejido empresarial próximos al Centro de Competencias Digitales”.

Cuando el Gobierno central hizo balance de la ampliación de las medidas de su plan, sobre los CCD (el documento está en la página del Miteco) dijo que habían permitido “descentralizar servicio tecnológicos y crear empleo de calidad en zonas de baja densidad de población”. Destacaba que habían contribuido a reducir la tasa de desempleo en los lugares donde se han establecido y aumentar la empleabilidad en otros sectores.