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El consejero de Vertebración confía en salvar los servicios de tren en riesgo y pide unidad El consejero de Vertebración confía en salvar los servicios de tren en riesgo y pide unidad
Soro, este jueves en las Cortes

El consejero de Vertebración confía en salvar los servicios de tren en riesgo y pide unidad

El PP denuncia que Soro ocultó el 12 de marzo, con motivo de una interpelación sobre despoblación, que ya había mandado la carta al Ministerio con su decisión

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha mostrado su confianza en salvar los servicios de tren que ha decidido dejar de pagar y ha pedido unidad a los grupos parlamentarios, que desde la oposición critican su postura "unilateral" al ir en sentido contrario a lucha contra la despoblación.

Soro ha comparecido en el pleno de las Cortes para explicar su decisión de dejar de pagar servicios en las líneas de Caspe, Lérida y Teruel a petición del PP, cuyo portavoz en la materia, Joaquín Juste, ha criticado que el consejero ocultara el pasado 12 de marzo, con motivo de una interpelación sobre despoblación en las Cortes, que ya había mandado la carta al Ministerio con su decisión.

Juste ha subrayado que no es asumible "dejar en el andén" a muchos aragoneses sin una alternativa negociada y ha reprochado a Soro que desde el Gobierno tome esta decisión cuando en la oposición reivindicaba servicios ferroviarios al ser necesarios para la vertebración y la cohesión social.

"Si la única solución que se le ocurre es el cierre, mejor que se vaya", le ha espetado, al tiempo que ha enfatizado que los ciudadanos no tienen la culpa de que los gobiernos no se pongan de acuerdo sobre quien paga los servicios deficitarios, que el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi decidió asumir.

El consejero ha defendido su coherencia, porque siempre ha apostado por un ferrocarril de calidad en Aragón, y que su decisión no es fruto de "un calentón de última hora", sino "un ejercicio de realismo" frente al pago de cuatro millones al año de un servicio que es competencia del Estado y que se necesitan para otras cuestiones, y ha citado el coste del nuevo mapa concesional de autobús, que pasará de 5 millones a 15 para llegar a todos los núcleos de más de diez habitantes.

Soro ha incidido en que gobernar es tomar decisiones y ha asegurado que ha prorrogado estos servicios dos meses, hasta final de mayo, no como una rectificación -como la ha calificado el portavoz de Vox, Santiago Morón-, sino por "cintura política", dado que están abiertas las negociaciones con el Ministerio de Transportes y habrá una reunión el 31 de marzo.

"Quiero reunirme para solucionar el problema", ha aseverado Soro, quien ha admitido que para él habría sido mucho más cómodo seguir pagando y no estar en el "ojo del huracán", pero aspira a mejorar globalmente los servicios, y ha mostrado su deseo de conseguir entre todos salvar estas relaciones ferroviarias.

En el turno de los grupos, Carlos Ortas, de Cs, ha considerado que el debate no es sólo conservar estos servicios, sino qué tipo de conexiones se quieren para Aragón, ha considerado "casi una ocurrencia" la decisión de Soro y le ha instado a presionar a Madrid y a utilizar a sus socios del PSOE para conseguir que el Gobierno central los asuma como obligación de servicio público.

Santiago Morón, de Vox, ha insistido en que el Gobierno de Aragón acierta cuando rectifica y en que a los aragoneses no les importa de quién es la competencia, sino que se preste el servicio, al tiempo que ha apuntado que el Gobierno de Aragón dedica 6,5 millones a cooperación al desarrollo que también debería asumir el Gobierno de España.

Álvaro Sanz, de IU, ha compartido los argumentos de Soro, pero está en total desacuerdo con esta actuación unilateral que supone un paso más hacia el abandono y desvertebración del medio rural aragonés que "todos -ha enfatizado- decimos defender". También le ha reprochado que se supriman estas ayudas mientras se mantienen para operadoras áreas.

Fernando Sabés, del PSOE, ha asegurado que su grupo quiere que sigan esos trenes, y ha lamentado el "cuajo" del PP, que en Aragón calló cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decidió dejar de pagar servicios deficitarios, mientras que Joaquín Palacín, de CHA, ha criticado que el PP sea constitucionalista cuando "le da la gana" porque fue el que creó el problema en 2012, y entones Cristóbal Montoro "no pensó nada de nada" en Teruel.

Vanesa Carbonell, de Podemos, ha considerado la prórroga del servicio "un balón de oxígeno", pero ha insistido en que el servicio no puede desaparecer y en que no se puede permitir que los aragoneses vean mermados sus derechos, porque se estaría fomentando la España vaciada, y Jesús Guerrero, del PAR, ha pedido unidad para que Soro pueda reclamar "con fuerza" lo que le corresponde a Aragón en Madrid.