El Estado deberá dar respuesta al requerimiento de Aragón sobre las autovías pendientes en Teruel

El Estado deberá romper su silencio y dar respuesta al requerimiento que el Gobierno de Aragón le hará sobre las autovías pendientes en la provincia de Teruel, en la próxima reunión que mantengan la Consejería de Fomento y el Ministerio de Transportes. La A-40, la A-68 y la A-25 son las eternas olvidadas, cuyos vaivenes son continuos con independencia de quién gobierne en España. Reivindicadas de forma constante, protagonizarán el próximo encuentro que mantengan los departamentos de ambas administraciones en ese compromiso que hay de hacer un seguimiento constante de las infraestructuras pendientes en Aragón.

Lo anunció el consejero de Fomento del Ejecutivo aragonés, Octavio López, el mes pasado en las Cortes de Aragón, en respuesta a una pregunta del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, en el pleno de la Cámara autonómica.

Son autovías que se demoran desde hace más de tres décadas en algún caso, como la A-40, y que no han conseguido salir adelante con independencia de quién gobernase, si el PSOE o el PP. Ambos se reprochan además mutuamente la responsabilidad de que no avancen. Si bien hace dos décadas fueron los socialistas quienes se comprometieron a desarrollarlas dentro del Plan de Actuación Específico para Teruel, después con los gobiernos populares no salieron adelante e incluso caducaron algunos estudios, como el de la A-25, o quedaron dormidos en los cajones del Ministerio como sucedió con la A-40.

Con la A-68, aunque se ha ido avanzando con la tramitación administrativa, no ha habido forma de licitar los trabajos para que haya obras, mientras PP y PSOE se siguen culpando mutuamente de que no salgan adelante. Si con los populares no hubo forma de que se avanzase con la gran recesión de 2008, con los socialistas en el Gobierno desde el año 2018 tampoco lo ha habido.

Se han retomado estudios, pero modificando los parámetros, lo que reduce la posibilidad de que la A-40 y la A-25 sean finalmente autovías, a cambio de la mejora de las actuales carreteras nacionales y, en el mejor de los casos, con la incorporación de tramos de 2+1 carriles, que nada tiene que ver con lo que se recogió en su día en los Planes de Infraestructuras del Estado, ni con el tratamiento que se ha dado a las vías de comunicación de gran capacidad en otras partes del país.

Constantes iniciativas

Las iniciativas parlamentarias, tanto en las Cortes Generales como en el Parlamento autonómico no dejan de producirse de forma cíclica, así como las preguntas, pero el asunto sigue durmiendo el sueño de los justos y no parece que vaya a desbloquearse por la eterna prórroga presupuestaria de un Gobierno centrado en la resistencia y con compromisos que debe cumplir con los socios nacionalistas que le apoyan en el Congreso.

El consejero de Fomento de la DGA, Octavio López, insistirá en estas tres infraestructuras de alta capacidad en la próxima reunión de seguimiento en materia de comunicaciones que mantendrá con el Estado. Lo anunció a mediados de junio en las Cortes de Aragón.

López explicó que al igual que en la primera reunión de coordinación se habló de la A-68, para la que se fijaron una serie de plazos, la A-40 y la A-25, los esfuerzos del encuentro se centraron en la provincia de Huesca.

Para la próxima reunión, el consejero se comprometió a “concentrar fundamentalmente los esfuerzos del encuentro en la provincia de Teruel” para abordar estas tres autovías, que deberían estar acabadas hace años, pero que no han pasado nunca de los trámites administrativos previos, al margen de quién haya gobernado en Madrid. La dinámica es la misma entre los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP. Cuando están en la oposición urgen al Ejecutivo y cuando gobiernan se paraliza ese ímpetu.

Guitarte se lo reclamó así en el pleno de las Cortes de Aragón de mediados de junio, con el argumento de que la clave era una cuestión de “actitud”. Pidió que su reclamación fuese “prioritaria” para el Gobierno de Aragón y que así se lo traslade al Ministerio.

En el caso de la A-40, en el Plan de Infraestructuras del Estado desde el año 1990, uniría Teruel con Cuenca y enlazaría con Madrid. En treinta años no se ha conseguido salir de la tramitación administrativa, cuando no se han traspapelado los documentos.
 

Recordó que el nuevo estudio informativo, el que siguió al primero que decayó por una Declaración de Impacto Ambiental negativa, se dejó caducar en 2019 y luego salió un anteproyecto que planteaba de forma ambigua la opción de autovía, la mejora de la carretera, o en el peor de los casos ninguna de las dos posibilidades. El documento lleva más de dos años a la espera de informe ambiental.

La misma situación se da con la A-25, entre Monreal del Campo y Alcolea del Pinar (Guadalajara), para la que se ha redactado un nuevo estudio informativo tras dejarse caducar el anterior como pasa casi siempre con las infraestructuras en la provincia de Teruel. Guitarte advirtió que el plazo de redacción debería exponerse ya al público y no se ha hecho.

Además, recordó la situación con la A-68, sobre la que el Gobierno de Aragón en coordinación con los ayuntamientos afectados está trabajando con el Ministerio de Transportes, y apuntó que hay tres proyectos redactados “que podrían salir a licitación de obras”, para lo cual falta que salgan a exposición pública.

Voluntad política

Son actuaciones que requieren de voluntad política por parte del Ministerio de Transportes, pero que no se desatascan. López se comprometió a priorizar esta demanda en su próximo encuentro con los responsables del Estado en materia de infraestructuras de comunicación, y reiteró que iba a ser “incisivo” en su reivindicación, porque “son necesarias en la provincia de Teruel desde hace muchísimos años”.

Además, recalcó que lo que pide el Gobierno de Aragón, tal como se acordó en una de las iniciativas votadas en el Parlamento aragonés, es que sean autovías, nada de fórmulas raras con las carreteras de 2+1, lo que supone incorporar un tercer carril en algunos tramos para adelantamientos.

La demanda histórica, que durante años ha abanderado el movimiento ciudadano Teruel Existe, que estuvo presente en las reuniones de los agentes económicos y sociales hace dos décadas cuando se aprobó el Plan Específico, y que ha formado parte de los programas electorales de todas las formaciones políticas, lleva camino de convertirse en una reclamación eterna y utópica a la vista de lo sucedido hasta ahora.

Su ejecución ha sido alentada por los partidos cuando estaban en la oposición, y cuestionada cuando pasan a ser gobierno con el argumento de que las infraestructuras no traen progreso sino que incluso facilitan que la gente se marche; algo que va en contra de lo que dicen los estudios académicos.

Las infraestructuras traen desarrollo porque los territorios se hacen accesibles y competitivos, como ha sucedido en todo el arco mediterráneo y donde han llegado las grandes vías de comunicación. Prueba de ello es que uno de los hándicaps de Alcañiz para poder conservar el Gran Premio de MotoGP es que no tiene autovía, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a tenerla acabada en 2010. Tres lustros ya de retraso.

Lo mismo pasó con la candidatura turolense para albergar la Agencia Espacial Española. Uno de los motivos esgrimidos por el propio Gobierno es que Teruel carecía de infraestructuras de comunicación adecuadas. Los mismos que deniegan a la provincia la posibilidad de disponer de buenas infraestructuras de comunicación, son los que la condenan al ostracismo por carecer de ellas: la paradoja del absurdo del poder cuando lo que interesa son otras cosas y el discurso y las políticas públicas chirrían por todas partes al carecer de coherencia.

Eso mismo pasa cada vez que se le pregunta al Gobierno por estas infraestructuras, o cuando surgen iniciativas parlamentarias que nunca acaban por debatirse aunque emanen del propio equipo de gobierno, como las iniciativas que planteó Sumar el año pasado, a través de CHA, para impulsar la A-25 y la A-68. Ambas siguen pendientes de debatirse.
 

La oposición tampoco consigue nada en claro cada vez que pregunta, porque las respuestas son dilatorias e imprecisas. Es el caso de la pregunta por escrito que la senadora del PP, Emma Buj, hizo el año pasado en relación a la A-40, interesándose por las alegaciones presentadas al anteproyecto de mejora del itinerario entre Teruel y Cuenca.

En la pregunta, la senadora era clara al solicitar todas las alegaciones presentadas al anteproyecto, y en la respuesta escrita el Ministerio eludió cualquier transparencia al afirmar que no podían facilitar copia de las alegaciones, escudándose en que se estaban analizando.

El Ministerio de Transportes aprobó provisionalmente el anteproyecto de estudio para ver cómo resuelve la conexión entre Teruel y Cuenca, si por autovía o por carretera, en marzo de 2023, hace más de dos años.

En la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) aparece que este proyecto ha finalizado la fase potestativa, que es la relativa a las alegaciones. De acuerdo con la legislación vigente (artículo 36 de la Ley de Regulación Ambiental), el informe de alegaciones lleva como media un plazo de 3 meses. Remitir el expediente a Medio Ambiente supone otros dos meses y la declaración de impacto seis meses, a lo que sigue la redacción definitiva del Estudio Informativo (3 meses) y su aprobación definitiva y publicación en el BOE (otro mes más).

Se lleva ya más de un año de retraso sobre lo que debería ser normal, lo que solo tiene una explicación por más que se argumente la delicada situación medioambiental de la zona que atraviesa: falta de voluntad política, que traducido al lenguaje de la ciudadanía es que no hay interés en hacer esta infraestructura y que ser pocos, por desgracia, sí que resta derechos.

Iniciativas de impulso

Ni a los socios de gobierno les hace caso el Ministerio de Transportes. Dos iniciativas de impulso a la A-68 y la A-25 presentadas por el grupo parlamentario plurinacional de Sumar, donde está CHA, llevan un año pendientes de ser debatidas en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados. Ha pasado todo el curso política sin que se hayan debatido estas Proposiciones no de Ley, lo que parece un indicativo del poco interés de que salgan adelante por parte de quienes cuando estaban en la oposición reclamaban todo lo contrario, que se impulsasen.

La PNL sobre los tramos pendientes de la autovía A-68 en las provincias de Zaragoza y Teruel se presentó para su debate en comisión en septiembre del año pasado, y en su parte resolutiva pedía impulsar la tramitación de los tramos entre Fuentes de Ebro y Ventas de Valdealgorfa para poder emprender su ejecución en el menor plazo posible y, en todo caso, antes de finalizar la legislatura.

La iniciativa sobre la A-25 se presentó el 20 de junio del año pasado y su parte propositiva insta a que se ejecute la conversión en autovía del tramo de la N-211 entre Alcolea y Monreal. Está también a la espera de debate. Cinco días después, Junts registró otra PNL para la conexión de Lleida al Corredor Mediterráneo de mercancías, que se votó y aprobó en el mes de octubre. En esta sí hubo rapidez en tramitarla y voluntad política de aprobarla.