El Gobierno de Aragón estudiará cómo reclamar un régimen fiscal similar a territorios como Canarias

El Gobierno de Aragón estudiará cómo reclamar un régimen fiscal para los territorios despoblados  de la Comunidad Autónoma similar al que gozan las zonas ultraperiféricas de la Unión Europea como Canarias. Lo aseguró el director general de Despoblación del Ejecutivo aragonés, Juan Manuel Hernández, en las Cortes, donde manifestó también que estudiarán e impulsarán una nueva “ley integral contra la despoblación”, si bien reconoció que la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA) y la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación eran buenos documentos, pero “no suficientes” para aportar soluciones a este problema.

El anuncio de la nueva ley lo hizo sin concretar más detalles, más allá de apuntar que sería similar a las normas aprobadas en otras comunidades autónomas, durante su comparecencia en la Comisión de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del Parlamento aragonés para informar de las líneas de actuación de esta dirección general a petición de los grupos parlamentarios Socialista, CHA, Aragón-Teruel Existe y Mixto.

El responsable de esta nueva dirección general creada por el Gobierno de coalición PP-Vox, y que gestionan los segundos, advirtió al inicio de su intervención  que no podía dar “demasiados detalles” sobre medidas concretas, puesto que se está cerrando el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma del próximo año. Las novedades respecto a anteriores anuncios fue el impulso de esa nueva ley y la reclamación de un régimen fiscal similar al de las zonas ultraperiféricas.

Sobre esta cuestión dijo que estudiarán cómo reclamar “un régimen fiscal en el marco de artículo 174 (del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), similar al que actualmente se aplica en las zonas ultraperiféricas”.

El director general dijo no entender “cómo zonas ultraperiféricas insulares como Canarias han podido ganar 500.000 habitantes en estos últimos veinte años con un régimen fiscal verdaderamente potente, y las regiones del interior rural de Aragón se mueren” al extinguirse en ellas “todo servicio público y todo ser humano”.

Hernández insistió, como viene haciendo también el vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, en que el crecimiento del presupuesto destinado a esta área será importante, tanto en lo relativo al Fondo de Cohesión Territorial como a otras políticas, e incluso apuntó que se están planteando la creación de “fondos específicos si fuera necesario”, aunque precisó que requerirá de un estudio más detallado.

Además de la creación del Centro de Estudios sobre Despoblación en Teruel, ya anunciado hace tiempo y sobre el que no dio más detalles, dijo que se celebraría un congreso internacional sobre esta cuestión. Defendió la necesidad de ese centro para que las políticas que se pongan en marcha se apoyen en “diagnósticos adecuados” y sean eficaces, frente al planteamiento de los grupos de la oposición en el sentido de que existen ya suficientes herramientas políticas para actuar y la necesidad de pasar de la teoría a los hechos.

Sin eficacia hasta ahora

Hernández criticó que lo hecho hasta ahora “no ha sido eficaz” y que las medidas se trabajarán con el resto de los departamentos, para lo cual se crearán instrumentos jurídicos de planificación y coordinación.

Insistió, como ya habían dicho, que se revisará la legislación existente, en especial la Ley de Dinamización del Medio Rural, y dijo que se intensificarán los contactos con otras administraciones, desde la local a la europea para buscar todas las posibilidades para hacer frente al fenómeno.

Entre las actuaciones a desarrollar comentó que se elaborará un Plan Integral contra la Despoblación para identificar los nodos de centralidad, recogido en la EOTA, que tengan viabilidad demográfica para actuar en ellos de “forma integral” para asentar la población y retenerla “en aquellos núcleos potencialmente sostenibles”, a la vez que se garantiza así el acceso a los servicios de los municipios de su área de influencia.

Dijo igualmente que “se estudiará e impulsará una ley integral contra la despoblación, como con la que ya cuentan otras comunidades, que permita utilizar toda la potencia de nuestra administración en la adopción de soluciones a este problema”.

La captación de fondos adicionales de la UE y la individualización de los territorios más afectados para que puedan recibir ayudas estructurales, será otra de las líneas de trabajo a desarrollar, así como un régimen de fiscalidad diferenciada “más ambicioso” que el de la Ley de Dinamización, apuntó.

El portavoz del PSOE, Darío Villagrasa, pidió concreción en las políticas porque los diagnósticos son conocidos, mientras que Juan Carlos Gracia Suso (PP) dijo que había que empezar a repoblar y que la creación de la consejería era un avance. Joaquín Palacín (CHA) afirmó que los instrumentos que ya había eran una “buena base para seguir trabajando”; Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe) consideró que se sabía ya lo que hay que hacer y “falta la valentía de hacerlo”; y Carmen Rouco (Vox) manifestó que el marco normativo debe ir más allá de la simple declaración de intenciones.

Unanimidad para impulsar los servicios bancarios

La Comisión de Desarrollo Territorial aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley presentada por el PSOE, y transaccionada con PP y Vox, para impulsar los servicios bancarios en las zonas rurales y evitar el cierre de oficinas y de cajeros automáticos.

La iniciativa busca combatir la exclusión financiera en el medio rural, cuestión sobre la que todos los grupos estuvieron de acuerdo aunque hubo reproches sobre el posicionamiento de cada uno cuando está en el gobierno o en la oposición.

La PNL aprobada insta a impulsar fórmulas de cooperación con las entidades financieras teniendo en cuenta la situación de cada municipio y a apoyar con los medios del Ejecutivo aragonés las posibles afecciones por la pérdida de esos servicios, así como a solicitar al Gobierno de España que en colaboración con la banca emprenda acciones para habilitar estos servicios en las zonas rurales. Pide también involucrar a otras entidades en las soluciones y fomentar políticas de formación en banca electrónica.