El informe del Defensor del Pueblo sobre abusos en la iglesia recoge casos en la capital, Mas de las Matas y Fuentespalda

Redacción / Aragonpress / EFE

Las investigaciones del Defensor del Pueblo sobre los abusos en el seno de la Iglesia han desembocado en un demoledor informe. Las más de 770 páginas que ha entregado Ángel Gabilondo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, arrojan seis puntos en la provincia de Huesca, otros seis en Teruel y hasta 26 en la de Zaragoza, tal como se extrae de los datos recogidos, entre los casos comunicados por las congregaciones y parroquias, más los testimonios recopilados a lo largo de los últimos años por el diario El País. Campamentos, residencias, internados, colegios o hasta domicilios particulares dibujan con mayor precisión que nunca el rastro de esta lacra, que tuvo como principales víctimas a hombres menores de edad. La cifra de afectados superaría los 400.000.

En Teruel, el informe ha detectado abusos en la Catedral Santa María de Mediavilla, el Colegio La Salle, el Orfelinato San Nicolás de Bari, la parroquia de Mas de las Matas, un domicilio particular de Fuentespalda y el Seminario Menor Las Viñas.

En la provincia oscense, aparecen los Campamentos en el Valle de Pineta (Bielsa), el Colegio Santo Domingo de Monzón, la Escuela de Hostelería de Sahún y el Seminario Diocesano de Jaca. A estos se suman, en la capital altoaragonesa, el Colegio Internado Salesianos San Bernardo y San Viator.

El grueso se da en Zaragoza. Dentro de la capital, aparecen los colegios Calasancio de los Escolapios, Cristo Rey de los Escolapios, Cardenal Xavierre, Escolanía Infantes del Pilar, Escolapias Calsanz, Fomento Montearagón, La Salle Franciscanas de Gran Vía, La Salle Montemolín, Marianistas Santa María del Pilar, Maristas del Pilar, Obra Diocesana Santo Domingo de Silos, Romareda Agustinos Recoletos, Sagrado Corazón, Salesiano Nuestra Señora del Pilar y Carmelitas Descalzos. En la Almunia de Doña Godina, figura también el Colegio Salesiano.

Asimismo, ocurrió lo propio en la iglesia de Nuestra Señora del Castillo de Clarés de Ribota y la parroquia de Sádaba, como también la de Santo Dominguito del Val, de Zaragoza. En los seminarios de la provincia, se reportaron casos en el de la localidad sadabense (en dos localizaciones distintas), el de Zuera, el Mercedarios y el Nuevo de Zaragoza. Cierran la lista otros dos domicilios particulares de la capital.

Casi todas las diócesis contestaron 

Del informe se extrae también que las diócesis accedieron a colaborar o, al menos, respondieron a la comunicación por carta del Defensor del Pueblo. Solo la de Huesca dejó de contestar a la segunda misiva. También siguiendo esta distribución, la de Jaca comunicó dos casos, con dos sacerdotes agresores confirmados, uno y un clérigo la de Barbastro-Monzón y Tarazona, respectivamente; tres y tres Teruel-Albarracín y dos Zaragoza, de nuevo con dos curas identificados. Por sexo y edad, de los abusos ratificados por las propias diócesis, todos ellos fueron hombres menores, llegando a haber hasta trece en Teruel-Albarracín. De esta tabla, dos casos se dieron en el periodo hasta 1959, seis entre 1960 y 1979 y otro, en Zaragoza, en este siglo, desde el año 2000 hasta la actualidad.

Así las cosas, el Defensor del Pueblo apunta que cada localización no equivale a un solo episodio de abuso, sino que se pudieron producir más. Tampoco aparece en el estudio el número desgranado por Comunidades, aunque sí por órdenes religiosas. La Compañía de Jesús y Maristas, en la denominada Provincia Ibérica, que abarca Aragón y La Rioja, entre otras regiones, son las que cuentan con más casos informados: 119 y 114, respectivamente.

Según los expertos, los abusos acarrearon a la mayoría de las víctimas síntomas que han impedido el correcto desarrollo de su vida, como el estrés postraumático. Los califican incluso como “un problema universal de la iglesia católica, que ha afectado a la sociedad española de un modo no muy distinto” a otros territorios consultados.

El informe del Defensor apunta a cientos de miles de víctimas de abusos en la Iglesia

El informe sobre abusos sexuales en la Iglesia elaborado por el Defensor del Pueblo reúne los testimonios de 487 víctimas, y recoge los resultados de una encuesta en la que el 1,13 % de los españoles mayores de edad revela que ha sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6 % por parte de un sacerdote o religioso.

El Defensor, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el resultado de la investigación que la Cámara le encargó hace año y medio, y se ha negado a extrapolar cifras de un abuso que según la citada encuesta han podido sufrir más de 445.000 personas en el ámbito religioso y casi 236.500 por parte de sacerdotes.

El documento de 777 páginas titulado "Una respuesta necesaria" no cuantifica el número total de posibles víctimas de los abusos, y se limita a recoger los datos de esta encuesta a 8.013 personas mayores de edad que revela que un 11,7 % de los españoles ha sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años.

487 testimonios de abusos en la Iglesia

El informe sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia elaborado por el Defensor del Pueblo reúne los testimonios de 487 víctimas, pide crear un fondo estatal para compensarlas y denuncia cómo la jerarquía católica negó y minimizó el problema durante mucho tiempo.

Según este trabajo, el 84 % de las víctimas entrevistadas por la institución fueron hombres, como la gran mayoría de sus agresores. Solo una pequeña parte de los acusados han sido juzgados por las autoridades civiles; la mayoría de ellos continuaron en sus puestos, fueron traslados y, en menor medida, juzgados por el derecho canónico.

El Defensor critica a la Iglesia por negar y minimizar el problema

El Defensor critica la respuesta de la Iglesia y lamenta que ésta ha estado caracterizada "durante mucho tiempo" por la negación o la minimización del problema.

"Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos", ha censurado.

En rueda de prensa, Gabilondo ha calificado de "insuficiente y dilatoria" la respuesta de la Iglesia a las víctimas y ha criticado conductas habituales como el traslado de personas abusadora a otras parroquias, centros docentes o incluso países.

En cuanto a la participación de la Iglesia en esta investigación, Gabilondo ha explicado que se ha intentado contactar con todos los obispos, pero no todos han contestado. "Algún obispo nos ha reñido", ha dicho, pero también ha habido otros "que lo han hecho bien".

"Mentiría si dijera que aquí nadie ha colaborado y mentiría si dijera que ha habido una colaboración extraordinaria", ha indicado Gabilondo que ha añadido: "la Iglesia ha tomado conciencia de que el mayor de los escándalos sería no colaborar con esta sociedad que quiere saber".

Las críticas del Defensor no se limitan al ámbito eclesial, también denuncia que los poderes públicos carecieron de procedimientos para prevenir, detectar y reaccionar frente a los abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia y sólo a partir de 2021 se introdujeron mecanismos de prevención y detección.

Y lamenta también que la mayoría de casos que han llegado a ser denunciados no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial.

Propone un fondo para indemnizar a las víctimas

El informe incluye una serie de recomendaciones, como la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a las víctimas y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas.

"Me parece imprescindible que la Iglesia participe activamente y sea una parte fundamental del fondo estatal", ha dicho Gabilondo a este respecto y ha añadido que "la Iglesia, a estas alturas, debe ser consciente de esto".

También considera que esta institución debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran.

Y solicita que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.

Otra de las propuestas es la celebración de un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas "por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad", en particular entre 1970 y 2020.

Los testimonios revelan un impacto devastador en las víctimas

En cuanto a los testimonios recogidos, que en palabras de Gabilondo "revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en su vida", se trata de entrevistas a 487 víctimas, realizadas tanto en Madrid como fuera de la capital.

El informe destaca cómo las víctimas recalcan los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Un tercio de ellas afirman haber tenido síntomas de estrés postraumático y algunas han experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida.

Para la elaboración de este informe, el Defensor ha mantenido más de 80 encuentros con el presidente y secretarios generales de la Conferencia Episcopal, con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, con el decano del Tribunal de la Rota, con representantes de institutos de vida consagrada, y con la Comisión Asesora y Foro de Asociaciones de Víctimas.

Gabilondo ha explicado que el próximo 2 de noviembre entregará el informe al Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y ha advertido de que "ahora es el momento del Congreso de los Diputados, de la Iglesia y del Gobierno, que con este informe tienen datos suficientes para adoptar medidas concretas que den a las víctimas lo que necesitan".

"Yo confío en que la iglesia católica esté a la altura del desafío que se le presenta y de la ocasión que se le brinda para abordar este asunto en toda su radicalidad. Si no, se equivocará", ha concluido el Defensor.