El Justicia de Aragón pide un pacto intergeneracional y que las residencias no sean asilos

La necesidad de "abandonar" el sistema de asilos que pervive en las residencias de mayores y evitar el aislamiento de los ancianos son dos de las peticiones que incluye el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, en un informe sobre estos centros de mayores, para quienes pide un pacto intergeneracional que favorezca la convivencia de jóvenes y mayores.

El objetivo de este informe, como ha explicado el Justicia, Ángel Dolado, en rueda de prensa, ha sido conocer el impacto de la covid-19 durante el estado de alarma en las personas que viven en residencias y las afecciones a los trabajadores, personal sanitario y familias. De hecho recoge también los expedientes de quejas, más de 50, aunque alguno agrupa hasta 25 familias de un mismo centro.

El estudio, de 123 páginas, comenzó a elaborarse el 23 de marzo y se cerró el pasado 6 de julio con las aportaciones recibidas por 71 de los 100 centros de Aragón a los que se envió el requerimiento, que suponen un tercio de los que hay en la Comunidad autónoma y que abarcan el medio rural, las capitales de provincia, todos los de carácter público y una representación de los de discapacidad.

De la provincia de Teruel han respondido el 68,7 %, de la de Zaragoza el 64 y de la de Huesca el 81 %; de los de titularidad pública (gestión directa y concertada) han respondido el 80 % y de los privados el 67,7 %, lo que representa a casi 6.000 residentes en el momento de la pandemia y 3.600 trabajadores.

El 53,73 % de las residencias que han contestado registraron contagios, con un total de 1.003 usuarios y 344 trabajadores. Sumaron además 339 fallecidos hasta el 17 de mayo, 98 en centros covid, y el 98,6 % elaboró plan de contingencia, la mayoría entre los meses de marzo (35) y abril (19).

Aunque 32 centros han mantenido relación diaria con los centros de salud, en 8 (11,2 %) fue mala, nula o escasa, un porcentaje que a juicio del asesor de Menores y Mayores del Justicia, Esteban Andrés, "no es de recibo".

El 85 % de los centros reconoció que tuvo que contratar personal y solo un 15 % abordó el estado de alarma sin tener que incorporar personal nuevo.

Según el lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, ha sido un trabajo "exhaustivo y tenso" que se ha acelerado debido a los rebrotes de covid-19 con el fin de que las propuestas puedan ponerse en marcha "ya" y ha advertido de que el informe "no ha pretendido culpar a nadie de nada sino plasmar la realidad, ver las causas y ser propositivo".

Uno de los aspectos que se ha puesto de manifiesto es que es un sistema "inadecuado" y basado en un modelo de asilo que, según Dolado, tiene que "desaparecer".

Se debe tender hacia un sistema donde "prime la dignidad" frente a la "privación" de derechos que se ha evidenciado durante el estado de alarmam cuando los usuarios quedaron recluidos en sus habitaciones pese a que solo el 50 % habían tenido contagios.

En este sentido, desde el Justiciazgo se aboga por un sistema alternativo en función de las edades y crear residencias medicalizadas para quienes precisan una atención "especial" o son altamente dependientes y es por lo que considera que ahora es el "momento ideal" para presupuestar adecuadamente la ley de dependencia.

Las quejas revelan que ha prevalecido el "miedo antes que la salud", se han roto los vínculos afectivos, se ha producido una falta de acompañamiento en procesos de duelo, y de escasez de información con transparencia no solo en los centros de mayores, sino también en los de discapacitados, ha señalado Esteban Andrés, quien desde el Justiciazgo reclama una "atención centrada en las personas".

Es por lo que Dolado también considera necesario un "pacto intergeneracional" que favorezca la convivencia de jóvenes y mayores. "No se pueden aceptar arrestos domiciliarios. Es necesaria una ley de Derechos y Garantías de los Mayores", ha subrayado.

Según Dolado, la atención en los hogares es "esencial" porque el hecho de que el 80 % de las muertes se hayan producido en residencias "no tiene ninguna explicación". Sin embargo durante la pandemia solo 92 residentes de los centros que han participado en el estudio retiraron a sus familiares.

En el ámbito laboral el Justicia también observa la necesidad de mejorar los ratios de trabajador por usuario, de que tengan retribuciones "dignas" para motivarles, así como formación adecuada y continuada además de ponderar el tiempo trabajado por los profesionales para evitar que los empleados sean "personal de usar y tirar".

Dotar a todas las residencias aragonesas de espacios para el esparcimiento de las personas residentes, establecer unos protocolos claros de derivación a los centros intermedios; evitar, en la medida que sea posible, situaciones de aislamiento extremo; garantizar la dotación adecuada de EPIs, establecer sistemas ágiles y operativos para la realización de pruebas diagnósticas tanto a residentes como a profesionales, o la apertura de los centros de día son otras de las peticiones que se revelan en el estudio.

Además de potenciar los servicios de inspección y control sobre las residencias y de la participación de usuarios y familiares en el funcionamiento de los centros residenciales para facilitar la información; crear redes de comunicación entre los servicios de las distintas administraciones y realizar un estudio sobre la situación de todas las residencias en Aragón, y su capacidad de respuesta en situación de pandemia, entre otras medidas.