El Justicia denuncia carencias en el servicio de salas de estudio públicas en Teruel

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, se ha dirigido al Ayuntamiento de Teruel, al Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial de Teruel para que estas instituciones tomen cartas en el asunto tras detectar “evidentes carencias” en el sistema de infraestructuras bibliotecarias públicas y servicio de salas de estudio de Teruel en una resolución redactada a raíz de la queja de un  estudiante a quien no se le permitió el acceso a la sala de consulta de la biblioteca pública de Teruel con sus apuntes para estudiar, a pesar de que, según sostiene, había puestos vacantes.

Tras llevar a cabo las comprobaciones oportunas y solicitar informes a las diferentes instituciones que tienen responsabilidades en el asunto, el Justicia de Aragón hace una serie de recomendaciones a las tres administraciones consultadas. 

La institución reconoce en su resolución la limitación de medios de la Administración, y no olvida los límites presupuestarios que existen, pero “ello tampoco debe llevar a obviar las necesidades actualmente no cubiertas por el sistema público”, que debe permitir el acceso al servicio de lectura, estudio y consulta.

Al Ayuntamiento de Teruel le pide que estudie la posibilidad de aumentar el número de salas de estudio existentes y ampliar el horario de apertura de la única sala de estudio disponible durante las épocas de exámenes de los estudiantes de la ciudad, después de que el consistorio turolense le transmitiera que solo dispone de la sala de lectura del Centro Social del Arrabal, que abre de lunes a viernes en horario de tarde.

A la Diputación de Teruel, el Justicia de Aragón le solicita que valore la posibilidad de establecer convenios de colaboración para ampliar los espacios destinados al estudio durante periodo de tiempo determinados, después de que la institución provincial le informara de que “no cuenta con espacio destinado a tal fin” a excepción de la sala de la Uned, de la que participa por formar parte del consorcio.

En el caso del Gobierno de Aragón, Dolado se dirige por un lado a la consejera de Educación, Cultura y Deporte a la que le pide que estudie la posibilidad de reducir los espacios de consulta en la biblioteca de Teruel y destinarlos a estudio, durante periodos de tiempo determinados en función de la demanda. Por otro, pide a la Dirección General de Cultura y Patrimonio que valore el principio de congruencia a la hora de calificar como queja en vez de recurso el escrito presentado por el ciudadano afectado y considerar la resolución del director general como no impugnable.

En el escrito el ciudadano explicaba su caso y lamentaba que en la biblioteca de Teruel no le hubieran dejado ocupar un espacio dedicado a consulta para estudiar cuando había otros sitios vacíos. El ciudadano se dirige al Justicia de Aragón para poner  en conocimiento “una presunta actuación discriminatoria” por parte de un poder público  y la negativa a resolver sobre el asunto por parte del órgano superior jerárquico. Considera asimismo que en caso de la biblioteca pública habría que establecer “un mínimo criterio de racionalidad y eficiencia” para atender a la demanda existente en la sociedad turolense.