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El maltrato animal puede llevar a la cárcel a una mujer que adoptó a dos perros El maltrato animal puede llevar a la cárcel a una mujer que adoptó a dos perros
Kiko y Kira, los dos perros bretones que aparecieron ahogados en el Arquillo en mayo de este año

El maltrato animal puede llevar a la cárcel a una mujer que adoptó a dos perros

En 2021 se verá el juicio por los dos canes muertos en el Arquillo tras ser arrojados atados a una piedra
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El maltrato animal puede llevar a la cárcel a una mujer que adoptó el año pasado a dos perros que habían escapado de la muerte estando recién nacidos, después de que su dueño los tirase a un río en la provincia de Cádiz. Se le acusa de haber hecho presuntamente lo mismo cuando se trasladó a vivir a Teruel con sus mascotas, y en mayo de este año las arrojó al Arquillo con poco más de un año atadas a una piedra para que se hundieran. La abogada de la Asociación Protectora de Animales Uno Más, que fue quien acogió a los cachorros y los dio en adopción, pide 18 meses de cárcel por cada uno de los dos delitos de maltrato animal cometidos, la pena máxima por este tipo de hechos delictivos deleznables que no dejan de producirse en una sociedad que sigue sin entender que los animales como seres vivos también tienen sus derechos reconocidos legalmente.

El juicio por Kiko y Kira, que es como se llamaban los perros de raza bretón, y cuya fecha está pendiente de señalar para el próximo año, no será una vista cualquiera por maltrato animal, porque ha llamado ya la atención de los medios de comunicación ante unas prácticas que podrían ser más habituales de lo que parece, pero que quedan ocultas a la vista de la sociedad.

La mujer que adoptó a estas dos mascotas podría acabar en la cárcel, ya que el fiscal pide un año de prisión por cada uno de los dos delitos de maltrato animal de los que se le acusa, mientras que la acusación particular solicita 18 meses. Además, el ministerio público solicita tres años de inhabilitación para el derecho a tener, comerciar y desempeñar cualquier profesión relacionada con animales, y la letrada de la acusación cuatro años por lo mismo.

Aunque en este caso la asociación protectora Uno Más no ha reclamado indemnización, el juez instructor, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, sí ha pedido a la acusada una fianza de 8.000 euros por las posibles responsabilidades que pudieran imponérsele en el juicio, que se celebrará en el Juzgado de lo Penal.

El caso sorprende por la crueldad, y aunque la mujer ha dado una versión exculpatoria que de momento no goza de credibilidad a la espera de que se celebre la vista oral, el auto de apertura de juicio dictado por el instructor es más que concluyente al afirmar que la investigada, de 32 años y presunta autora de la muerte de los dos perros, no cumplió con los acuerdos establecidos en el contrato de adopción de los animales y les causó “sufrimiento y maltrato”.

Los adoptó cuando vivía en Elche y después se trasladó a Teruel, aunque nunca dijo nada a la sociedad protectora Uno Más de ese cambio de domicilio. Lo que pudo pasar por su cabeza es una incógnita a la espera de que se celebre el juicio, pero en mayo de este año, en plena desescalada, fue detenida como presunta autora de un delito de maltrato tras aparecer ahogados los dos perros en el embalse del Arquillo atados entre sí por las patas y cuello a una piedra para que se hundieran.

Cuesta comprender una crueldad semejante, solo entendible dentro de una sociedad caprichosa que cosifica a las mascotas y que no las ve como seres vivos, sino como objetos de usar y tirar, como fue el caso de Kiko y Kira, que de recién nacidos ya habían escapado de una muerte similar.

Fue en febrero del año pasado, en Chiclana. Una pareja joven paseaba junto a un río y vio cómo desde un vehículo en movimiento arrojaban al cauce una caja. Reaccionaron con rapidez y pudieron rescatar a los dos cachorros que iban dentro, que casi se ahogaron, pero a los que pudieron reanimar.

Adopción

Fue la Asociación Protectora Uno Más de Cádiz la que se hizo cargo de los cachorros y les buscó adopción. Su vicepresidenta, Maribel Bartel, no puede ocultar emocionarse cuando recuerda todo el proceso que han vivido con este caso, porque tampoco puede entender cómo pueden pasar cosas así y cree que el juicio debe ser un toque de atención a la sociedad.

Al ser cachorros, y por la forma como intentaron desprenderse de ellos arrojándolos a un río, la protectora tuvo un especial cuidado a la hora de seleccionar a la persona que los adoptó. Cuenta Maribel que por lo unidos que estaban los dos perritos al ser hermanos, intentaron que quien los adoptase fuese una misma persona, no por separado.

Esa persona surgió a los tres meses y pasó todos los filtros, tras el riguroso proceso de selección de los adoptantes que tiene la protectora. No tienen refugio y funcionan con un sistema de acogida hasta que encuentran a personas interesadas en adoptarlos a través de su página web. Son solo seis mujeres las que integran la asociación y el trabajo que hacen es voluntario, pero su actividad es frenética, como pone de manifiesto que entre octubre y noviembre de este año entregaran 44 animales en adopción en tan solo dos meses.

Los candidatos pasan por entrevistas, hasta cinco en el caso de la mujer acusada ahora de maltrato, realizadas por distintas integrantes de la protectora. Además, después hacen un seguimiento. “A día de hoy no sé cómo ha pasado esto ni le encuentro una explicación”, comenta Maribel, quien asegura que los perros se veían bien hasta que en noviembre de 2019 la mujer les pidió la cesión. La protectora hizo los trámites, pero ella no llegó a darse de alta.

Todavía hubo un contacto a principios de este año y ella les aseguró que todo iba bien. No obstante, ahora se ha sabido que en esas fechas se había trasladado a Teruel, porque no dijo nada a la protectora, y que su situación había cambiado. De hecho, en diciembre del año pasado alguien la denunció al Seprona por cómo tenía los perros en una azotea, pero nadie comunicó nada a la protectora. “De habernos llamado en diciembre, los perros estarían vivos, porque estarían con nosotras”, afirma Maribel.

“La sociedad tiene que educarse y cambiar, porque son animales que sienten, padecen y necesitan que los protejamos”, afirma la vicepresidenta de Uno Más, que confía en que el juicio sirva para visibilizar que las leyes castigan el maltratado animal, “que quien lo comete puede ser procesado”.

En este sentido, añade que hay que tener “empatía” con el resto de seres vivos, y apela al conjunto de la sociedad a que denuncie también este tipo de maltrato, y a la policía y los órganos judiciales a que los persigan. “Hay que hacer ver que la justicia actúa y que esto está castigado por la ley”, concluye.

Vida trágica

La historia de Kiko y Kira no deja de ser conmovedora porque es el relato de dos cachorros de la raza bretón a los que no acompañó la suerte desde que su primer dueño decidiera matarlos arrojándolos recién nacidos en una caja a un río en Chiclana.

Una pareja los rescató de las aguas entonces. Mientras él los sacaba prácticamente ahogados del río, la mujer lo grababa. Las imágenes, facilitadas por la protectora Uno Más, a la que se entregaron los cachorros, son estremecedoras y no hacían imaginar que después tuvieran el mismo destino con la persona que los adoptó, y más con los filtros y controles que tienen estos procesos. Todo apunta a que algo le cambió en la vida a quien los adoptó, pero eso no justifica lo que terminó pasando. En una triste ironía trágica, los mataron como intentaron eliminarlos de recién nacidos, en esta ocasión en las aguas del Arquillo.