El Partido Popular exige modificar la ley del 'solo sí es sí' para evitar rebajas de penas a violadores

El Grupo Popular en la Diputación Provincial de Teruel ha presentado una propuesta para su debate en el pleno de este miércoles en la que reclama la modificación, por vía de urgencia, de la Ley Orgánica 10/2022. “El objetivo es que ningún condenado pueda beneficiarse de una normativa que en teoría nació para proteger a las mujeres y que se ha demostrado que está consiguiendo todo lo contrario”, señaló la diputada provincial Yolanda Sevilla.

“No pretendemos hacer juego político con un asunto de extrema gravedad”, insistieron los populares en una nota de prensa, sino que el objetivo es “dar solución a un problema que está alarmando a la sociedad y que se puede resolver fácilmente si hay voluntad política para hacerlo”. Por ello, consideran que trasladar una opinión “unánime y firme” desde la institución que representa a toda la provincia “puede ayudar a que se cambie aquello que no se ha hecho bien”.

Los diputados del PP aseguraron, por voz de Yolanda Sevilla, que “no pueden permanecer impasibles” ante el riesgo “real” de que “condenados por violaciones en la provincia de Teruel puedan salir a la calle”. “A los que han sufrido esos actos deleznables les debemos todo nuestro trabajo para garantizar el respeto de las normas y para que aquellos que cometieron esos delitos no pisen la calle hasta que hayan cumplido con la pena que se les impuso en su momento, no menos”, añadió.

Menos excusas, más soluciones

Yolanda Sevilla criticó que, una vez se ha tenido conocimientopor parte de la opinión pública de casos de reducción de condenas, el Gobierno central se tenía que haber puesto “manos a la obra” para poner remedio a esta “sinrazón”. En lugar de ello, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha comenzado una campaña de “desprestigio de la Justicia española” que “no responde a la realidad y que intenta enmascarar que los verdaderos culpables de esta situación se sientan en el Consejo de Ministros”.

“Hay dos tipos de representantes políticos: aquellos que ponen remedio a los problemas de la ciudadanía y los que pretenden desviar la atención para no asumir las responsabilidades derivadas de sus actos”, aseguró la diputada del Grupo Popular en la DPT, quien lamentó que, en este caso, el Gobierno central está “plagado” de los segundos.

Por esa razón, exigió a Irene Montero y, por extensión, a Pedro Sánchez que pronuncien “menos excusas” y que planteen “más soluciones”. “Una vez producida esta situación tan peligrosa ya no hay tiempo que perder porque, cuanto más semanas inviertan en intentar sacar rédito político del asunto, más condenados por violaciones se van a ver beneficiados de la nueva normativa”, concluyó.