El plan de medidas ante el reto demográfico: Fondo de Cohesión Sanitaria e impulso al bienestar y la economía de los cuidados

El Plan de Medidas frente al Reto Demográfico del Gobierno central pretende reactivar el Fondo de Cohesión Sanitaria, suspendido desde el año 2013, como una de las herramientas de las políticas que va a impulsar para romper la brecha existente entre el mundo rural y el urbano en la prestación de servicios básicos. Es una de las once medidas recogidas en el eje octavo, con el que se busca impulsar el bienestar social y la economía de los cuidados en las zonas despobladas que, además, están muy envejecidas. A ello se suma, para equilibrar la vida en el campo con la de las ciudades, otro eje enfocado a la promoción de la cultura con ayudas a quienes mantienen viva esas actividades en el territorio, y programas como el denominado Platea 0.0 con giras para que los municipios pequeños puedan tener también una oferta estable de espectáculos.

La sanidad y los servicios sociales son básicos para asentar y mantener a la gente viviendo en el territorio, al igual que una oferta cultural estable si se quiere retener a la población joven y evitar así que emigre a las ciudades o cabeceras comarcales. A garantizar esos servicios y esa oferta están dirigidas las medidas de los ejes 8 y 9 del Plan frente al Reto Demográfico.

El documento señala en relación al octavo eje que el plan pretende avanzar en la igualdad de derechos en todo el territorio, eliminando para ello la brecha de desigualdad actualmente existente con las zonas urbanas, mediante la implementación de la prestación de servicios básicos, tanto sanitarios como asistenciales, con el matiz de que sean “próximos y en condiciones de igualdad”.

Argumenta el plan que las políticas sociales en zonas con problemas demográficos deben procurar una “especial atención a las necesidades derivadas del mayor envejecimiento de la población rural, y sus implicaciones en la prestación de los servicios sociosanitarios y asistenciales a las personas mayores”.

Abordar el bienestar social desde un enfoque de derechos facilita, según argumenta el documento, “la inclusión social y el pleno derecho de proyectos personales y profesionales que garanticen la libertad de la elección del lugar de residencia”, algo fundamental para impulsar el asentamiento de la población en estos territorios.

Otras medidas incluidas en este eje están orientadas a lograr la igualdad de trato, inclusión y diversidad, así como la atención a la infancia, puesto que solo de esa manera estará garantizada una plena igualdad de derechos en las áreas rurales.

Entre las políticas propuestas hay sobre todo varias medidas planteadas para la mejora e igualdad en las prestaciones sanitarias, así como para los apoyos y asistencia a mayores, un potencial además para impulsar la economía de los cuidados en estos territorios.

Así, establece un marco estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, por entender que la misma es el eje vertebrador del sistema sanitario y su fortalecimiento es uno de los retos más importantes que ha de afrontar el país en los próximos años. 

Los resultados que se esperan alcanzarse son de la máxima relevancia en términos de mayor prevención y diagnóstico precoz de las enfermedades, mejora de su control, años vividos con calidad de vida y bienestar, reducción de desigualdades sociales y territoriales y mejora de la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario.

En ese marco se proponen estrategias integrales de atención a condiciones de salud frecuentes y específicas, y en particular la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, la Estrategia en Salud Mental y la Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas.

A través de esta iniciativa se quieren promover hábitos de vida saludables y entornos activos y saludables para toda la población, así como el envejecimiento activo, y la mejora de la calidad de vida de los enfermos crónicos. Se busca igualmente promover un cambio de enfoque para que la asistencia pase de estar centrada en la enfermedad a orientarse hacia las personas.

Para alcanzar la igualdad de trato en la asistencia sanitaria, el Plan frente al Reto Demográfico plantea la activación del Fondo de Cohesión Sanitaria, una herramienta especial del Gobierno cuya finalidad es garantizar la cohesión y la equidad en el acceso de la ciudadanía a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud con independencia del lugar donde se viva. Este fondo se suspendió en el año 2013 y lo que se busca ahora es recuperarlo para incrementar la calidad y la cohesión del sistema sanitario a través de fondos finalistas.

Ampliar la cartera de servicios del sistema nacional es otro reto recogido en el plan para ofertar a toda la ciudadanía el acceso a las mismas prestaciones “en igualdad de condiciones, con independencia de su lugar de residencia”. Se precisa, no obstante, que esta garantía o cobertura descentralizada es compatible con que determinadas prestaciones estén concentradas en centros de referencia por evidentes razones de calidad, eficiencia y seguridad asistencial.

Dentro de las medidas se incluye el impulso de políticas que urgen en provincias como la turolense para reforzar el sistema de salud en cuestión de recursos humanos, y sobre todo su interinidad. En este sentido, el documento señala que el objetivo es reforzar las dotaciones de médicos y enfermería, reducir su temporalidad, mejorar sus condiciones laborales y potenciar su formación y desarrollo profesional. Todo ello desde un esfuerzo conjunto del Ministerio que se complementará con las decisiones que en materia de aumento de efectivos establezcan las Comunidades Autónomas con cargo a sus recursos financieros.

Entre las ideas que lanza el plan está la revisión de las distintas alternativas de gestión que se están utilizando para poder contratar personal en las zonas donde es más difícil la cobertura como son las áreas rurales. A ello se suma una estrategia de salud digital para el impulso de la salud en red y el desarrollo de los servicios públicos digitales sanitarios.

En cuanto a la economía de los cuidados, se proponen reformas que simplifiquen los procedimientos y reduzcan las listas de espera, refuercen la calidad de los servicios profesionales y las condiciones laborales y aumenten la cobertura de las prestaciones. Todo ello a través de un Plan de Choque en Dependencia 2021-2023, con un impulso de cambios en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración, promoviendo un proceso de desinstitucionalización y un modelo de atención centrada en la persona.

En otro orden de cosas se plantea un plan de modernización de los servicios sociales que incluya una transformación tecnológica y que incorpore la innovación y la formación, al igual que el refuerzo de la atención a la infancia.

También está previsto avanzar en que España sea un país accesible para todos facilitando el acceso a múltiples entornos, para lo cual se establece una medida específica. Otra medida está dirigida a fomentar la economía social como un instrumento de éxito en la España despoblada, ejemplificando modelos que funcionan bien y que puedan ser replicados, a través de una campaña audiovisual y de la realización de un documental.

Promoción de la cultura

El noveno eje del plan propone otras 12 medidas para la promoción de la cultura, al entender que la misma es importante para favorecer dinámicas de transformación social, económica y demográfica, además de para mejorar la imagen de los territorios de interior.

Argumenta en este sentido el documento que la cultura contribuye a la igualdad de derechos, y la docena de medidas planteadas, que pueden verse detalladas en el cuadro de la derecha, están dirigidas a acercar la actividad cultural a las zonas rurales, apoyar la promoción y dinamización de centros de producción y difusión cultural, la puesta en valor y recuperación del patrimonio, y el impulso a la digitalización de los servicios culturales para eliminar la brecha cultural entre áreas urbanas  y rurales.

Se contempla un plan de transición digital de las bibliotecas rurales para aprovecharse de las oportunidades que ofrece el proceso de digitalización, el apoyo a proyectos culturales, y contemplar el reto demográfico en los criterios de valoración de las convocatorias del 1,5% cultural. También se contempla un programa de conservación y restauración de patrimonio, y otro de formación, investigación y difusión del mismo.

En el ámbito más específico de realización de actividades culturales, hay un plan de ayudas para salas de exhibición independientes, la potenciación del programa Platea 0.0 para la circulación en gira de espectáculos por el medio rural, un programa de ayudas a librerías en este ámbito, y otro de ayudas para la dinamización cultural y la organización de festivales. Además, se establece un protocolo de colaboración en materia de patrimonio cultural en el medio rural, y un programa piloto para mejora de equipamientos y patrimonio edificado.

Red de pequeños municipios por la igualdad de trato

Dentro de las propuestas para acortar la brecha en igualdad de derechos entre las zonas rurales y las urbanas, el Plan de Medidas plantea la creación de una Red de pequeños municipios y áreas en riesgo demográfico por la Igualdad de trato, la inclusión y la diversidad para evitar exclusiones. 

La idea está concebida a la manera de otras iniciativas como la Red Española de Ciudades Saludables y desde la colaboración público-privada. La intención es promover de esta forma iniciativas hacia la igualdad de trato, el reconocimiento de la diversidad y la convivencia en igualdad, sin que medie discriminación por razón de origen étnico-racial o por pertenencia a la comunidad LGTBI.

Los criterios para la selección de los municipios que acabarán integrando esta red en lo relativo a su tamaño serán los que proponga la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de acuerdo a las competencias en acción social, promoción de la igualdad y cohesión social. 

Además, se plantea que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, establezca los criterios para la selección de los municipios españoles en función del reconocimiento de las necesidades que se vayan detectando en este proceso.

El objetivo de esta medida, según el documento del plan, es el reconocimiento de iniciativas de carácter público-privado que destaquen por su capacidad para promover actividades de sensibilización, formación e información contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, para mejorar la convivencia en igualdad, en municipios españoles, propiciando la mejora de la convivencia.

El organismo del Estado que será competente en la materia para desarrollar esta iniciativa dentro del plan será el Ministerio de Igualdad.