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La ministra Teresa Ribera cuando compareció recientemente en la Comisión de Reto Demográfico del Senado

El reto demográfico se incorpora de forma transversal en los Presupuestos del Estado

La Secretaría General dispondrá de 19 millones y se invertirán 2.500 a través del mecanismo de recuperación

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 contempla acciones específicas para la lucha contra la despoblación y el reto demográfico, aunque no concreta en ningún sitio la cuantía global exacta. Aparecen 19 millones de euros consignados para la nueva Secretaría General del Reto Demográfico, y en los distintos ministerios se hace referencia a múltiples programas y acciones cuyo objetivo será revertir la despoblación, pero no se detallan partidas con cifras exactas. La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha cuantificado esas inversiones en 2.500 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española dentro del Fondo Next Generation de la Unión Europea.

Tanto la ministra Ribera como el nuevo secretario general del Reto Demográfico, Francisco Boya, han intentado esclarecer en las Cortes Generales en las dos últimas semanas de qué manera los PGE van a atender la lucha contra la despoblación, uno de los compromisos del Ejecutivo central recogido además como uno de los ejes prioritarios de acción de este Gobierno.

Con denominación específica solo aparecen 19 millones para la nueva Secretaría General, lo que no termina de convencer y ha llevado a pedir explicaciones y aclaraciones en sede parlamentaria por parte de todas las fuerzas políticas, en particular por el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, en el Congreso, y por los senadores Manuel Blasco (PP) y Joaquín Egea (Teruel Existe) en la Cámara Alta.

Así lo hicieron Blasco y Egea durante la primera comparecencia de la ministra Ribera en la Comisión de Reto Demográfico del Senado de esta legislatura, que tuvo lugar el pasado 29 de octubre, y Guitarte en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso celebrada el pasado el 4 de noviembre. 

En la comisión del Congreso, Guitarte fue contundente al advertir de que “faltan fondos por todos los sitios” durante la comparecencia de Francisco Boya para explicar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en lo referente a su área de competencias, tras haber sido nombrado secretario general del Reto Demográfico apenas una semana antes en sustitución de Elena Cebrián, cuya gestión no ha gustado a nadie.

Pero todos los grupos parlamentarios fueron en la misma línea en ambas comisiones, y Tomás Guitarte incidió también en esa cuestión el pasado jueves cuando se reunió con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dentro de los contactos gubernamentales en busca de apoyos para la aprobación de los PGE. De hecho, anunció la presentación de enmiendas para que se “visibilicen” esos fondos a través de los distintos ministerios.

A la espera de que antes de que finalice el año se apruebe en Conferencia de Presidentes la Estrategia estatal del reto demográfico, pendiente desde hace tres años porque debería haberse presentado a finales de 2017 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, la realidad es que en los PGE de 2021 se consignan 19 millones de euros para esta materia en un nuevo programa denominado 456E Reto demográfico y lucha contra la despoblación.

Fondos Next Generation

No obstante, tanto la ministra como el secretario general han incidido en que además habrá 2.500 millones de euros del mecanismo de recuperación, es decir, de los fondos europeos Next Generation. Es decir, que todo el peso del esfuerzo inversor del Estado en luchar contra la despoblación se volcará en este mecanismo creado por la UE a raíz de la pandemia y que pretende hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la misma.

Ese dinero del mecanismo de recuperación, según ha explicado la ministra, está enfocado a reactivar la economía en las áreas afectadas por la despoblación, el acceso a los servicios en iguales condiciones que en el resto del territorio, la conectividad digital del medio rural y el impulso a la vivienda, los planes de sostenibilidad turística y el desarrollo de la Agenda Urbana en las zonas prioritarias ante el reto demográfico.

Los 19 millones como tal para la Secretaría General del Reto Demográfico se destinarán al funcionamiento de la misma con 2 millones de euros, mientras que los 17 restantes se prevén transferir a comunidades autónomas y entes locales para actuaciones y actividades en esa materia y que no se especifican. 

Sí que en el desglose de las partidas se indica que ese dinero, los 17 millones, irá destinado a “reforzar el papel de la mujer en el medio rural”. El fomento de medidas para asentar mujeres y jóvenes en el medio rural son dos objetivos fundamentales que figuran en la estrategia gubernamental.

Boya, a pesar de estar recién llegado, justificó estas cuentas aclarando que el objetivo de la Secretaría General es “dinamizar ese otro gran presupuesto” de los 2.500 millones del mecanismo de recuperación. “El dinero está”, recalcó, y desde el departamento a cuyo frente está van a hacer de “centinelas”, precisó, además de “coordinar que se ejecuta”. Incidió en la importancia de entender cómo se va a trabajar y se mostró dispuesto a comparecer de nuevo para dar más explicaciones precisas sobre las políticas que se van a impulsar.

La ministra lo explicó en el Senado afirmando que el Plan de recuperación “contempla medidas específicas en el ámbito social como educación, sanidad, vivienda y movilidad, y en ámbitos sectoriales, como la industria, el turismo, el sector agroalimentario, las iniciativas de innovación o la inversión en infraestructuras y ecosistemas resilientes”. Todas ellas, precisó, “fundamentales, matizadas, reforzadas para frenar el declive socioeconómico de las zonas de interior de España, para utilizar estas palancas como elementos de reequilibrio, para reducir la brecha de desigualdad”.

Insistió en que “la cohesión territorial y la inclusión social son líneas directrices de nuestro plan de recuperación y de las orientaciones para la inversión del fondo europeo”. Añadió además que el marco financiero plurianual 2021-2027 de la UE adopta también criterios demográficos, en particular en la distribución de fondos estructurales y de cohesión.

Acuerdo de asociación

Así deberá recogerse, dijo Ribera, en el próximo acuerdo de asociación España-Unión Europea, que define la distribución de los fondos estructurales y de cohesión, y cuya programación deberá plasmarse por tanto “en los programas operativos de las comunidades autónomas, para que las administraciones territoriales dispongan de financiación dirigida a la lucha contra la despoblación”, en la misma línea de las conclusiones a las que llegó el Consejo Europeo el pasado 17 de julio.

En lo referente a las medidas para luchar contra la despoblación que aparecen recogidas de forma transversal en los PGE, la ministra recalcó que el primer objetivo es “garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, viva donde viva, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas”.

Reconoció el error cometido este año con la convocatoria del Plan de extensión de banda ancha 2020, que dejó a Teruel y otros provincias despobladas fuera ya que los proyectos de las operadoras que se presentaron fueron desestimados debido a que no alcanzaban los objetivos de cobertura mínima, es decir, el número mínimo de unidades inmobiliarias a las que debía dar cobertura un proyecto.

Si se está hablando de zonas despobladas, era lógico que esto iba a suceder por la escasa población. La ministra reiteró en el Senado que se haría una segunda convocatoria para atender a las doce provincias que se quedaron fuera y admitió que “este es el tipo de cosas que tenemos que corregir”.

Además de para la digitalización, otro objetivo transversal recogido en los presupuestos del Ministerio de Transportes son las iniciativas en torno a la vivienda, ya que según la ministra “el acceso a la vivienda es uno de los factores que ha contribuido a acrecentar la brecha urbana-rural”.

Entre las medidas contempladas hay un plan de rehabilitación integral y energética en municipios de menos de 5.000 habitantes, además de otros programas ya existentes que se van a reforzar, junto con ayudas a la adquisición y alquiler de vivienda a los jóvenes en núcleos menores de 5.000 habitantes.

También se prevé un Plan de actuaciones en materia de saneamiento y depuración que comenzará en zonas de menos de 5.000 habitantes, mientras que en los ámbitos de salud, educación, protección social, atención a la dependencia, movilidad y suministro de productos básicos, la ministra aseguró que se pretende “velar por una cobertura con estándares adecuados para toda la población y de acuerdo a las características de los distintos territorios”.

Impulso al Turismo

Políticas de empleo y formación mediante aulas Mentor para llegar a municipios pequeños es otro objetivo del Gobierno con estos presupuestos, según la ministra, en este último caso con una inversión de algo más de 3 millones en una primera fase; además del impulso al turismo interior junto con la financiación de proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico de uso turístico que cree oportunidades económicas en zonas rurales y despobladas.

Otra línea de trabajo, según explicó la ministra, es el establecimiento de mecanismos para ofertar soluciones de movilidad en el medio rural, al igual que un impulso a la agricultura sostenible a través de la política agraria común. En este sentido la ministra recordó que la nueva PAC incorpora “intervenciones específicas para generar oportunidades a mujeres y jóvenes que se instalen en el medio rural, con parámetros de discriminación positiva”, y ayudas directas a jóvenes que se instalan por primera vez.

La transición energética justa fue otro aspecto planteado por la ministra desde el convencimiento de que hay que ser “audaces, innovadores y disruptivos, buscando palancas de dinamización territorial”. La colaboración público-privada será otro eje, para el que se pondrá en marcha un fondo de inversión para emprendedores rurales, así como la extensión de la Uned en las provincias afectadas por el reto demográfico.

Mujeres y jóvenes

La Estrategia estatal frente al reto demográfico, que la ministra se ha comprometido a elevar a la Conferencia de Presidentes este mismo año, pretende aprobar sesenta medidas transversales, algunas de ellas ya en marcha. Incluirán medidas en materia de conectividad digital, calidad de vida, diversificación económica, Administración cercana a los ciudadanos y mejora de las instituciones relacionadas con los planes de recuperación, según lo manifestado por la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, en el Senado.

Estas medidas estarán acompañadas por la puesta en marcha de oficinas de lucha contra la despoblación, que introducirán planteamientos innovadores en lo que a la gestión territorial se refiere. El objetivo, según Ribera, será impulsar el desarrollo de proyectos en el territorio, “especialmente vinculados a la población joven y las mujeres como colectivos prioritarios, clave en el asentamiento de la población” y teniendo en cuenta la “diversificación de actividades”.

La estrategia, según ha destacado la ministra, incorporará el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión, además de una simplificación normativa, para lo cual se está trabajando en el Estatuto Básico de los Pequeños Municipios. Todo ello a través de una “gobernanza multinivel” que implicará a todas las administraciones y la colaboración público-privada.