El informe de la Comisión Europea aborda una primera valoración de la ‘Visión a largo plazo de las zonas rurales’
El territorio reclama mejoras en movilidad y facilitar el acceso a los fondos europeos
Primer informe de valoración de la ‘Visión a largo plazo de las zonas rurales’ de la Unión Europea
Quienes viven en el territorio reclaman un mejor acceso a la movilidad, a la vivienda y a los servicios, además de a los fondos europeos por la limitada capacidad administrativa que tienen los pequeños municipios rurales para acceder a los mecanismo de financiación europea. Así lo recoge el primer informe que ha elaborado la Comisión Europea para analizar y valorar los primeros logros de la Visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE que lanzó en 2021.
El informe que acaba de publicar la CE, dirigido al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, lleva fecha del 27 de marzo y es el primero que hace para evaluar la estrategia que puso en marcha hace tres años para apoyar unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas en el horizonte del año 2040, y para lo cual propuso diez objetivos y cuatro ámbitos de acción.
Este documento de valoración es el primero que elabora desde que lanzó la Visión rural y en el mismo se recogen tanto los logros clave como las vías a seguir de cara al próximo periodo tras la celebración de las elecciones europeas, que serán en junio de este año.
La comunicación que impulsó la Comisión Europea hace cuatro años ha permitido generar un diálogo con los territorios y recoger sugerencias sobre cómo podría mejorarse el apoyo a las zonas rurales en el futuro. Las propuestas que detalla, sin que representen la posición oficial de la Comisión Europea, han sido recogidas de los distintos dictámenes que se han ido emitiendo a lo largo de este tiempo por parte de diferentes instituciones; las conferencias sobre el Pacto Rural, y los pronunciamientos del Parlamento Rural Europeo.
Dentro del informe se incide en que el Pacto Rural, que era el principal objetivo de la comunicación, debe llegar al nivel local “traduciéndose en acciones importantes sobre el terreno”.
Para que esto suceda, considera que la acción a escala de la UE puede contribuir a lograr la visión para las zonas rurales en 2040, “pero no es suficiente; también es fundamental un compromiso y una participación firmes a nivel de los Estados miembros, regional y local”.
Entre las medidas que se reclaman está la mejora de la movilidad en las zonas rurales, una cuestión que en España tropieza con iniciativas como el proyecto de Ley de movilidad sostenible, actualmente en tramitación, que por un lado se compromete con los territorios del interior, pero por otro piensa aplicar medidas que van a ir en su contra como es el caso del nuevo mapa concesional de transporte público de viajeros por autobús de las líneas de ámbito estatal.
Este proyecto lo que plantea es potenciar las comunicaciones entre los grandes núcleos de población, para reducir los tiempos de viaje y el coste del servicio, en detrimento de los pequeños municipios rurales que se encuentran en el recorrido, cuyas paradas actuales elimina obligándoles a desplazarse a otros sitios para poder coger servicios de autobús que ahora paran en sus pueblos y que dejarán de hacerlo.
Sería un ejemplo de incumplimiento del Mecanismo de Garantía Rural, que establece que cualquier política o medida nueva que se aplique analice previamente la incidencia que la misma tiene sobre las zonas rurales.
De hecho, dentro del conjunto de propuestas y recomendaciones que ha recogido la CE desde que lanzó la Visión a largo plazo de las zonas rurales, se plantea la necesidad de que haya “una aplicación más amplia y eficiente” de ese mecanismo de garantía tanto a escala de la UE, nacional como regional.
Entre las aportaciones que hace el informe de la CE se indica que las estrategias de desarrollo local del Leader, que llegaron a estar en jaque durante la pasada legislatura en Aragón, “son fundamentales para empoderar a las comunidades rurales”, puesto que son “la principal herramienta de los planes estratégicos de la PAC para responder a múltiples necesidades rurales en ámbitos como el empleo, la inclusión social o los servicios”.
Dentro de las contribuciones hechas al primer análisis de esa Visión a largo plazo se incide en “mejorar la ayuda financiera para las zonas rurales mediante la creación de un fondo específico de la UE o el refuerzo de los enfoques multifondo”.
Además, se profundiza en la necesidad de que haya “ventanillas únicas” para la orientación y la financiación de las zonas rurales, “la asignación de fondos a las zonas rurales y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas”.
En esa línea reclaman dotar de una mayor proporción de recursos financieros “a los instrumentos dedicados al desarrollo local, en particular Leader y el desarrollo local participativo”, así como mejorar el acceso y la participación en las actividades del Observatorio de las zonas rurales de la UE.
Otro de los aspectos que se tocan en el documento es la necesidad de simplificar los procedimientos y requisitos administrativos para los beneficiarios “con una capacidad administrativa limitada para acceder a los fondos”, así como la creación de un programa para los Leader y el desarrollo local participativo en régimen de gestión directa.
Otras contribuciones sugieren proporcionar apoyo a las políticas y ayuda financiera para desarrollar la capacidad de las comunidades rurales, mediante el desarrollo de estrategias, proyectos y el “intercambio de buenas prácticas”; y el uso de los grupos de acción local “para desarrollar también las capacidades locales y la creación de redes” a través de ventanillas únicas, servicios de intermediación y mecanismos que permitan compartir experiencias de éxito en todo el territorio de la Unión.
Urgen también a desarrollar intervenciones específicas en las zonas rurales más allá de los sectores agrícola y forestal, “como la construcción de eficiencia energética y la renovación de viviendas, y la movilidad; proporcionar servicios e infraestructuras esenciales, que cubran aspectos como el acceso a la tierra, la educación, la salud, la infraestructura digital y la conectividad; apoyar a los jóvenes y las mujeres rurales, facilitando su acceso a la financiación, ofreciendo oportunidades diversas y flexibles de empleo, formación y educación, e implicándolos en el diseño de políticas y en los procesos de toma de decisiones locales”.
Dentro de las recomendaciones aportadas a la Visión rural por los diferentes actores e instituciones implicados, hay una cuestión que afecta especialmente a la provincia de Teruel, como es la zonificación, que no se está teniendo en cuenta en las políticas de apoyo al medio rural. Es decir, falta tener en cuenta las distintas necesidades de las diferentes zonas rurales, porque la situación y la problemática no es la misma. En el caso de España se ha visto con las ayudas al funcionamiento empresarial en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria. Si bien la Comisión Europea autorizó a España a que estas tres provincias con una densidad de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado reciban ayudas de funcionamiento a las empresas de hasta el 20% de los costes laborales, apenas se está aplicando el 1%, con lo cual la medida no es eficaz. Falta una zonificación para tener en cuenta por ejemplo la gravedad de la despoblación, que no es igual en unos sitios que en otros. En ese sentido, una aportación que recoge el documento es de qué manera se pueden abordar las intervenciones de la UE “de una manera específica que tenga en cuenta las diferentes necesidades de las distintas comunidades rurales”.
El informe que acaba de publicar la CE, dirigido al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, lleva fecha del 27 de marzo y es el primero que hace para evaluar la estrategia que puso en marcha hace tres años para apoyar unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas en el horizonte del año 2040, y para lo cual propuso diez objetivos y cuatro ámbitos de acción.
Este documento de valoración es el primero que elabora desde que lanzó la Visión rural y en el mismo se recogen tanto los logros clave como las vías a seguir de cara al próximo periodo tras la celebración de las elecciones europeas, que serán en junio de este año.
La comunicación que impulsó la Comisión Europea hace cuatro años ha permitido generar un diálogo con los territorios y recoger sugerencias sobre cómo podría mejorarse el apoyo a las zonas rurales en el futuro. Las propuestas que detalla, sin que representen la posición oficial de la Comisión Europea, han sido recogidas de los distintos dictámenes que se han ido emitiendo a lo largo de este tiempo por parte de diferentes instituciones; las conferencias sobre el Pacto Rural, y los pronunciamientos del Parlamento Rural Europeo.
Dentro del informe se incide en que el Pacto Rural, que era el principal objetivo de la comunicación, debe llegar al nivel local “traduciéndose en acciones importantes sobre el terreno”.
Para que esto suceda, considera que la acción a escala de la UE puede contribuir a lograr la visión para las zonas rurales en 2040, “pero no es suficiente; también es fundamental un compromiso y una participación firmes a nivel de los Estados miembros, regional y local”.
Entre las medidas que se reclaman está la mejora de la movilidad en las zonas rurales, una cuestión que en España tropieza con iniciativas como el proyecto de Ley de movilidad sostenible, actualmente en tramitación, que por un lado se compromete con los territorios del interior, pero por otro piensa aplicar medidas que van a ir en su contra como es el caso del nuevo mapa concesional de transporte público de viajeros por autobús de las líneas de ámbito estatal.
Este proyecto lo que plantea es potenciar las comunicaciones entre los grandes núcleos de población, para reducir los tiempos de viaje y el coste del servicio, en detrimento de los pequeños municipios rurales que se encuentran en el recorrido, cuyas paradas actuales elimina obligándoles a desplazarse a otros sitios para poder coger servicios de autobús que ahora paran en sus pueblos y que dejarán de hacerlo.
Sería un ejemplo de incumplimiento del Mecanismo de Garantía Rural, que establece que cualquier política o medida nueva que se aplique analice previamente la incidencia que la misma tiene sobre las zonas rurales.
De hecho, dentro del conjunto de propuestas y recomendaciones que ha recogido la CE desde que lanzó la Visión a largo plazo de las zonas rurales, se plantea la necesidad de que haya “una aplicación más amplia y eficiente” de ese mecanismo de garantía tanto a escala de la UE, nacional como regional.
Entre las aportaciones que hace el informe de la CE se indica que las estrategias de desarrollo local del Leader, que llegaron a estar en jaque durante la pasada legislatura en Aragón, “son fundamentales para empoderar a las comunidades rurales”, puesto que son “la principal herramienta de los planes estratégicos de la PAC para responder a múltiples necesidades rurales en ámbitos como el empleo, la inclusión social o los servicios”.
Dentro de las contribuciones hechas al primer análisis de esa Visión a largo plazo se incide en “mejorar la ayuda financiera para las zonas rurales mediante la creación de un fondo específico de la UE o el refuerzo de los enfoques multifondo”.
Además, se profundiza en la necesidad de que haya “ventanillas únicas” para la orientación y la financiación de las zonas rurales, “la asignación de fondos a las zonas rurales y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas”.
En esa línea reclaman dotar de una mayor proporción de recursos financieros “a los instrumentos dedicados al desarrollo local, en particular Leader y el desarrollo local participativo”, así como mejorar el acceso y la participación en las actividades del Observatorio de las zonas rurales de la UE.
Otro de los aspectos que se tocan en el documento es la necesidad de simplificar los procedimientos y requisitos administrativos para los beneficiarios “con una capacidad administrativa limitada para acceder a los fondos”, así como la creación de un programa para los Leader y el desarrollo local participativo en régimen de gestión directa.
Otras contribuciones sugieren proporcionar apoyo a las políticas y ayuda financiera para desarrollar la capacidad de las comunidades rurales, mediante el desarrollo de estrategias, proyectos y el “intercambio de buenas prácticas”; y el uso de los grupos de acción local “para desarrollar también las capacidades locales y la creación de redes” a través de ventanillas únicas, servicios de intermediación y mecanismos que permitan compartir experiencias de éxito en todo el territorio de la Unión.
Urgen también a desarrollar intervenciones específicas en las zonas rurales más allá de los sectores agrícola y forestal, “como la construcción de eficiencia energética y la renovación de viviendas, y la movilidad; proporcionar servicios e infraestructuras esenciales, que cubran aspectos como el acceso a la tierra, la educación, la salud, la infraestructura digital y la conectividad; apoyar a los jóvenes y las mujeres rurales, facilitando su acceso a la financiación, ofreciendo oportunidades diversas y flexibles de empleo, formación y educación, e implicándolos en el diseño de políticas y en los procesos de toma de decisiones locales”.
Zonificación
Dentro de las recomendaciones aportadas a la Visión rural por los diferentes actores e instituciones implicados, hay una cuestión que afecta especialmente a la provincia de Teruel, como es la zonificación, que no se está teniendo en cuenta en las políticas de apoyo al medio rural. Es decir, falta tener en cuenta las distintas necesidades de las diferentes zonas rurales, porque la situación y la problemática no es la misma. En el caso de España se ha visto con las ayudas al funcionamiento empresarial en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria. Si bien la Comisión Europea autorizó a España a que estas tres provincias con una densidad de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado reciban ayudas de funcionamiento a las empresas de hasta el 20% de los costes laborales, apenas se está aplicando el 1%, con lo cual la medida no es eficaz. Falta una zonificación para tener en cuenta por ejemplo la gravedad de la despoblación, que no es igual en unos sitios que en otros. En ese sentido, una aportación que recoge el documento es de qué manera se pueden abordar las intervenciones de la UE “de una manera específica que tenga en cuenta las diferentes necesidades de las distintas comunidades rurales”.
