Entrevista con Mariano Rajoy, presidente del Gobierno: “No deberíamos contemplar los pueblos como un reducto del pasado, sino favorecer que existan oportunidades de futuro”

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, presentó el pasado miércoles en Teruel el Plan 300x100 para extender la banda ancha a todo el territorio. Asegura que es una medida entre otras muchas que está estudiando su Gobierno para facilitar el asentamiento y el emprendimiento en zonas despobladas como lo es buena parte de la provincia turolense. Así lo afirma en esta entrevista, realizada a través de un amplio y argumentado cuestionario remitido a Moncloa, que aquí se ha resumido, y al que respondió por escrito tras su paso por Teruel.

- ¿Qué entiende usted por el problema de la despoblación en el medio rural?

- Conozco bien el problema, que afecta a Aragón, como también a Galicia y otras regiones de España. Lo cierto es que los desafíos demográficos tienen diferentes fachadas, que en la mayoría de los aspectos son comunes a los países europeos. Tenemos el cambio demográfico, motivado por la caída de la natalidad en las últimas décadas y el progresivo envejecimiento, que a su vez se deriva de una mayor longevidad y adquiere mayor peso por la llegada a edades avanzadas de generaciones más numerosas, nacidas en la época del llamado baby boom. Y estos factores demográficos tienen mayor incidencia en las zonas con dinámicas de despoblación, porque es un problema específico, que viene de décadas, desde la época de mayor intensidad del éxodo rural con el proceso de industrialización. Por eso creemos que merece una atención y soluciones diferenciadas, y como tal lo estamos abordando. Con compromisos y hechos concretos, que puedan contribuir a mantener y atraer habitantes a estas zonas. 

- ¿Cómo va a afrontar el Gobierno y con qué medidas la despoblación rural? ¿Piensan incluirlas en la estrategia estatal y sobre todo dotarlas de dinero en los Presupuestos Generales del Estado de 2018? ¿Cuáles se incluirán este año? 

- Ya estamos afrontando ese reto. Por primera vez se ha incluido en la agenda política del Gobierno de la nación. Y estamos trabajando en este sentido, queremos plantear nuestras propuestas en el marco de la Estrategia Nacional, con medidas específicas y diferenciadas para hacer frente a la despoblación. De hecho, estas semanas estamos anticipando ya medidas estratégicas de gran calado que forman parte de este planteamiento. Así, en el nuevo Plan de vivienda se incorporan por primera vez medidas frente a la despoblación, como las ayudas a la rehabilitación de viviendas unifamiliares en el medio rural, que se incrementan en un 25% cuando los beneficiaros sean jóvenes de municipios de menos de 5.000 habitantes, o las nuevas ayudas a la adquisición para que los jóvenes puedan establecerse en estos municipios. Y, para facilitar esta posibilidad, es fundamental contar con herramientas que faciliten la vida y el trabajo. 

Por eso, esta semana hemos dado un paso muy importante, con el Plan 300x100, para asegurar la conexión a redes de última generación del 100% de los núcleos de población de aquí a 2021. Es un Plan que lleva aparejada una inversión propia, de 525 millones de euros, y que se pone en marcha con una primera convocatoria dotada con 150 millones de euros, y lógicamente cada cuestión tiene su reflejo presupuestario. Creemos que la conectividad puede ser una importante herramienta frente a la despoblación, por cuanto contribuye a afrontar el aislamiento y superar brechas, facilitar el acceso a servicios y productos, hacer más rentables los negocios o atraer iniciativas empresariales. Las nuevas tecnologías ayudan a vivir donde prefiramos.

- ¿Cree que todavía tienen solución municipios que están por debajo incluso de los 100 habitantes, de los que la provincia de Teruel bate récords por tratarse de una realidad generalizada, o van a ser pragmáticos y centrarse en los que tienen más población? 

- Nuestra apuesta en la lucha contra los retos demográficos y la despoblación es en todo el territorio. Porque es una apuesta como país. No deberíamos contemplar los pueblos como un reducto del pasado, sino favorecer que existan oportunidades de futuro y así hay que enfocar este reto, con políticas de futuro -como las posibilidades que aportan las tecnologías- apostando por un desarrollo cohesionado, pero también poniendo en valor lo que los pueblos y el mundo rural suponen y aportan al conjunto del país.

- ¿Tienen intención de adoptar medidas para favorecer a los emprendedores en el medio rural y el asentamiento de familias? ¿Contemplan entre ellas medidas de carácter fiscal a través de desgravaciones y similares, e incluso introducir cambios legislativos en lo que haga falta, que son las cosas que pueden resultar más eficaces y que se están pidiendo desde las instituciones locales, y todo tipo de organizaciones y colectivos implicados en combatir este problema?

- Hay diferentes propuestas y planteamientos, y, desde luego, creemos que es importante trabajar en la generación de oportunidades, porque al fin y al cabo el empleo es la clave del medio de vida y, con ello, del asentamiento de población. Por eso, consideramos fundamental favorecer las iniciativas emprendedoras, que pueden contribuir al desarrollo económico, la creación de empleo y la recuperación demográfica en estas zonas. 

Nuestra apuesta por la banda ancha va a ayudar enormemente a quienes quieren emprender sin tener que irse a una gran ciudad, porque hoy la Red abre opciones de todo tipo sin necesidad de estar físicamente en donde antes hacía falta. Y, más allá de los avances que aportan las nuevas tecnologías, estamos valorando otras medidas que puedan contribuir a la puesta en marcha y desarrollo de proyectos emprendedores, también desde el punto de vista de simplificación normativa. 

- ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para evitar el cierre de la térmica de Andorra y la desaparición de la minería del carbón en la provincia de Teruel? ¿Baraja alguna alternativa para hacer frente a esta gravísima situación? 

- En el caso particular de las centrales que operan con carbón, el problema fundamental es que muchos grupos políticos han exigido el cierre de las centrales, por motivos ideológicos y sin tener en cuenta ninguna consideración ni técnica ni económica. Esto dificulta mucho su continuidad. Sin embargo, el Gobierno considera que las decisiones sobre el mix energético de España deben ser compatibles con tres objetivos básicos: la seguridad del suministro, la sostenibilidad y la competitividad. 

España está cumpliendo con sus objetivos medioambientales, y piense que quemamos mucho menos carbón que países de nuestro entorno como Alemania. Siendo esto así, la posición del Gobierno es que mientras las centrales térmicas como Andorra contribuyan a que la energía sea más asequible, deberían continuar operando y no deberían cerrarse por motivos ideológicos. Por este motivo, en breve el grupo parlamentario popular va a presentar una proposición de ley en el Congreso precisamente para que a la hora de aprobar o no el cierre de una central se valore su impacto en la competitividad y los precios de la electricidad. 

Este análisis es fundamental, precisamente en centrales como Andorra que han aportado estabilidad de precios al sistema en los últimos años. Ahora tendremos que comprobar qué posición tienen el resto de grupos políticos porque es evidente que el PP no cuenta con la mayoría suficiente para sacar adelante esta ley y en el pasado no fue posible contar con apoyos en otros partidos para tramitar esta ley. 

En cuanto a los fondos Miner, hace unos días el ministro Nadal firmó un convenio marco con el presidente de Aragón para impulsar nuevos proyectos que mejoren las infraestructuras y las zonas degradadas. Y hay que tener en cuenta que el dinero que se dedica a la minería del carbón se emplea en proyectos seleccionados por la propia CCAA y municipios afectados y esas ayudas están adjudicadas de manera muy estricta y con un seguimiento y control exhaustivo. Ahora llegarán los proyectos concretos.

- ¿Es partidario de avanzar hacia un modelo de la PAC que favorezca a las zonas agrícolas más desfavorecidas en estos momentos, que evite su desaparición futura y que impulse la incorporación de los jóvenes agricultores? El Gobierno de Aragón ha hecho una propuesta, ¿la considera adecuada y de qué manera cree que debería avanzarse en ese sentido en Europa para que la PAC sea un instrumento efectivo en la lucha contra la despoblación?

- En este asunto, primero, hay que volver de nuevo a reivindicar la tecnología como factor determinante de futuro para los jóvenes agricultores. El Ministerio de Agricultura está desarrollando una Agenda para la Digitalización del Medio Rural que creo que será muy útil para animar a los jóvenes a dedicarse a un oficio tan necesario y vital para todos como es la agricultura. A la vez, y la digitalización ayuda seguro, hay que aumentar la competitividad del sector agrario y dotar a este sector de un entorno que le permita crecer más y mejor. Añado aquí que el Ministerio de Agricultura ha tomado medidas importantes en este sentido, como la inversión en proyectos innovadores y la creación de oficinas de transformación digital para el sector agrario. 

En cuanto a la PAC, le diré que la actual, negociada por este Gobierno, garantiza al sector estabilidad hasta 2020. Hemos conseguido 47.000 millones para el campo español. La PAC supone garantizar más de la cuarta parte de las rentas de los agricultores y ganaderos aragoneses y la reforma de esta política permitirá que en el periodo 2014-2020, Aragón siga manteniendo un nivel de ayudas similar al del periodo anterior, en torno a los 3.500 millones de euros. Creo que políticas comunes como esta tienen que verse con un enfoque global para todo el sector en toda España, pero estoy seguro de que la PAC no deja de contribuir a mitigar los efectos de la despoblación. Desde luego más que si no existiera. Pero hay que trabajar en más sentidos, como he dicho. 

- ¿Aparte de la extensión a todo el territorio de la tan demanda banda ancha, y tan necesaria hoy día como infraestructura par estar comunicados, que se promete y nunca llega, qué otras previsiones de inversión tiene su Ejecutivo en materia de comunicaciones por carretera para hacer de manera inmediata y con dotación presupuestaria suficiente?

- Como ya comenté durante el acto en la antigua sede del Banco de España en Teruel, ya se han emitido las órdenes de estudio para los tramos Teruel- Villastar y Villastar- Ademuz de la N-330. La inversión para ambos tramos es de más de 105 millones de euros. Además, en los próximos meses finalizará la obra de acondicionamiento de la carretera N-232 entre Rafales y el límite de la provincia de Castellón con una inversión de 65,5 millones de euros. Son dos buenas noticias y seguimos trabajando para poder dar más noticias de este tipo cuanto antes. La inversión en infraestructuras es una elemento de cohesión fundamental para el país y para provincias hasta ahora más desconectadas de las principales vías. 

- ¿Por qué la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto no va a recibir el mismo tratamiento de doble vía electrificada que el que va a tener el resto del corredor Cantábrico-Mediterráneo desde Zaragoza hacia el País Vasco y el norte de España? ¿Piensan reconsiderar esa decisión para que el tramo que pasa por Teruel sea también de doble vía electrificada y alta capacidad en lugar de vía única electrificada como se contempla ahora?

- El corredor Cantábrico-Mediterráneo es una infraestructura a la que estamos dedicando especial atención. Por eso hemos conseguido reducir el tiempo de viaje para trenes de viajeros en el trayecto Valencia-Teruel-Zaragoza y por eso el número de trenes de mercancías ha pasado de 3 trenes a la semana a 30 trenes a la semana. Pronto se adjudicarán mejoras en la línea entre Teruel y Sagunto. Hay que seguir haciendo cosas para mejorar estas infraestructuras, pero estamos mejorándola y eso redundará en beneficio de todos los turolenses. 

- ¿Tiene intención el Gobierno, tal como le han pedido ya varias Comunidades Autónomas, de que el nuevo modelo de financiación autonómica tenga en cuenta la despoblación para garantizar la misma calidad de servicios en las zonas despobladas, en lugar de atender a criterios basados exclusivamente en el número de habitantes, o finalmente  seguirá dándose prioridad a los territorios más poblados en detrimento de los despoblados?

- De la Conferencia de Presidentes que convoqué en enero de 2017 salió la necesidad de establecer un debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica. De esa necesidad se creó un grupo de trabajo de expertos que han presentado un informe sobre las posibles soluciones y ahora le toca a Hacienda y las Comunidades Autónomas ver, sobre la opinión de esos expertos, qué modelo construir. En este punto juega un papel muy importante el PSOE, que gobierna en 7 comunidades autónomas, y del que necesitamos un papel constructivo y serio, de Estado, de manera que alcancemos un acuerdo que permita tener un modelo de financiación que satisfaga las aspiraciones de las comunidades en la medida de lo posible y que no rompa el requisito fundamental de solidaridad entre todos los españoles que nos ha funcionado de maravilla hasta ahora.  

- ¿Qué piensa hacer el Gobierno para paliar la sensación de inseguridad en el medio rural que ha quedado entre la población tras el triple crimen de Andorra? ¿Cree que se tendría que haber actuado de otra manera? ¿Se cubrirán las plantillas de agentes que han ido quedando vacantes en la provincia en los últimos años en una proporción muy superior al resto de España?

- Lo primero que quiero hacer es trasladar mi solidaridad y mi apoyo a las familias de los dos guardias civiles y del agricultor asesinados tan brutalmente. Pagaron con sus vidas la vileza de un asesino despiadado, pero también consiguieron que se detuviera a un sujeto muy peligroso y salvaron por tanto muchas vidas. La seguridad es una de las prioridades fundamentales de un Gobierno, y en ello trabajamos siempre para mejorar, para que sucesos como ese no ocurran. Pero ocurren, aquí y en Madrid y en Barcelona. De hecho, según los datos de Interior, la cifra de infracciones penales por cada mil habitantes en la provincia de Teruel es la más baja de España. La seguridad en zonas rurales ha mejorado mucho en los últimos años, y quizá una de las razones haya sido la puesta en funcionamiento por parte de este Gobierno de 106 equipos especializados en los robos en el campo. 

Ahora vamos a convocar nuevas plazas de policías y guardias civiles, y espero contar con el apoyo de los grupos de la oposición para poder formalizarlo a través de los Presupuestos. Porque claro, es muy fácil echar la culpa al Gobierno de todo pero luego mirar a otra parte cuando se proponen soluciones. Esos partidos tienen ahora la oportunidad de dar su apoyo para que convoquemos esas plazas y para que equiparemos el sueldo a nuestros agentes. 

- ¿Considera que hay que dar una nueva orientación al Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) para que en verdad sea un fondo de desarrollo de la provincia en lugar de servir para suplantar las inversiones que deberían acometer el Estado y la Comunidad Autónoma en sus presupuestos ordinarios? 

- El Fite ha sido un buen instrumento de ayuda para hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial con esta provincia, que dado el nivel de renta de la Comunidad Autónoma, se ve privada de poder acceder a los fondos de compensación territorial. Ha sido y es un instrumento útil, que desde 2012 suma una inversión del Estado de 180 millones de euros. En diciembre ya pusimos en marcha el mecanismo para que se pudiera comprometer este año el gasto con el presupuesto prorrogado. Pero esto no suplanta las inversiones, sino que las complementa. Son mecanismos distintos.

- ¿Hay intención de restituir a la provincia de Teruel el dinero del Fite que no se ha invertido y que es de los turolenses?

- Se está buscando con Hacienda la manera de llegar a un acuerdo sobre esta cuestión que sea satisfactoria para todos. 

- ¿Qué gestiones está realizando el Gobierno de España en Europa para conseguir que las zonas despobladas sean atendidas por el problema que tienen, en aras al cumplimiento del artículo 174 del Tratado de Lisboa que insta a los estados a favorecer la cohesión territorial? 

- Lo que tenemos claro es que defendemos la implicación de la Unión Europea para hacer frente a los desafíos demográficos y la despoblación, porque entendemos que son problemas en muchos casos comunes a los Estados Miembros. De cara a la definición del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea post 2020, variables como éstas deben ser tenidas en cuenta a la hora de determinar la cuantía de los fondos a repartir tanto en política de cohesión, como en política agraria común (PAC). Nuestro objetivo es lograr un buen resultado para España en esta negociación, lo que implica defender las asignaciones que España recibe tanto en PAC, como en política de cohesión y en este sentido es especialmente relevante tener en cuenta retos como el desafío demográfico.

- ¿Cree que la situación de Teruel por la despoblación no es tan grave como la existente en los territorios de las ITIs Azul, de Cádiz y del Mar Menor como para no recibir el mismo trato financiero? ¿Piensa subsanarse esto en el próximo Acuerdo de Asociación?

- Creo que la situación de Teruel es la que es, igual que la de Cádiz tiene sus particularidades y la de otras regiones de España las suyas. Lo que trata de hacer el Gobierno es equilibrar las ayudas y la financiación para que todos tengamos, independientemente de donde vivamos, los mejores servicios y la mayor calidad de vida posible. En eso entra en juego los fondos de la UE, las políticas comunes, los fondos de inversión como el Fite, los Presupuestos Generales del Estado y claro está, la financiación autonómica. Si tenemos pronto estos dos últimos, algo en lo que es fundamental la concurrencia de otros partidos políticos, podremos ver cómo crecen las inversiones o cómo mejora la financiación entre otras cosas. 

- ¿Cómo piensa afrontar la tan demandada revalorización de las pensiones, además de poder garantizarlas en el futuro? 

- La principal garantía para las pensiones es el empleo. Desde que gobernamos ya hemos hecho una cosa fundamental para garantizarlas: crear dos millones de empleos y conseguir que donde antes salían tres cotizantes por cada pensionista que entraba al sistema, ahora entren seis nuevos cotizantes por cada pensionista. Lo fundamental para las pensiones es crear más y mejor empleo. Cuando llegué al Gobierno una de las pocas cosas que tenía claro que no se podía tocar en la política de ajustes eran las pensiones. Y así lo hice, no como mis predecesores que ahora reclaman subida de pensiones pero entonces las congelaban. Desde que soy presidente del Gobierno las pensiones han subido siempre en la medida de lo posible. Este debate hay que afrontarlo con responsabilidad y sin engañar a la gente con promesas que no se pueden cumplir. Las pensiones suponen más del 40% del Presupuesto, 139 mil millones el año pasado. En España la pensión media representa un 72,3 por ciento del salario previo a la jubilación, veinte puntos por encima de la media de la OCDE. Como dije en el Congreso, en el proyecto de Presupuestos de 2018 plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y familias, así como una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad. Y seguiremos fomentando las políticas de empleo, que es lo que nos asegura un futuro claro para las pensiones. En Teruel, donde el número de parados descendió el año pasado casi un 13 por ciento, la pensión media de jubilación es casi un 20 por ciento más alta que a finales de 2011, unos 1.012 euros. 

- ¿Cómo va a ser atendida la provincia de Teruel en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2018? ¿Aumentará la inversión, y, sobre todo, se verá plasmado después en su ejecución dada la escasísima ejecución presupuestaria que tienen cada año?

- Los próximos Presupuestos Generales del Estado, que llevaremos a un Consejo de Ministros extraordinario el 27 de marzo, son fundamentales para todos. Con ellos podemos actualizar los gastos del Estado para áreas como la financiación autonómica y los servicios públicos que dependen de ella, las ofertas de empleo público, la mejora salarial para los funcionarios, la equiparación de sueldos de Policía y Guardia Civil, las pensiones que antes hablábamos, las inversiones en infraestructuras… No puedo ir al detalle porque hay que negociar y hay que trabajar mucho aún, pero créame que los turolenses se beneficiarán de unos presupuestos que aportan, además, estabilidad. 

- Los turolenses creen que no se les atiende porque tienen poco peso político, algo que se traduce en pocos escaños en las Cortes Generales, lo que se argumenta siempre en contra desde el propio Gobierno central con los datos de inversión presupuestada -que no de ejecución realizada- por el número de habitantes y no por la extensión del territorio que supone la provincia de Teruel. ¿Qué tiene que decirles a este respecto?

- Bueno, aquí mezcla varias cosas muy distintas. Primero con la representación parlamentaria que procede de la ley electoral vigente y que es el sistema que tenemos, que de hecho procura una representación más real a todos los territorios que las propuestas que hacen algunos para hacer primar a las grandes ciudades frente al mundo rural. El PP va a seguir defendiendo un modelo electoral que dé visibilidad a todos los pueblos de España y a la gente del medio rural, que es un colectivo al que debemos mucho y al que tenemos que poner en valor. Los dos diputados que tiene mi partido por la provincia son dos estupendos valores para Teruel, a juzgar por su conocimiento profundo de la realidad turolense y por la actividad que desarrollan en el Congreso. Los turolenses saben que este Gobierno y el partido que lo sustenta se preocupan por ellos y lo seguirá haciendo siempre.