Europa incide en que el Pacto Rural no puede lograrse sin la implicación de los territorios

La Unión Europea acaba de lanzar un documento para materializar con hechos los acuerdos alcanzados sobre la visión a largo plazo para las zonas rurales aprobado a finales del año pasado durante la Presidencia española del Consejo de la UE, y en el que insta a la implicación de las comunidades rurales para conseguir sus objetivos en el ámbito del Pacto Rural que se pretende aplicar en todos los estados miembros. A través de esta iniciativa, las autoridades comunitarias pretenden la movilización activa de todos los actores implicados en su desarrollo.

La iniciativa parte de las políticas que durante esta legislatura se han impulsado desde la Unión Europea para el desarrollo de iniciativas que fomenten la dinamización de las zonas rurales frente al reto demográfico al que se enfrentan numerosas regiones europeas, entre ellas España, donde se encuentran tres de los territorios más afectados por la despoblación con densidades que están por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y que son las provincias de Teruel, Cuenca y Soria.

Fue en 2021 cuando la Comisión Europea lanzó una comunicación sobre la visión a largo plazo para las áreas rurales de la UE, con un plan de acción rural articulado en torno a nueve iniciativas y veintiuna acciones concretas. Con ello, el Ejecutivo europeo buscaba reflejar su compromiso con unas áreas rurales más fuertes, resilientes, conectadas y prósperas con el horizonte puesto en el año 2040.

Una de esas acciones proponía un Pacto Rural, concebido el mismo como un mecanismo que involucrase y fomentase la acción de todas las instituciones, entidades y actores implicados en contribuir a alcanzar esa visión a largo plazo. Fue en junio del año pasado cuando la CE estableció el grupo de coordinación de ese Pacto Rural y creó una oficina específica.

El objetivo del Pacto Rural es escuchar al territorio para “amplificar la voz de las áreas rurales e incorporarla a las agendas políticas”, así como colaborar y aprender de manera mutua mediante otras experiencias de éxito, y lo más importante, adquirir verdaderos compromisos para actuar.

Es en ese contexto en el que la Comisión Europea ha lanzado ahora el documento Making the Rural Pact happen in member states (Hacer realidad el Pacto Rural en los Estados miembros), en el que se describen los elementos fundamentales para “fomentar una acción concertada para alcanzar los objetivos de la visión a largo plazo de las zonas rurales de la UE en el contexto específico de cada Estado miembro o región”. A la vez, pone algunos ejemplos de cómo se están poniendo en práctica estos elementos.

El documento está destinado tanto a las autoridades públicas de todos los ámbitos de la administración como a las organizaciones de la sociedad civil, en particular las que participan en la elaboración de acciones en su defensa, así como a investigadores, organizaciones empresariales y otros colectivos implicados.

Participación activa

El eje estructurante para alcanzar los objetivos de ese pacto es que a las comunidades rurales se les involucre de forma activa. Es decir, que las políticas vayan de abajo hacia arriba, como viene demandándose desde hace tiempo desde la sociedad civil.

En este sentido, el documento de la UE señala que “el cambio rural no puede lograrse sin la fuerte participación de las comunidades rurales”. Advierte por ello que las políticas diseñadas e implementadas de manera participativa son las que “tienen mucho más éxito que los enfoques jerárquicos”.

Argumenta que esto es especialmente importante  en las áreas rurales, donde esta participación debe ser continua y activa en lugar de responder a consultas ocasionales. Esas consultas sostiene que deben hacerse de forma “regular, sistemática y garantizar la participación representativa de los interesados más afectados”, además de involucrar a estos interesados “a lo largo de todo el proceso”.

La conceptualización y el diseño de las políticas, incluida la redacción de la legislación, debería sustentarse en la opinión del territorio, además de establecer mecanismos de evaluación que valoren la efectividad que están teniendo esas políticas. Insta por ello a fomentar discusiones abiertas a través de debates y talleres, así como a la creación de comités y grupos de trabajo que involucren a distintos actores del territorio.

Incide el documento en que no solo es suficiente con implementar leyes y políticas concretas, sino que las mismas deben ir acompañadas de recursos económicos reales que permitan el desarrollo de las mismas. En España, por ejemplo, para los territorios más despoblados como son Teruel, Cuenca y Soria, la Comisión Europea autorizó ayudas de funcionamiento con bonificaciones de hasta el 20% de los costes laborales, pero en cambio se está aplicando en las cuantías mínimas, y sin tener en cuenta a los autónomos, que son el tejido económico que sustenta a estos territorios más despoblados que carecen de grandes industrias.

Sobre esta cuestión la CE es clara al argumentar que aparte de una buena coordinación entre diferentes entidades, “el apoyo efectivo a las áreas rurales requiere vincular diferentes fuentes de financiamiento, tanto europeas como nacionales, regionales y locales, para garantizar que los diversos instrumentos combinados sean suficientes para abordar las necesidades rurales y estén adaptados a la realidad de los beneficiarios”.

Otra solución que se apunta es un punto de atención único para desarrollar esas políticas, como pueden serlo los grupos de acción local Leader.

Necesidad de un mecanismo para maximizar los impactos positivos y limitar los de índole negativa

Sin una evaluación efectiva es complicado aplicar políticas que tengan unos efectos adecuados en el territorio. Es uno de los ingredientes del Pacto Rural sobre el que incide el documento elaborado por la Unión Europea, que pone ejemplos de buenas prácticas. En el caso de España se refiere a la Ley especial sobre medidas económicas, sociales y fiscales para combatir la despoblación y desarrollar las áreas rurales que aprobó Castilla-La Mancha en 2021 y que fue pionera en el Estado español. En Aragón, una ley similar, la de Dinamización del medio rural, se aprobó el año pasado en las Cortes de Aragón antes de que finalizase la legislatura, aunque está pendiente de su implementación con el cambio de gobierno.

El documento de la UE señala que es necesario disponer de un mecanismo que evalúe los impactos positivos y que limite los negativos. “La evaluación de la idoneidad rural es un mecanismo que identifica y evalúa los impactos de nuevas regulaciones, planes o programas en áreas rurales”, señala la publicación, que incide en que ese mecanismo de evaluación debe implicar a todas las administraciones. Pone como ejemplo una fórmula que aplica el Reino Unido, en el que cada departamento gubernamental tiene un responsable designado para evaluar la idoneidad rural en cada una de sus áreas políticas. En definitiva es el mecanismo rural de garantía, recogido ya en la legislación española, pero pendiente de aplicación.