Jueces y fiscales alertan de la amenaza a la independencia del poder judicial

Jueces y fiscales de Teruel se concentraron a mediodía de este miércoles a las puertas del Palacio de Justicia en la capital turolense, al igual que se hizo en otras sedes judiciales del conjunto del país. Magistrados y representantes del ministerio público alertaron de la amenaza a la independencia judicial que suponen las recientes iniciativas legislativas que se están impulsando, entre ellas la ley que modifica el acceso a las carreras judiciales y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del ministerio fiscal.

En la movilización, consistente en concentraciones con un paro simbólico que fueron conjuntas en todo el país y a las que se sumaron también ciudadanos en las inmediaciones de la sedes judiciales, se mostró el rechazo a ambos proyectos legislativos y se pidió su retirada.

En Teruel el respaldo fue altamente mayoritario y los magistrados y fiscales concentrados explicaron que los ausentes no pudieron acudir por cuestiones personales o la asistencia a cursos. Hicieron un paro simbólico de diez minutos al mediodía mientras se concentraban a las puertas del Palacio de Justicia y repartían a la prensa un manifiesto conjunto de las cuatro asociaciones de jueces y fiscales convocantes: Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, y Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

En el manifiesto denunciaron que el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal se tramita de urgencia sin que nada justifique hacerlo así, puesto que no responde a demanda social alguna. Además, “ha recibido un informe técnico muy crítico por parte del Consejo General del Poder Judicial”. La reforma supondrá “rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso” a estas carreras, se eliminará contenido esencial y se introducirán pruebas “más subjetivas y susceptibles de filtración”.

Rechazan la creación de un centro de preparación de opositores dependiente del Gobierno que entraña el “riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales”, así como facilitar el acceso a los sustitutos sin pruebas que midan su aptitud.

Sobre la reforma del estatuto orgánico de los fiscales, en el manifiesto advirtieron de que se quieren aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, que seguirá nombrándose por el Gobierno “sin ningún tipo de filtro previo”, lo que unido a la “eliminación de garantías de autonomía de los fiscales”, incrementará “el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción”.

Señalaron que todas estas reformas se producen en “un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan”, que tratan al ministerio público como “un apéndice del Gobierno” y que “minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia”, con lo cual se facilitan los “abusos de poder”.

Las organizaciones convocantes del paro y las concentraciones apuntaron que garantizar la independencia judicial y fiscal “son imprescindibles para preservar la buena salud democrática” del país. Recordaron que estas reformas se enmarcan en otras que van encaminadas a debilitar el poder judicial “en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales”

Por último argumentaron que un poder judicial “fuerte e independiente” es una “garantía de todos”, así como una Fiscalía “imparcial y autónoma”. No descartaron intensificar las medidas de protesta si no se retiran ambos proyectos, incluida la huelga.