La acusación particular pide 5 y 2 años de prisión para dos guardias civiles por la muerte de un joven en Andorra

El juicio por la muerte del joven de 30 años Joel García en Andorra cuando la Guardia Civil intentaba reducirle porque sufría un brote psicótico quedó visto para sentencia. En sus conclusiones finales, la acusación particular reiteró su petición de cinco años de prisión por homicidio por imprudencia para el agente que disparó y 2 años de cárcel por un delito de lesiones para su compañero al darle una patada. El abogado de la familia, Carlos Guía, calificó de “absolutamente desproporcionada” la actuación policial. Mientras, tanto la Fiscalía como la defensa pidieron la absolución alegando legítima defensa.

En la última sesión del juicio celebrada en la Audiencia Provincial de Teruel, testificó la médico de la UME de Alcañiz que acudió al aviso en el domicilio de Andorra donde ocurrieron los hechos el 11 de enero de 2021 cuando la víctima, Joel García, de 30 años, sufrió un brote esquizofrénico psicótico agudo, su madre avisó al 061 porque estaba atemorizada ya que les había amenazado con un cuchillo. Los equipos sanitarios acudieron junto a dos patrullas de la Guardia Civil. Tras los intentos de tranquilizarle que fueron infructuosos, los agentes trataron de reducirle para que pudiera ser sedado y trasladado y durante la actuación uno de los agentes disparó y el otro intentó desarmarle de una patada.

Tras la declaración de la sanitaria, el Ministerio Fiscal, la acusación particular y el abogado del Estado presentaron sus conclusiones finales en las que ratificaron las peticiones iniciales.

El abogado de la familia de Joel García argumentó que la intervención de la Guardia Civil no fue “ni congruente, ni adecuada, ni proporcionada”.

“La actuación fue absolutamente desproporcionada desde el punto de vista de que eran cuatro agentes con sus defensas, escudo protector y con una pistola y con sus chalecos y la solución que se les ocurre es pegarle tres tiros a un enfermo en un brote psicótico agudo”, argumentó Guía.

En este sentido, el abogado de la acusación puso ejemplos de  otras intervenciones como que dos guardias civiles detuvieron en Cantavieja a Norbert Feher, que era paramilitar e iba fuertemente armado sin disparar o en el caso del conocido como Rambo de Requena cuando otros agentes le dispararon a la pierna. El letrado también incidió en cuestiones como que los agentes cambiaron su primera versión sobre las armas que llevaba la víctima o que se rompió la cadena de custodia de las pruebas en el caso del cuchillo y el destornillador con el que amenazaba Joel García.

Por ello, corroboró la petición de penas de prisión de su escrito de acusación de 5 años para el autor de los disparos y 2 para el compañero que le dio una patada “como han reconocido los cuatro agentes”.

Asimismo, la acusación particular pidió a los agentes, a la Dirección General de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior una compensación económica de medio millón de euros por lucro cesante, daño emergente y daño moral. El abogado indicó que esta cuantía se solicita “atendiendo a las últimas sentencias de la Audiencia Provincial” como en el caso de Norbert Feher donde afirmó que “las compensaciones fueron muy cuantiosas”.

Además, en sus conclusiones finales, la acusación particular ya concretó la indemnización solicitada para Cristian García, el hermano de Joel, que resultó herido de bala en la rodilla durante el suceso, la cantidad que plantea es de 53.665 euros.

Por su parte, el Fiscal pidió una sentencia absolutoria porque consideró que la actuación fue en legítima defensa y puso encima de la mesa algunas contradicciones planteadas durante el juicio. Incidió en que Joel García manifestaba no quería volver a ser ingresado y cuando se planteaba el traslado al hospital se ponía más violento.

El Ministerio Fiscal señaló que el padre y el hermano entraron por detrás sin que les hubieran autorizado y aunque argumentaron que lo hacían para calmarlo llevaban el palo de una azada y de una escoba y fue en ese momento cuando la víctima se abalanzó contra los agentes con el fatal desenlace.

También el abogado del Estado, la defensa de los guardias, subrayó que fue “un día fatídico” y que ocurrió “una desgracia”, pero insistió en que se trató de una actuación en legítima defensa ya que se dieron los requisitos que recoge el articulo 20.4 del Código Penal: una agresión ilegítima (por tratarse de un ataque real, directo e inminente), falta de provocación suficiente, es decir, que los agentes no provocaron la situación. “Acudieron porque fueron requeridos”, indicó y defendió también la proporcionalidad del medio empleado.

El abogado del Estado citó muchísima jurisprudencia del Tribunal Supremo ya que reconoció que se ha generado mucho debate con el uso del arma reglamentaria por un agente de policía y menció numerosas sentencias en las que se fallaba a favor de los agentes. En cuanto al guardia civil para el que la acusación particular pide dos años de prisión por lesiones, la defensa argumentó que éste utilizó su pierna para desarmar a la víctima pero recordó que la forense indicó en su declaración que la herida que tenía en la cabeza la vítima no era compatible con una patada, si no que fue al caer al suelo. “Lo que se le imputa no es una acción es una consecuencia de una acción que son unas lesiones y estas no se corresponden con una patada”, comentó.

La médico de la UME resalta la gran agresividad del joven

La médica de la ambulancia UME de Alcañiz que en enero de 2021 atendió el aviso en un domicilio de Andorra donde un joven sufría un brote psicótico que terminó con su muerte por disparos de la Guardia Civil, testificó en el juicio por estos hechos y aseguró que, aunque atiende muchos pacientes psiquiátricos, nunca había tenido un caso como éste por su resultado final y por la enorme agresividad que presentaba esta persona.

La doctora relató su actuación en este caso. A su llegada Joel García estaba en el piso de arriba de la casa y se asomaba agitando los brazos y le tiró una lata de refresco que no le dio porque le apartó un compañero. Cuando bajó a piso inferior, trató de tranquilizarle verbalmente, siempre con la rejilla o mosquitera entre ellos.

“Estaba con un brote psicótico y desconectado de la realidad”, detalló la sanitaria que indicó que en los cinco primeros minutos ya se dio cuenta de que no lograría convencerle, pero que siguió la intervención durante unos 40 minutos para intentar conseguirlo.

“Había momentos en los que se tranquilizaba hasta que yo mencionaba que tenía se ser trasladado al hospital porque necesitaba ayuda”, explicó y añadió que entonces les amenazaba y les insultaba. Indicó que su actitud era “enormemente agresiva”, que tenía claro que no quería volver a un centro psiquiátrico y les amenazaba de muerte. “Verbalizó que no le importaba, que se nos llevaba por delante”, dijo la testigo.

Tras este tiempo sin avanzar nada, tomó la decisión de que era necesaria una contención farmacológica para lo que solicitó el apoyo de los agentes. “No iba a poner en riesgo mi vida o la de mi equipo y como fuerza de orden público solicité que interviniera para reducirlo”, recordó la médica.

En ese momento, los sanitarios se retiraron de la escena unos metros a un pequeño jardín para evitar ponerse en peligro y desde allí escucharon gritos, forcejeos, ruidos y los disparos. Al ser requeridos entraron y la doctora vio al joven herido bocabajo en el suelo con signos de shock y procedieron a realizar las maniobras de reanimación pero ya no reaccionó.