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La Audiencia Provincial de Teruel condena a más de 68 años de prisión al clan de los dominicanos La Audiencia Provincial de Teruel condena a más de 68 años de prisión al clan de los dominicanos
Los detenidos en la operación Chacal, siete hombres y cuatro mujeres, en una de las sesiones del juicio celebrado en la Audiencia Provincial en diciembre pasado

La Audiencia Provincial de Teruel condena a más de 68 años de prisión al clan de los dominicanos

Sentencia tras una de las operaciones más importantes en la lucha policial contra el tráfico de cocaína en Aragón
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La Audiencia Provincial ha condenado a un total de 68 años y seis meses de prisión y a multas que ascienden a 3.203.000 euros, a los once acusados del clan de los dominicanos, que operaban en Zaragoza, Teruel y Cataluña, y a los que se intervino distintas cantidades de droga, la más voluminosa once kilos de cocaína que la Policía Nacional encontró en Zaragoza escondidos en la caleta (compartimento camuflado) de una furgoneta que los cabecillas del grupo habían utilizado para adquirir la sustancia estupefaciente en Madrid. La sentencia, hecha pública, considera que la mayoría de ellos formaba parte de un grupo criminal, no así los tres encausados que operaban desde Teruel, a los que se condena exclusivamente por delitos contra la salud pública por tráfico de drogas.

El fallo de la Audiencia condena a los once implicados que fueron detenidos en la operación Chacal desarrollada en octubre de 2021 imponiéndoles las penas que había solicitado el ministerio fiscal en el juicio, que tras la celebración de la vista oral modificó sus conclusiones y llegó a acuerdos de conformidad con tres de los implicados al reconocer los hechos y mostrar arrepentimiento.

Las penas impuestas oscilan entre once años de prisión para cada uno de los dos cabecillas que fueron juzgados, ya que un tercero se encuentra fugado, y el año y medio en el caso de dos de los implicados que residían y operaban en Teruel.

El tribunal considera probado que los once se dedicaban al tráfico de drogas, con distinto grado de implicación, y de hecho las condenas por delitos contra la salud pública diferencian la gravedad de los mismos en función del grado de implicación de cada uno en los hechos delictivos.

Unos hechos que la Audiencia estima que son de “notoria importancia” por el hecho de haber sido incautados “casi 11 kilos de cocaína con considerable pureza”, tras el viaje que los máximos responsables del grupo realizaron a Madrid para proveerse de la droga, superando ampliamente el límite de los 750 gramos fijados por el Tribunal Supremo para la apreciación de la agravación del delito, y que habrían alcanzado un precio de 374.508 euros.

También considera que en ocho de los once condenados se da la circunstancia de que pertenecían a un grupo criminal, al concurrir la intervención de más de dos personas, por lo que los magistrados concluyen que “entre ellos se daba una concertación de actividades”.

No se da ese caso con los tres acusados que residían y operaban en Teruel, a los que solo se ha condenado por delitos contra la salud pública. En dos de ellos, Margarita E.Z.T. y José L.R.A., el fallo entiende que a tenor de las pruebas practicadas, “su participación en la venta de cocaína era accesoria, puntual”, y siempre por cuenta de Jonathan A.R.V., el tercer implicado que operaba desde Teruel. A los dos primeros, que reconocieron los hechos y que están en libertad, se les condena a un año y medio de prisión, mientras que al tercero, que está en prisión provisional desde que fue detenido, se le ha impuesto una pena de 5 años, también exclusivamente por tráfico de drogas. Entiende la sentencia que este último no pertenecía tampoco al grupo criminal, pero que se proveía del mismo para conseguir la cocaína, bien desplazándose a Zaragoza y Calamocha o en Teruel.

Los considerados como cabecillas del grupo, Carlos Andrés M.P. y Carlos Alfredo G.R., han sido condenados cada uno de ellos a las penas que solicitaba la Fiscalía, de 9 años de prisión por delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) y 2 años por pertenencia a grupo criminal. El primero de ellos tenía vínculos con Teruel al haber residido en la capital turolense y vivir en ella su familia.

Ambos, junto con un tercero, Williams G.P.D., que operaba desde Cataluña y que está en paradero desconocido, “eran los encargados de organizar las actividades del grupo”, del que formaban parte también el resto de los implicados, y a la mayoría de los cuales se les condena a 7 años, 5 de ellos por tráfico de drogas y 2 por pertenencia a organización criminal. Así sucede con Emmanuel M.A., Egmont R.O.C., Diana C.F.D., Jennifer A.L.M. y Pedro J.S.L. La excepción se produce con Alexandra T.J., que reconoció los hechos y alcanzó una conformidad, a la que se le imponen tres años por el delito de drogas y seis meses por grupo criminal.

Una de las operaciones más importantes en la lucha policial contra el tráfico de cocaína en Aragón

El juicio celebrado en la Audiencia Provincial por la operación Chacal de la Policía Nacional, con intervenciones en Zaragoza, Teruel y Cataluña, y cuya instrucción llevó a cabo el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital turolense, ha llevado a prisión a la mayoría de los implicados en una de las operaciones más importantes de la lucha contra el tráfico de cocaína en la Comunidad Autónoma de Aragón. No ha podido ser encarcelado en cambio uno de los tres cabecillas, Williams G.P.D., a quien se detuvo con la furgoneta en la que viajaban los once kilos de cocaína a finales de octubre de 2021, al igual que a otra persona que le acompañaba. En un principio no se encontró la droga en la furgoneta, y el Juzgado de Guardia de Zaragoza los puso en libertad provisional. Días después, en una inspección meticulosa de la furgoneta con expertos del Cuerpo Nacional de Policía se encontró la caleta (escondite) en la que iba la cocaína dispuesta en once planchas. No pudo detenérseles ya y esas dos personas están en paradero desconocido en busca y captura desde entonces.

El grupo operaba con una gran organización, disponía de pisos para preparar y ocultar la droga, intercambiaba vehículos para desplazarse con ella y utilizaba caletas, escondites sofisticados en las estructuras de los coches que hacía prácticamente imposible encontrar las sustancias. Varios meses de seguimiento y escuchas fueron necesarios antes de poder deternerlos.