La Audiencia quiere celebrar el juicio del triple crimen de Andorra en primavera

La Audiencia Provincial quiere señalar para la próxima primavera el juicio por el triple crimen de Andorra cometido hace tres años por Norbert Feher, alias Igor El Ruso. Así lo manifestó su presidente, Fermín Hernández, que es a su vez el magistrado-ponente del juicio con Tribunal del Jurado que deberá celebrarse, tras la vistilla que tuvo lugar el martes para resolver las cuestiones previas, entre ellas la nulidad planteada por la defensa de la principal prueba de cargo, la reconstrucción de cómo ocurrieron los hechos.

Todas las acusaciones personadas coincidieron en señalar que tenía poco recorrido la nulidad planteada por el abogado Juan Manuel Martín Calvente, que defiende a Igor El Ruso, puesto que lo ha recurrido fuera de plazos y no se sostienen los planteamientos que hace puesto que, como afirmó el ministerio fiscal, no hubo una ruptura en la cadena de custodia de las pruebas. La fiscal añadió que, en todo caso, deberá ser en el juicio oral donde se resuelva no la nulidad de esas pruebas sino su fiabilidad.

No obstante, la Audiencia deberá resolver ahora la nulidad que ha planteado la defensa en relación a la reconstrucción infográfica de cómo se produjo el tiroteo, que Martín Calvente considera que está “contaminada”, lo que podría afectar al derecho de defensa de su representado y a la tutela judicial efectiva, dijo.

El letrado ya anunció que si la Audiencia no admite la nulidad, lo recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). No podrá señalarse el juicio hasta que lo resuelva.

Otro aspecto no menos importante para que pueda celebrarse pronto el juicio, y que fue planteado por la Fiscalía en las cuestiones previas, es que el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcañiz que instruyó el caso tiene un trámite pendiente, puesto que remitió toda la causa a la Audiencia y en los juicios con jurado popular no tiene que hacerse así, sino enviar solo los testimonios interesados por las partes para su utilización en el juicio oral.

Tanto el ministerio público como los abogados de las partes pidieron que se les entreguen esos testimonios y que no haya una demora por la devolución de la causa completa. En las cuestiones previas abordadas en la vistilla del martes, una de las acusaciones representada por el abogado Mariano Tafalla también pidió que se valore en el juicio la pertenencia de Norbert Feher a organización criminal y que se incorpore la causa italiana, donde Igor El Ruso fue condenado a cadena perpetua, incluyéndose la declaración de un fiscal italiano como testigo.

Esta cuestión ya fue planteada durante la instrucción y la fiscal recordó que no había indicios suficientes de que los hechos ocurridos en Andorra hubieran tenido lugar en colaboración con una banda criminal, por lo que finalmente no lo tuvo en cuenta la jueza instructora. La fiscal pidió por otra parte la actualización de los antecedentes penales del acusado, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo ratificando fallos anteriores de la Audiencia y el TSJA por la doble tentativa de homicidio de Albalate.

Tras la vistilla, el presidente de la Audiencia, Fermín Hernández, aseguró a la prensa que confiaba en que el juicio pudiese celebrarse para la próxima primavera, una vez se resuelvan primero las cuestiones previas planteadas, que quedaron vistas para resolución.

Juicio sin público

Sobre cómo se celebrará la vista, dada la actual situación de la pandemia, el magistrado indicó que es pronto para saber cuál será la situación sanitaria en la primavera, pero que desde la Audiencia se adaptarán a lo que haya.

Ya solo entre el magistrado-ponente, los abogados y el fiscal más los nueve miembros del jurado popular elegidos por sorteo suman 18 personas, además del acusado, el intérprete y los policías que lo custodien, ya que es un preso peligroso, para lo cual se volverá a montar de nuevo la cabina de seguridad que se instaló con el juicio de Albalate. A ellos habría que sumar los testigos y peritos cuando fuesen llamados a comparecer, por lo que no se descarta que la vista se haga sin público. La opción sería, como ya se ha hecho en otros sitios, que los familiares y la prensa pudieran seguirla de forma telemática en streaming.

Lo que se celebró fue una vistilla de cuestiones previas, algo que recoge la ley del jurado, y en la que las partes pueden, entre otras cosas, alegar la vulneración de algún derecho fundamental, que es lo que planteó el abogado de Feher al pedir la nulidad de la prueba de cargo al no haber acudido la comisión judicial inmediatamente al lugar de los hechos, por lo que “la escena del crimen pudo ser manipulada”. Aseguró que eso es determinante para saber cómo se produjo el tiroteo y afectaría “al derecho de defensa que nosotros tenemos”.

El abogado de la AEGC, Jorge Piedrafita, que representa a la viuda e hija del guardia civil asesinado Víctor Romero, manifestó que la prueba de cargo que está intentando anular la defensa con todas las estratagemas legales posibles es clara y demuestra que el acusado asesinó a las víctimas mediante “emboscada”, que es lo que permitirá pedir la prisión permanente revisable.  

Piedrafita argumentó que lo planteado por la defensa es una “nulidad en abstracto con su apreciación subjetiva sin decir qué, cómo y dónde se ha vulnerado algo, tanto en el escenario del crimen como en la cadena de custodia”. 

Mariano Tafalla, abogado de varios familiares de los guardias civiles asesinados, opinó que la petición de nulidad planteada por la defensa le parecía “una tontería jurídicamente”, porque la admisión de prueba no es objeto de recurso. “No se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva ni el derecho de defensa” porque se cogió a los agentes para llevarlos al hospital y eso no es vulnerar el escenario del crimen, argumentó.

Enrique Trebolle, abogado de la familia de José Luis Iranzo, dijo que no existía el quebrantamiento de derechos fundamentales alegado por la defensa, ni en el fondo ni en la forma porque no hubo manipulación en la cadena de custodia, ya que esa noche estaba huido el asesino y fue tras su detención cuando se intervino en el escenario del crimen, “rápidamente y en el menor tiempo posible”, sin que existiese “ningún tipo de contaminación”. Consideró que la nulidad planteada era una “pura estratagema” de la defensa “que no tiene ningún tipo de sentido” ni cobertura legal.

Jesús Ángel Jordán, letrado de la AUGC, personada como acusación popular, aseguró también que la nulidad solicitada era “totalmente abstracta y con poca concreción”.